La multiplicidad de causas judiciales por presunto espionaje ilegal que enfrentan ex funcionarios de todos los niveles y jerarquías posibles del gobierno de Juntos por el Cambio que finalizó el 10 de diciembre de 2019 no da respiro a las investigaciones y al seguimiento de las mismas.
Por eso, cualquiera de nosotros podría creer que las novedades no lo son y que, en cambio, se trata de hechos que ya sucedieron, que se repiten. Pues bien, no, son novedosos: es que
si bien Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Mauricio Macri, ya declararon varias veces por supuestamente mandar a espiar sin razón ni permiso judicial, esta semana serán indagados pero por las supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas en contra de personas detenidas en cárceles, en su mayoría ex funcionarios kirchneristas, cosa que todavía no les había tocado hacer.
El
primer turno será para Arribas, a quien Macri confesó haber puesto al frente de la AFI por ser su amigo "más acostumbrado a las trampas".
El representante de futbolistas fue convocado para el miércoles a las 10.
Al día siguiente, a la misma hora, le toca a Majdalani, sospechada de haber sido quien concretamente daba las órdenes de colocar cámaras y micrófonos en pabellones del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y del Bonaerense (SPB).
Será la
cuarta indagatoria que deban enfrentar los responsables de la AFI macrista por supuestas maniobras de espionaje ilegal: Arribas y Majdalani ya estuvieron dos veces ante el juez federal de Lomas de Zamora
Juan Pablo Auge -por las causas Instituto Patria e por inteligencia prohibida contra dirigentes de toda índole, respectivamente- y ante el magistrado de Dolores
Alejo Ramos Padilla en el marco del expediente conocido por el nombre de
Marcelo D´Alessio -donde también está procesado el fiscal
Carlos Stornelli.
Tal como informó Télam, las declaraciones se celebrarán a través de Zoom en el marco de la causa que tramita ante el juez Auge y con la investigación delegada en los fiscales
Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide.
Sin embargo, los señores 5 y 8 -como se conoce al jefe y la subjefa de la AFI en la jerga- no serán los primeros en hablar por el espionaje en cárceles.
Varios ex funcionarios del organismo de inteligencia y del SPF tuvieron que dar explicaciones la semana pasada, pero -valga la redundancia- no pudieron explicar una gran cantidad de elementos claves de la causa, entraron en contradicciones e incluso dejaron en off side a Elisa Carrió, la socia fundadora junto a Macri de Juntos por el Cambio.
LOS QUE HICIERON AGUA
El ex director del SPF,
Emiliano Blanco, negó el martes, en su turno de declarar, haber cometido hechos de espionaje contra detenidos ex funcionarios kirchneristas y empresarios que estuvieron acusados en causas impulsadas por el macrismo, pero
no pudo explicar por qué la AFI tenía fichas de presos alojados en las cárceles bajo conducción del organismo que encabezaba.
Reconoció que tuvo reuniones en la AFI durante la gestión de Arribas. “Fui en tres ocasiones, no más de 30 minutos”, aclaró a la Justicia, intentando quitar importancia a los encuentros que mantuvo por la supuesta brevedad de los mismos.
Entre las pruebas de la causa están las fichas con información de ex funcionarios y empresarios detenidos en cárceles que estaban en los teléfonos de los espías.
“Yo no se las di ni se las daría. No ordené ni se los daría", dijo Blanco, que tampoco supo decir cómo ocurrió siendo la máxima autoridad del SPF en aquel momento, antes de reconocer que
"no es un elemento que deba tener la AFI”.
De la declaración de todos los indagados surge como excusa para el espionaje que el gobierno macrista realizó dentro de la cárcel de Ezeiza y otros penales sobre ex funcionarios y empresarios presos un convenio secreto de cooperación firmado entre la AFI y el SPF.
Blanco fue por más y dijo que la relación entre ambos organismos no surgía de un convenio “sino que lo plantea la ley”, porque el SPF “está inserto” en el sistema de inteligencia. Por si fuera necesario, aclaró que no iba a firmar un convenio para cometer un delito.
Asimismo, desconoció haber hecho espionaje en las cárceles en las que estuvo a cargo. “Yo no tengo ningún interés, ni hice las barbaridades que dicen que hice”, alegó en su descargo ante Auge vía Zoom.
Otro que hizo agua, según informó Télam, fue el ex jefe del Departamento de Operaciones Técnicas de la AFI,
Fernando Wahler, que dependía de Contrainteligencia, quien confirmó ante la justicia que se habían colocado cámaras y grabadores en el penal de Melchor Romero por orden del ex jefe de Operaciones Especial,
Alan Ruíz.
Lo más grave para el interés de las declaraciones que se vienen esta semana es que Wahler dijo que Ruís le habría referido que recibió el encargo de la "señora 8", en alusión a Majdalani, quien declarará este jueves.
"En el caso particular del penal de Melchor Romero, asistimos a dicho establecimiento penitenciario por el pedido realizado en forma verbal por Alan Ruiz, que revistaba en carácter de Jefe-Director directo que se nos había asignado en mayo de 2018, por el entonces Director de Contrainteligencia, Diego Dalmau", sostuvo Wahler en un escrito.
Y agregó, dejando complicada a la "Turca": "Me solicita el pedido de instalación de equipamiento de audio y video para el establecimiento carcelario en cuestión fundamentando esa petición en la existencia de un convenio entre ambos organismos (el servicio penitenciario bonaerense y la AFI) a los fines de brindar una colaboración. A su vez
me manifestó que dicho pedido provenía directamente de la señora 8, con quien mantenía comunicación directa".
A pesar de confirmar que puso cámaras,
Wahler argumentó que, si bien desconocía la finalidad de los requerimientos, "hubo indicios inequívocos de que las tareas realizadas se prestaban en el marco de un acuerdo institucional y en colaboración con el Servicio Penitenciario". La misma coartada -parcial- de Blanco.
"Quiero destacar que la camioneta Kangoo con la que asistimos fue estacionada dentro de la zona restringida del penal y por ende pasamos los controles pertinentes habiendo sido autorizados formalmente. Los trabajos se realizaron a plena luz del día frente a personal penitenciario que nos observaba en todo momento y tenían conocimiento de las tareas realizadas", detalló, como para insistir en que no cometió delitos y que actuó como si no los hubiera estado cometiendo.
Sin embargo,
esa coartada del supuesto "convenio" de colaboración entra en contradicción al interior del expediente con un dato objetivo: el cableado que había comenzado a ser tendido el 8 de agosto de 2018 debió ser retirado el 24 del mismo mes cuando fue detectado por personal de la Alcaidía que elevó una queja ante la directora que exigió que lo quitaran. Si lo ordenaba un convenio y era legal, ¿por qué lo quitaron ante una queja formal?
Además, pusieron micrófonos y cámaras de forma legal, según los ex espías, pero falseando su identidad:
el equipamiento fue comprado con dinero de la AFI pero los agentes que las colocaron se habían presentado en el penal como miembros del Ministerio de Justicia, según surge del expediente judicial al que accedió Télam.
El tercer testimonio que tampoco logró satisfacer las sospechas de los fiscales fue el del ex jefe del área a cargo de la transcripción de intercepciones telefónicas de la AFI durante el gobierno de Cambiemos,
Mariano Ruda Bart. El martes pasado, el indagado negó “haber participado” de maniobras de espionaje contra de detenidos sin responder preguntas por parte del juez y la fiscalía.
El ex titular de la Dadcco de la AFI presentó un escrito de 42 páginas en el que -al no haber respondido preguntas- evitó responder, entre otras cosas bajo su responsabilidad, cómo fue que las transcripciones de escuchas además ilegales a ex funcionarios kirchneristas que estuvieron detenidos en Ezeiza llegaron a manos de la ex diputada "Lilita" Carrió.
“Para que quede bien clara mi ajenidad con la imputación, niego haber participado y nunca tuve conocimiento de que se hubiere urdido u ordenado dentro de la Agencia el seguimiento o espionaje a detenidos por razones políticas, y control de sus llamadas y de sus visita", dijo Ruda Bart en el escrito que le presentó al juez federal Auge.
Agregó que "para la labor encomendada" su dirección "no recibió información de quien se alojaba en cada penal o en cada pabellón" y que "la directiva era realizar las transcripciones de acuerdo con lo ordenado en la causa”.
Ruda Bart es un abogado que ingresó a la AFI cuando todavía se llamaba SIDE, en 1995, y permaneció en el organismo hasta el 31 de diciembre de 2019, según él mismo consignó en el escrito en el que reclamó su sobreseimiento tras asegurar que siempre se limitó a “cumplir las labores que dentro del organismo al cual pertenecía", le "fueron encomendadas, siempre en el marco de legalidad”.
Se hizo cargo de la Dadcco en 2018 tras 19 años en la dirección de Observaciones Judiciales (OJ) y por pedido de quien estaba a cargo del área de jurídicos de la AFI,
Juan Sebastián De Stéfano, también imputado en la causa y citado para ser indagado.
De Stéfano, hombre del riñón del hombre de Macri en Boca Juniors e integrante de su presunta "mesa judicial" Daniel Angelici, debió haber declarado el mismo día de Ruda Bart, pero pidió la nulidad de su indagatoria y logró postergar la audiencia por unas semanas. El 16 de diciembre será la nueva fecha de indagatoria.
Lo hizo bajo el argumento de su defensa de que no tuvo acceso a las pruebas en el marco de la investigación sobre el espionaje al Instituto Patria, por la que fue recientemente imputado por los fiscales del caso e iba a declarar en el mismo acto.
El espionaje en las cárceles es un capítulo fundamental del caso macro de las pinchaduras y persecusiones ilegales del macrismo. La investigación puso el foco en un área estratégica de la AFI, la Dirección Administrativa de Asuntos Jurídicos, a cargo del angelicista De Stéfano, y que dependía directamente de Arribas.
Las víctimas de espionaje en este tramo de la investigación son ex funcionarios y empresarios a los que se los espiaba, con el presunto objetivo de “ablandarlos” para declarar en causas judiciales impulsadas por la anterior administración junto a cierto sector de la justicia.
Entre los espiados están Carlos Zaninni, Amado Boudou, Ricardo Raúl Jaime, Daniel Oscar Ruíz, Antonio Lázaro Báez, Cristóbal López, Julio De Vido, Roberto Baratta, Jorge Oscar Chueco, Víctor Alejandro Manzanares, Oscar Thomas, Fernando Esteche, Juan José María OIazagasti, Fabián de Sousa, Rafael Enrique Llorens, Daniel Rodolfo Pérez Gadin, Carlos Santiago Kirchner, Gerardo Luis Ferreyra, Claudio Minicelli, Atanasio José Pérez Osuna, Juan Pablo Medina, Cesar Milani, Nélson Javier Lazarte, Enrique Omar Suárez, Rafael Resnick Brenner. Todos estuvieron privados de su libertad y espiados.
Con la información que obtenía la AFI a través del espionaje montado en las cárceles “se concretó un perfecto y sofisticado método de ejercicio brutal de poder, por fuera de cualquier límite jurídico, en definitiva, al margen de la ley”, considera la justicia.
