Por si le faltaran causas judiciales que podrían ponerlo tras las rejas,
una de las últimas denuncias que puso foco en la presunta persecución de Mauricio Macri contra la entonces oposición encontró impulso y avances en la Justicia: pidieron las primeras medidas de prueba de fondo y activaron la investigación por "hostigamiento fiscal" de la AFIP de Cambiemos contra Cristina Fernández de Kirchner y sus dos hijos.
El fiscal federal
Franco Picardi solicitó probatoria e impulsó así la investigación para determinar si el ente recaudador, en tiempos de Cambiemos y bajo órdenes de Macri, ejerció
"hostigamiento fiscal" contra la ex senadora y actual vicepresidenta y sus hijos
Máximo y Florencia Kirchner.
El expediente se inició debido a una denuncia presentada por la actual titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, luego de una presentación realizada por la Vicepresidenta tras anoticiarse de que durante el gobierno de Macri el ente recaudador había iniciado actuaciones en su contra de las cuales nunca había sido notificada.
A través de un dictamen de una docena de páginas,
el fiscal Picardi le requirió al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que requiera información a la AFIP y a distintos organismos del Poder Judicial, según publicó Télam en base a fuentes judiciales.
La semana pasada, Marcó del Pont había presentado ante la justicia los resultados de las auditorías internas dispuestas en febrero después de las presentaciones formuladas por la expresidenta y allí se indicó que se había detectado
"la posible comisión de ciertos hechos, por parte de la AFIP durante las gestiones del doctor Alberto Abad y del Ingeniero Leandro Cuccioli" encuadrables en los delitos de
"abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita".
En aquella presentación se enumeraron al menos ocho tipos de irregularidades distintas que, según la denuncia, daban cuenta de la "presunta finalidad persecutoria contra la principal referente del espacio político opositor durante el período 2015-2019 y sus hijos".
Las irregularidades denunciadas por la actual gestión de la AFIP y recogidas en el dictamen fiscal fueron: la iniciación y continuación, durante un año, de una fiscalización contra la exmandataria "sin siquiera intentar notificarla de manera efectiva" con un "llamativo aval de la fiscalía que había ordenado la determinación de la eventual deuda tributaria"; la persistente notificación ulterior a la vicepresidenta de lo actuado por la AFIP en un domicilio que no tenía vinculación alguna con ella; irregularidades en las determinaciones de deuda de la ex jefa de Estado y de sus hijos; la realización de una gran cantidad de consultas sistémicas sobre información fiscal de los tres contribuyentes aludidos sin fundamento legal siquiera aparente; la intervención de funcionarios del organismo distintos a aquellos que resultaban competentes; la actuación de funcionarios del mismo ente en causas judiciales en supuesta representación del organismo sin mandato para ello; la creación, dentro de AFIP, de grupos de seguimiento y control de las actividades de contribuyentes específicos, sin respaldo legal suficiente; y la existencia de una actuación coordinada, con vías de comunicación alternativas y distintas a las formales, con juzgados y fiscalías federales.
En la denuncia, Marcó del Pont precisó que todos esos hallazgos, analizados globalmente, permitían presumir que "entre 2016 y 2019 se habrían desplegado" desde el ente recaudador "acciones ilegales" que se podrían configurar el denominado "hostigamiento fiscal" contra la principal oponente política al entonces oficialismo.
Entre aquellos funcionarios que presuntamente habrían participado de las maniobras denunciadas se encuentra el
"agente Jaime Mecikovsky", quien habría actuado sin una autorización formal que lo designara como auxiliar de la justicia o lo comisionara para poder prestar funciones ante otro poder del Estado.
En relación a las
supuestas comunicaciones irregulares entre la AFIP y la justicia federal durante el gobierno de Cambiemos, la denuncia ponía el foco que se habían detectado “vías alternativas de comunicación” entre el ente recaudador y el juzgado federal 11 –entonces a cargo de Claudio Bonadio- y fiscalías federales.
La causa en la que la vicepresidenta interviene como querellante tramita precisamente en el juzgado que ocupó Bonadio hasta su muerte y ahora encabeza el juez Martínez de Giorgi; mientras que la fiscalía que impulsó la investigación está interinamente a cargo de Picardi porque su titular, Paloma Ochoa, se encuentra de licencia.
