A pocos días de cumplirse seis años de su muerte y también del expediente que se abrió poco después de ese hecho -del que todo el material probatorio indica que fue un suicidio- en el que se investiga si Alberto Nisman lavaba dinero, el nuevo juez federal de esa causa, Marcelo Martínez De Giorgi, embargó todos los bienes que fueron del fiscal fallecido así como los de su madre y hermana, y ordenó una investigación patrimonial.
La raíz de la causa fue el hallazgo a su nombre de una cuenta en Estados Unidos no declarada, cuyo apoderado era el fallecido fiscal.
Llamativa pero no sorprendentemente, en los seis años que pasaron desde que murió Nisman se recogieron y analizaron pruebas -lawfare mediante- que indican sin lugar a dudas que el fiscal se suicidó en el baño de su departamento en el edificio Le Parc. No tuvo la misma "celeridad" judicial en los mismos seis años la investigación para esclarecer el origen de la fortuna oculta que tenía el ex funcionario judicial, empezando por
más de USD 600 mil descubiertos en una cuenta en Nueva York.
La medida fue dispuesta el 24 de noviembre último, luego de que la Cámara Federal porteña instó al magistrado a actuar con "celeridad" en la investigación por esa cuenta que tenía exactamente USD 633.000, según la resolución que trascendió en distintos medios.
La sala I de la Cámara Federal porteña deberá resolver si avala los embargos preventivos dispuestos por Martínez De Giorgi, en la causa que tiene como querellante a la AFIP y que fueron apelados por la defensa de Sara Garfunkel, madre de Nisman y de Sandra Nisman, su hermana.
"Las medidas a decretar, tienen por objeto obtener y sumar legalmente pruebas o elementos de convicción que permitan un conocimiento acabado de los hechos que motivan las presentes actuaciones y evitar que los imputados pudieran continuar obteniendo un beneficio de lo que podría ser producto de un ilícito", dice la resolución.
Entre las medidas ordenadas figura un informe sobre el patrimonio de los imputados en la causa, la madre y hermana del ex titular de la Unidad Fiscal AMIA, del técnico informático
Diego Lagomarsino y un empresario,
Claudio Picón.
El juez pidió a los peritos analizar los lazos "parentales, conyugales y societarios" además de "herencias recibidas" e historia laboral entre otros aspectos. En esta pericia incluyó al fallecido Nisman, pidió tomar en cuenta las fechas en que ingresó a la Justicia y solicitó informes sobre la causa que tramita su sucesión en el fuero civil.
"Como dato relevante debe considerarse que la cuenta bancaria que vinculaba a los encausados 5v3-50653 del Merrill Lynch Bank of América de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, conforme documentación de autos, fue abierta con fecha 7 de marzo de 2002", consignó la resolución. Además, dictó el embargo preventivo de bienes muebles e inmuebles de los cuatro imputados.
El juez dispuso un entrecruzamiento de llamados entre las líneas telefónicas informadas en la causa para establecer si "tuvieron comunicaciones y vínculos entre sí", diligencia que encomendó a la "Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado" dependiente de la Corte Suprema.
También intervino las empresas de Picón, imputado porque un vehículo a nombre de una de estas firmas estaba en poder de Nisman y porque la cuenta estadounidense registra una transferencia hecha por este empresario. El fiscal tenía un poder firmado ante escribano que le daba facultades para manejar y realizar trámites sobre la camioneta Audi Q3, que figuraba como propiedad de la empresa "Palermopack SA", entre otras vinculadas.
Para ello designó un "interventor veedor informante en las firmas Palermo Pack SA, Starpack SA e Easy Pack SA por doce meses y obligación de presentar informes cada 30 días. En cuanto a cuentas bancarias, dispuso el embargo preventivo salvo en lo vinculado a cuentas sueldos y cobro de beneficios jubilatorios.
La cifra total que Nisman tenía oculta no pudo ser determinada hasta ahora. En principio está la cuenta de Nueva York que, según parece, tenía un saldo de 660 mil dólares. Pero, además, aparecieron dos departamentos en la calle Dorrego, en pleno Palermo Hollywood, y tres terrenos en el complejo Pueblomio de Punta del Este. Hay una porción de la fortuna que está en el misterio total y que es el contenido de las cuatro cajas de seguridad en bancos y en una empresa privada de caudales que la madre de Nisman, Sara Garfunkel, vació en los días posteriores a la muerte del fiscal.
Como reveló Página 12 en una nota de Raúl Kollmann, hay otra presunta cuenta de Nisman, supuestamente en Colonia, Uruguay. La información original daba cuenta de transferencias que sumaban unos USD 280 mil provenientes de Israel, que habrían sido enviados, en forma clandestina, por el megamillonario Sheldon Adelson, el Rey de Las Vegas y dueño de algunos de los casinos de mayor envergadura, fallecido este lunes a los 87 años.
LO QUE UNE EL INTERÉS DE MACRI EN OCULTAR EL ESPIONAJE CON EL DE LOS NISMAN POR ESCONDER EL LAVADO
El "dime con quién andas y te diré quien eres", en judiciales se puede modificar por "dime quién te defiende y te diré qué quiere". Es que más que un detalle es una causalidad que
quien representa a la madre de Nisman, Sara Garfunkel, y a la hermana del fiscal, a cuyo nombre figuran parte de los bienes escondidos, es el ex fiscal Pablo Lanusse, también abogado de Mauricio Macri en varias causas vinculadas con espionaje ilegal.
En ambos casos,
Lanusse trabaja igual: se opuso a casi todas las medidas del juez con la idea de que básicamente no se investiguen los escándalos de espionaje y persecución de Macri ni la fortuna oculta de Nisman.
En paralelo, también está imputado el técnico informático Lagomarsino, representado por Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro. Como Nisman quería mantenerse oculto en el manejo del dinero, puso como apoderados a su madre, su hermana y a Lagomarsino quien, de todas maneras, sólo aparece firmando dos transferencias desde la cuenta de Nueva York a Uruguay para pagar las expensas de los terrenos de Punta del Este. En total, unos USD 4 mil.
PARA EL FRENO DE LA CAUSA, UN PISTOLERO ESPECIALISTA
La investigación a la madre y hermana de Nisman por presunto lavado de activos a raíz de la cuenta abierta a su nombre y no declarada en un banco de Estados Unidos, que tuvo como apoderado al fallecido fiscal, no es para nada nueva: se abrió en marzo de 2015 en la justicia federal porteña, dos meses después de la muerte del ex investigador del caso AMIA.
Desde entonces la responsabilidad de investigar pasó por tres jueces de los tribunales federales de Comodoro Py 2002: Canicoba Corral, Claudio Bonadio y Marcelo Martínez De Giorgi.
La denuncia se concretó desde la Procelac y la Unidad de Información Financiera (UIF) al conocerse la declaración como testigo de la ex esposa de Nisman, Sandra Arroyo Salgado, quien aportó información sobre esa cuenta abierta en el banco Merrill Lynch de Nueva York con depósitos de más de USD 600.000, en base a dichos de la hermana del fiscal, Sandra Nisman.
El 27 de marzo de 2015 quedó sorteado como juez del caso el ya jubilado Canicoba Corral y a instancias del entonces fiscal federal Juan Zoni, se impulsó la investigación y se imputó a quienes aparecían como titulares, la madre y la hermana de Nisman, además de Lagomarsino.
Canicoba quiso investigar: el 10 de abril de 2015 envió un exhorto a Estados Unidos en busca de información sobre la cuenta. Posteriormente el 5 de junio pidió informes a Uruguay por la existencia de propiedades a nombre de la madre de Nisman, que según la imputación pertenecían en realidad al fiscal.
El 28 de agosto de 2015 Canicoba continuó y accedió a un pedido del fiscal Zoni: citó a declaración indagatoria por presunto lavado de activos a las familiares de Nisman, a Lagomarsino y a otro imputado el empresario Claudio Picón, y embargó sus bienes por $80 millones.
Pero llegó el primer freno de mano: las indagatorias fueron pospuestas porque el juez fue recusado y el 4 de noviembre de 2015 la Cámara Federal apartó a Canicoba de la causa por supuesta pérdida de imparcialidad.
Ahí llegó el segundo y principal operativo para congelar la causa: el 5 de noviembre de 2015 el fallecido juez federal Claudio Bonadio quedó a cargo de la pesquisa por "sorteo".
La causa quedó desde entonces paralizada y a la espera de que la Corte Suprema de Justicia -tercer gran paso de freezer- resuelva recursos de queja de las defensas, algo que hasta ahora no ocurrió.
Finalmente, el 13 de noviembre de 2020, la Cámara Federal ordenó al nuevo juez, Martínez De Giorgi, avanzar en la investigación con medidas de prueba. Eso hizo hasta ahora. El final está abierto, pero no pinta bien para Nisman y sus bienes.
