Paradójicamente,
el mismo (u otro) Fondo Monetario Internacional que se encuentra por estos días en la Argentina para negociar con el Gobierno nacional cómo implementar un nuevo acuerdo sostenible para resolver el repago de la deuda que dejó Mauricio Macri en 2018, confeccionó en 2016 un informe que critica la fórmula de movilidad que quiere volver a aplicar el Ejecutivo de Alberto Fernández a partir del año próximo pero lo hace bajo el reconocimiento de que es profundamente beneficiosa para el bolsillo de las jubiladas y los jubilados argentinos.
El contexto en que este paper adquiere vigencia tiene varias aristas. El FMI está en el país para discutir con
Martín Guzmán la adscripción del país a un acuerdo de facilidades extendidas, un formato que históricamente implicó exigencias y condicionamientos económicos para los gobiernos soberanos, pero que el Ejecutivo del
Frente de Todos pretende que no ocurran en la Argentina. Un ajuste cantado que siempre exigió el organismo fue sobre los jubilados.
A la vez,
el Gobierno indicó el lunes que enviaría al Congreso una nueva fórmula de aumento y actualización de las jubilaciones, luego de haber suspendido la que estaba vigente desde 2017. Luego se oficializó que el índice es el mismo que se utilizó en el país desde 2009 durante las administraciones de
Cristina Fernández de Kirchner.
Los aumentos regirán en base a la
evolución de los salarios y la recaudación por parte del Estado. La oposición macrista y de izquierda y algunos medios salieron con duros cuestionamientos bajo la idea de que en un marco de recesión y elevada inflación, situación que se inició en 2018, los adultos mayores verían disminuida su capacidad de compra con pérdidas contra la suba de precios.
El Gobierno, por el contrario, salió a defender la propuesta. Lo hicieron, entre otros, el jefe de Gabinete,
Santiago Cafiero, y la titular de la ANSES,
Fernanda Raverta, que explicaron cómo funcionó la fórmula hasta 2016, con incrementos sobre la inflación durante casi todos los años de aplicación, y que lo contrario pasó con el índice que impuso el macrismo a partir de 2017. También precisaron que genera estabilidad en el sistema previsional en el marco de los números del Presupuesto 2021, que prevé una fuerte baja del gasto público.
En este contexto,
adquiere elevada relevancia que el FMI, cuando en 2016 hacía lobby para que la administración Cambiemos ajustara las jubilaciones, cuestionó la fórmula que actualmente el FdT vuelve a impulsar bajo el argumento de que aumenta el gasto en seguridad social y "hace que los beneficios crezcan por encima de la inflación".
Es decir, todo lo contrario a lo que hizo JxC cuando gobernó la Argentina y a las justificaciones actuales para oponerse a la propuesta.
En un informe preparado por el staff en 2016 y que actualmente se puede leer completo acá, el Fondo opinó que los cálculos en cuestión aceleran el gasto público en lugar de desacelerarlo para darle sustentabilidad. Sin embargo, luego advierten que, en realidad, depende del contexto de aplicación.
“La recaudación tributaria durante un auge económico conduce a un mayor aumento de los beneficios. Al revés, la lentitud de los ingresos fiscales durante una contracción económica conduce a un aumento más lento de los beneficios”, explicó el equipo de economistas liderado por Nigel Chalk, subdirector en ese entonces del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo multilateral, que elaboró el paper.
El informe sobre la situación argentina fue preparado por Jorge Iván Canales-Kriljenko, Paolo Dudine, Luis Jácome, Lusine Lusinyan, Mariano Ortiz Villafañe, Alex Pienkowski, José Luis Saboin, y Diva Singh. Allí se indica que la fórmula aplicada desde 2008 promovía “el gasto procíclico en la seguridad social”, es decir un tipo de políticas como las que el FMI recomienda para varios años hacia adelante en el contexto de la pandemia y sus consecuencias económicas.
“Los beneficios dependen de la cobertura de la pensión. Todo lo demás, un aumento (o disminución) en la cobertura conduce a un menor (o mayor) aumento en los beneficios”, explicaron en el mismo sentido.
En ese punto, el organismo advirtió concretamente que la propuesta beneficia sin ninguna duda el bolsillo de los jubilados, quienes a pesar de la mejora de sus haberes entre enero y septiembre de este año, perdieron mucho terreno entre 2016 y 2019.
“La fórmula hace que los beneficios crezcan por encima de la inflación. Desde 2009, los beneficios crecieron, en promedio, 2,7 puntos porcentuales por año por encima de la inflación y más de 6 puntos porcentuales por encima de la inflación en 3 años”, precisaron con datos.
Esto ocurre, según argumentaron, porque “en el largo plazo, todos los ingredientes de la fórmula tienden a crecer a una tasa igual a la inflación más la diferencia entre el crecimiento de la productividad laboral y el crecimiento del stock de jubilados”.
“Se puede esperar que los salarios (especialmente los de los trabajadores estables) aumenten por la suma de la inflación y la productividad laboral”, señalaron, e indicaron que “en la medida en que la productividad laboral crezca por encima de la tasa de crecimiento de la población mayor de la edad de jubilación (1,3% a largo plazo), los beneficios (haberes) crecerían por encima de inflación”. Se trata justamente de la expectativa que planea el Gobierno a partir del año próximo luego del fondo que se tocó como consecuencia de la pandemia.
Según el FMI versión 2016, un sistema que beneficia de este modo a los jubilados argentinos perjudica al estado de situación del sistema de la seguridad social. Éste fue el punto sobre el que llamativamente focalizó hoy Infobae en un artículo. Según sostuvieron en el organismo, desde 2005 el gasto “ha estado planteando un aumento de la presión sobre las cuentas fiscales" y, "en particular, el gasto en pensiones se duplicó en relación al PBI, durante 2005-15”.
“No solo alcanzó uno de los niveles más altos de la región (7,4% del PBI), sino también se convirtió en el gasto individual más grande en el presupuesto federal (alrededor del 35% del total federal del gasto público en 2015)”, advirtieron.
Y agregaron que “el exceso del gasto en seguridad social por encima de las contribuciones alcanzó el 2,8% del PBI en 2015, lo que pesó fuertemente sobre las finanzas públicas”.
