Comenzó hoy miércoles, después del fin de semana largo, una
seguidilla de tres días trascendentales para una de las ramas más importantes de las múltiples causas por espionaje ilegal del gobierno de Cambiemos que investiga la justicia federal argentina: la
inteligencia en cárceles federales a dirigentes políticos, particularmente del entonces opositor kirchnerismo.
Esta mañana
fue el turno del extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el gobierno macrista, Gustavo Arribas, quien negó hoy "terminantemente" haber cometido "algún delito", al ampliar su declaración indagatoria en la parte de la causa por espionaje que investiga escuchas ilegales a detenidos en cárceles federales. Además,
se sumó al polémico argumento de los "convenios" con el Servicio Penitenciario Federal para validar haber "electrificado" las instalaciones carcelarias y culpó a un subordinado -que casualmente no viene declarando en su favor ni en el de Mauricio Macri- por la existencia de fichas de presos en los teléfonos de espías bajo su mando.
“Nunca ordené, promoví ni convalidé actividades de inteligencia ilegal y nunca me fueron pedidas u ordenadas por persona alguna”, declaró Arribas al iniciar la audiencia vía zoom.
Arribas accedió a declarar sin contestar preguntas en el tramo de la causa de espionaje ilegal que realizó en las cárceles del SPF, aunque desconoció la competencia del juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé. En la sesión también estuvo presente la fiscal del caso Cecilia Incardona y su abogado, Andrés Coronato.
Para mañana está citada a indagatoria por los mismos hechos quien fuera su segunda en la AFI,
Silvia Majdalani, sospechada de haber dado la orden de colocar cámaras y micrófonos en pabellones del SPF y del Bonaerense (SPB).
Se trata de la cuarta indagatoria que deban enfrentar los responsables de la AFI del Gobierno de Mauricio Macri por supuestas maniobras de espionaje ilegal.
Es que ya declararon dos veces ante el juez Auge (por el caso del Instituto Patria y por inteligencia prohibida contra dirigentes de toda índole) y ante el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla en el marco del caso D´Alessio.
EL POLÉMICO "CONVENIO" PANTALLA
Su "amigo más acostumbrado a las trampas", como lo definió Macri, defendió la suscripción del convenio suscripto en 2018 con el SPF, como hicieron quienes declararon la semana pasada, y afirmó que sí existió una opinión legal previa al mismo, a diferencia de lo que sostiene la fiscalía. En esta línea, rechazó que fuera utilizado como cobertura para acciones ilegales.
En el marco de la misma estrategia se refirió a las reuniones con el entonces titular del SPF Emiliano Blanco y Suriano, las cuales admitió que se realizaron, pero sostuvo que fue para lograr la firma del convenio.
“Nada teníamos que ocultar, por eso sus ingresos fueron debidamente registrados”, aseguró Arribas.
El ex jefe de los espías
explicó cómo -según su estrategia- desde la propia cárcel, bandas criminales reclutan nuevos miembros para cometer delitos, con lo cual dijo que para su gestión "era fundamental tener un convenio” y reunir información de las cárceles, como las del norte del país para “impedir el crimen organizado trasnacional”.
En ese aspecto mencionó la investigación contra una "banda criminal" con origen en Brasil. "Necesitábamos entender si la Argentina era un objetivo de conquista de esta banda criminal para su desarrollo", argumentó.
¿PELOTAZO PARA CONTRA LA CORTE SUPREMA?
Sobre las escuchas ilegales a detenidos,
Arribas se desligó al sostener que “la agencia nunca materializó una intervención telefónica", ya que "las escuchas estaban bajo la órbita de la Procuración General de la Nación y luego de la Corte, en la DAJUDECO”.
Según insistió, las intervenciones fueron ordenadas por jueces y materializadas por este último organismo, en el que el macrismo y la corporación judicial colocaron a funcionarios afines a ambos "bandos". "La AFI transcribe y analiza el material que recibe por orden judicial", explicó al desconocer ilícitos.
“Lamento que mi gestión quiera ser empañada por un conjunto de conjeturas falsas y maliciosas que espero sean detalladamente investigadas y objetivamente analizadas por el juez natural de la causa”, concluyó respecto de este punto.
CULPAR AL QUE TE CULPA
Básicamente, lo que le viene ocurriendo a todos los espías y ex funcionarios que están declarando por el espionaje ilegal en cárceles es lo mismo que le pasó a Arribas hoy: no logró explicar por qué agentes de la AFI, que innegablemente están bajo su mando, tenían fichas y perfiles elaborados sobre los dirigentes políticos presos en sus teléfonos.
¿Qué hizo el "amigo tramposo" de Macri?
Como no puede mirar para arriba sin decir hacia dónde, como los espías, derivó la responsabilidad para abajo, hacia uno de sus subordinados que ya declaró en contra de sus intereses en otro de los segmentos en que se investiga el espionaje ilegal macrista, aquel del Instituto Patria y Cristina Fernández de Kirchner.
La estrategia de Arribas, poco verosimil, para explicar por qué sus propios agentes tenían en sus teléfonos las fichas penitenciarias de los presos fue decir que
él no era a quien se le debía pedir explicaciones por ese hecho: dijo que eso era responsabilidad del director operacional de Contrainteligencia -área de "sucesión" de Jaime Stiuso- que era Martín Coste.
Coste está abiertamente distanciado, incluso en la estrategia judicial, con la cúpula de la AFI macrista. No obstante, es difícil para un investigador judicial creer que un funcionario importante de la exSIDE como Coste sea responsable de espiar sistemáticamente a presos por decisión propia y de manera clandestina cuando estaba subordinado al propio Arribas y a Majdalani.
“No tenía relación directa con Alan Ruiz y su grupo de agentes, todos ellos pertenecían a la dirección operacional de Contrainteligencia”, aclaró Arribas al deslindar responsabilidad en esa dependencia que estaba a cargo de Coste.
Al negar los cargos, dijo: “Nunca recibí una información o un reporte de inteligencia vinculada a las personas que se hallaban privadas de su libertad y que aparecen como damnificadas”.
“No existe la responsabilidad objetiva por haber sido el director de la agencia”, reiteró Arribas para concluir su hipótesis, según la cual era el jefe pero no decidía ni sabía qué pasaba en su entonces organismo.
