Tras la feria judicial,
se reinició el juicio oral por supuestos delitos en la obra pública nacional en Santa Cruz con la declaración de un ingeniero de carrera de Vialidad Nacional se suma a los múltiples testimonios que demuestran que la causa armada por una denuncia del macrismo a través del Estado no tiene sustento y es parte del proceso de persecución -o lawfare- contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La reanudación del juicio se produjo esta mañana y se desarrolló sólo un testimonio, el del ingeniero
Leonardo Durante, quien entre 2000 y 2005 integró la Unidad de Auditoría del organismo nacional y en ese puesto fiscalizó las redeterminaciones de precio de la obra pública. Las declaraciones de
Jésica Caballero y Omar Riveros, que estaban previstos para esta jornada, fueron suspendidos.
El expediente tiene como base los
51 contratos de obra pública vial que le fueron adjudicados al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas, con foco en los dos mandatos de la ex presidente CFK. La acusación sostiene que se dieron diversas irregularidades en esas obras, pero siempre alrededor de dos cuestiones:
el incumplimiento en la finalización de las obras o demoras injustificadas; y supuestos sobreprecios.
Si bien ambos presuntos delitos fueron desmentidos por varios de los testigos que prestaron declaración en el juicio,
en este caso el agente de carrera de la DNV que se desempeña en el área de auditoría volteó con su testimonio uno de los argumentos centrales del macrismo, aquel que presupone un beneficio económicos para los políticos, ya que desmintió que haya habido sobreprecios y que las redeterminaciones de valores de las obras en cuestión fueran un mecanismo para esconder el pago de los mecionados supuestos valores excesivos
"Yo nunca determiné un sobreprecio, que es ponerle un precio superior al que realmente vale. Redeterminar no es hacer un sobreprecio sino es producto del devenir de la inflación", explicó el testigo Durante, empleado de carrera de Vialidad Nacional, el organismo que usó el macrismo, bajo las órdenes de
Javier Iguacel, para la ofensiva.
Ante los jueces del
Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 2 Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, al testigo se le preguntó sobre una auditoría de obras públicas nacionales en convenio con provincias realizada en 2013, de la cual participó, y sobre los procedimientos que se llevan adelante para redeterminar precios.
"Si hubiera visto alguna irregularidad la hubiera informado", respondió Durante en el debate oral que se reanudó hoy con su presencia y la de los tres jueces en una sala de audiencias de los Tribunales Federales de Retiro, mientras que el resto de la partes participaron por vía remota en el marco de las restricciones por la pandemia de coronavirus.
El testigo, que fue propuesto por la defensa de
Lázaro Báez, negó haber recibido órdenes o indicaciones por parte de sus superiores en el organismo referidas al empresario o sus firmas, entre ellas "Austral Construcciones".
Durante su actuación en la Unidad de Auditoría de Vialidad, Durante estuvo encargado de fiscalizar las redeterminaciones de precios en la obra pública y, hoy, al referirse a ellas, subrayó que "siempre se hicieron en base a índices oficiales del INDEC".
Durante la audiencia, las defensas objetaron preguntas del fiscal
Diego Luciani por considerarlas "violatorias del derecho a defensa" y "conjeturales".
Sobre la auditoría en relación a las obras públicas de 2013, que se realizó en varias provincias, entre ellas Santa Cruz, el testigo dijo que, en ese año, él no estuvo allí sino en Chubut pero señaló que, en general, la fiscalización -de las redeterminaciones de precios producto de la inflación- arrojó resultados considerados "dentro de márgenes razonables" para ese tipo de obras.
El juicio continuará el próximo lunes 22 de febrero a las 9:30 con nuevos testigos.
IRREGULARIDADES Y TESTIGOS QUE DESMIENTEN AL MACRISMO
La causa que los medios hegemónicos apodaron "ruta del dinero K" comenzó durante el gobierno de Macri por una denuncia de Javier Iguacel, designado entonces al frente de Vialidad, en base a una auditoría de la Dirección Nacional de ese organismo que ordenó el mismo funcionario como primera decisión de gestión, al día siguiente de asumir en enero de 2016.
La auditoría en cuestión fue solamente pedida para la provincia Santa Cruz, llamativamente. La instrucción del expediente estuvo a cargo del juez Julián Ercolini y del fiscal Gerardo Pollicita. Ahora, en el juicio interviene el Tribunal Oral en lo Federal Nº 2 y el fiscal Luciani.
Hasta ahora, a lo largo del debate en el juicio oral, que comenzó en mayo de 2019 a tres meses de las PASO presidenciales, declararon 41 testigos. Falta que se presenten aún otros 98, entre los que figuran nada más y nada menos que el actual presidente de la Nación, Alberto Fernández; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich; y Juan Manuel Abal Medina, todos ex jefes de gabinete de CFK y responsables de la ejecución de los presupuestos Obviamente también deberá prestar testimonio Iguacel.
Entre los muchos testigos que participaron del juicio para -según se esperaba- validar la acusación del macrismo sobre Cristina pero hicieron exactamente lo contrario, se destaca la declaración de Justo Pastor Romero, uno de los dos ingenieros que firmaron el informe de auditoría que pidió y usó Iguacel para hacer la denuncia
“De nuestro informe no se desprende que haya rutas paradas y no construidas. Tampoco que haya defectos constructivos de importancia. Y tampoco se desprende que haya desvíos en certificaciones. Mucho menos el informe habla de sobreprecios”, declaró Romero en diciembre.
También dijo que jamás pasó por su cabeza que el trabajo que hizo iba a ser usado para una acusación penal. En su declaración de casi 7 horas hubo hasta pedidos de extracción de testimonio para que se investigue a Iguacel por la probable comisión de delitos. En un sentido similar también se expresó en el juicio el contador Marcelo Bianchi, titular de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de la Dirección Nacional de Vialidad, quien firmó el estudio que luego utilizó Iguacel para su denuncia.
Entre las irregularidades que mencionan desde las defensas se encuentra un polémico pase de manos: después de la denuncia de Iguacel se abrió una causa que tuvo por fiscal a Eduardo Taiano, que ordenó y tuvo en cuenta una auditoría general de toda la obra pública y no encontró delito alguno para imputar a Cristina.
El lawfare salió a la cancha: Iguacel se volvió a presentar ante el juez Ercolini y argumentó que su denuncia era conexa a una causa previa, que había impulsado Elisa Carrió y que tramitaba en el mismo juzgado. El magistrado echó mano a esa situación, como si le conviniera a alguien a quien él responde, y le sacó el expediente a Taiano. Se lo pasó a Pollicita.
Los abogados de la ex presidenta remarcan que “la primera medida que pide Pollicita es la indagatoria de Cristina cuando no estaba imputada en la causa y circunscribe la investigación para que solamente se investiguen los contratos viales vinculados únicamente a Báez, no a todos”.
Otro elemento que evidencia el direccionamiento del proceso es que Ercolini ya había recibido cinco años antes una denuncia similar a la de Iguacel, que había sido realizada por el equipo de Carrió y que apuntaba a la carterización de la obra pública de Santa Cruz.
Ercolini entonces se declaró incompetente. Esa decisión fue apelada y el fiscal de Cámara de aquel entonces consideró que debía investigarse en Santa Cruz, que es adonde finalmente terminó aquel caso. En la justicia santacruceña se investigaron los mismos contratos (49 de los 51 porque dos aún no estaban vigentes) y la pesquisa se cerró por inexistencia de delito. Este argumento le fue presentado a Ercolini por la defensa de CFK, que sostiene una cuestión de competencia, por un lado, y de “cosa juzgada”, por otro. Esto último implica que nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho. Los planteos les fueron denegados a la ex presidenta y actualmente se encuentran en la Corte Suprema de Justicia.
Ya en el debate oral, la defensa de CFK, a cargo de Alberto Beraldi, pidió que si el supuesto delito surgía de las leyes que votó el Congreso para asignar los fondos se cite a los legisladores para que indiquen si sufrieron presiones a la hora de votar. Les fue denegado.
Eso no ocurrió, pero sí declararon en el juicio como testigos los integrantes de la Oficina Nacional de Presupuesto, técnicos encargados de la elaboración del presupuesto. Luis Clemente Rajuán y Analía Iris Sánchez Zolezzi afirmaron bajo juramento que no hubo irregularidades en la confección de las leyes presupuestarias votadas por el Congreso entre 2003 y 2015 ni en la reasignación de partidas.
Se sumó la declaración del testigo Raúl Rigo, contador y ex subsecretario de Presupuesto entre 2002 y 2017, quien afirmó que las partidas destinadas a las obras investigadas fueron aprobadas por las dos cámaras del Congreso y su ejecución fue controlada por la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación. Dejó en claro que no hubo reasignaciones exclusivas para Santa Cruz sino que eso ocurrió con muchos distritos.
Lo mismo dijo en el juicio el ex secretario de Hacienda entre 2008 y 2015, Juan Carlos Pezoa, quien añadió que en el debate en comisión del Congreso se daba el detalle de cada una de las obras.
Otra prueba que pidieron las defensas en el juicio fue el peritaje sobre las 51 obras cuestionadas para ver si existieron sobreprecios. El tribunal autorizó que se auditaran solo 5. Son las que la fiscalía consideró que contienen supuestas inconsistencias. Esta cuestión también fue recurrida por la defensa de CFK a la Corte Suprema. De hecho, fue lo que motivó que en mayo de 2019, antes de que comenzara el juicio, el Alto Tribunal pidiese las actuaciones del caso para analizarlas. No pasó nada y los ministros, en época de presiones mediáticas, devolvieron el expediente.
Para hacer el estudio sobre las 5 obras, el TOF 2 contó con el perito oficial Eloy Bona, quien registraba tuits ofensivos contra Cristina. La defensa de la vicepresidenta recusó al ingeniero que fue designado por la Dajudeco pero el tribunal sostuvo que un tuit no era motivo suficiente para correrlo. La recusación también está en la Corte, de la que depende la Dajudeco.
Un dato que corre por los pasillos de tribunales -con argumentos consistentes- es que lo que se investiga en este juicio sería una suerte de supuesto “delito precedente” de otras causas. Esto significa, según entienden desde la defensa de CFK, que lo que pase en este juicio oral puede impactar directamente en las causas subsiguiente, las de Hotesur y Los Sauces. Entonces: si se cae este caso, que todos los testimonios apuntan en ese camino, podrían derrumbarse los otros también ya que el móvil que se le adjudica a la vicepresidenta en esos otros procesos dejaría de existir.
