Hay una suerte de renovado
conflicto entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, luego de que el primero a través de la Corte Suprema de la Nación emprenda varios fallos -traslados de jueces a dedo de
Mauricio Macri y caso Ciccone/Boudou, entre otros- contrarios a los intereses del segundo y, vale sincerarse, repletos de polémicas y faltos de argumentos jurídicos.
Por eso,
el presidente Alberto Fernández se sumó en estos días a las durísimas críticas de su vice, Cristina Fernández de Kirchner, y apuntó contra el accionar de la Corte por sus formas y manipulaciones: "Se maneja con una discrecionalidad que no puede tolerarse".
Entrevistado por FM La Patriada, el mandatario empezó su reflexión:
"Uno se encuentra que un día la Corte abre un Per saltum, que le permite a la Corte apropiarse de cualquier causa previa e investigarla. Lo hace cuando ve situaciones de ’gravedad institucional’".
Pero en ese punto, sumó la ratificación sin opinión que el máximo tribunal hizo sobre el caso de Amado Boudou y lo comparó con el favor a los jueces trasladados a dedo por Macri:
"Hay 'gravedad institucional' cuando trasladan a tres jueces pero la 'sana discreción' le dice 'no intervengas' cuando condenan a cinco años de prisión a un ex vicepresidente de la República".
Si bien aclaró que no habla de "culpabilidad o inocencia", remarcó que si verdaderamente había gravedad institucional con tres jueces "la sana discreción debería decirte lo mismo" para el caso Boudou.
En esa línea, cruzó fuertemente a la CSJN, que hace dos días fue criticada extensa y profundamente por Cristina en una carta: "Esas cosas demuestran que en la Corte Suprema la apertura de los recursos tienen un nivel de discrecionalidad pasmosa, y eso debe ser regulado".
Más allá de su señalamiento, Fernández explicó: "Yo marco estas cosas, no para entrar en una disputa con la Corte, lo marco para que el ciudadano común entienda de lo que estoy hablando".
"Cuando uno llega a fin de año descubre que la Corte intervino en 20 mil casos, pero sentencias saca menos de 100 y con mucho tiempo de demora", disparó Alberto, metido de lleno en la evidente falta de operatividad y capacidad que demustra el máximo tribunal en sus estadísticas.
EL CÍRCULO ROJO, CON LA CORTE
El Foro de Convergencia Empresarial defendió este viernes a los supremos -que actúan bajo una suerte de conducción dividida entre Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti- al considerar que respetarla "es la base de la convivencia civilizada" y un "requisito indispensable" que garantiza la institucionalidad de la Nación.
Las más de 80 entidades que conforman este grupo emitieron un comunicado con el que remarcaron que "la plena vigencia de la República se garantiza cuando se asegura la división de poderes, la libertad de prensa, y un Poder Judicial independiente", en una evidente respuesta a las críticas del Poder Ejecutivo al máximo tribunal, primero de la mano de CFK y luego del presidente Fernández.
"En efecto, el Poder Judicial es un pilar fundamental del Régimen Republicano y cumple un rol central como garante de los derechos establecidos en nuestra Constitución Nacional", señalaron los empresarios amigos e integrantes del espacio del poder real conocido como "Círculo Rojo".
Según interpretaron, "el respeto a la ley y a la dignidad de la justicia y en particular a la de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y sus autoridades, es la base de la convivencia civilizada y un requisito indispensable para asegurar la institucionalidad que haga posible que Argentina retome el camino del desarrollo, de modo de generar empleos, ingresos y reducir la pobreza".
El Foro nuclea a más de 60 cámaras empresarias y 25 organizaciones no gubernamentales, entre las que se encuentran la Asociación de Bancos de Argentina (ABA), la Asociación de Dirigentes de Empresas (ADE), la Cámara de Comercio de los EEUU en Argentina, la Asociación de Empresas Exportadoras de Servicios (Argencom) y la Asociación Cristiana de Empresarios (ACDE), todos con una postura crítica hacia el gobierno de Alberto.
Se trata de los sectores que consideraron "confiscatorio" el aporte extraordinario a las grandes fortunas que involcura a 12,000 personas con patrimonios personales que superan los 200 millones de pesos.
