La larga saga de 19 años en los que la familia Macri hizo todo lo posible por no pagar la multimilllonaria deuda de Correo Argentino con el Estado y otros acreedores privados, salteándose plazos legales e interviniendo desde cargos públicos en la Justicia, va sumando más y más capítulos:
ahora se conoció que la Cámara Federal porteña dio vuelta una decisión del juez federal Sebastián Casanello de no hacer lugar a una denuncia de los abogados del ex presidente y su grupo empresario para frenar el caso con una supuesta persecución judicial como argumento, y ordenó investigar a la fiscal que impidió la autocondonación del pasivo calculado en $ 70 mil millones y a funcionarios nacionales del actual gobierno.
Inicialmente, los letrados de la familia del ex presidente,
Francisco Castex y Luciano Pauls, presentaron una denuncia en Comodoro Py, cuyo objeto superficial era impugnar el sorteo de Flor Inés Farber, la interventora de Correo, pero que por detrás tenía presentar a
Mauricio Macri como vícitma de una "persecución", apuntar contra la fiscal
Gabriela Boquin, Carlos Zannini y Guillermo Nissen y así congelar los expedientes alrededor de su deuda.
Sin embargo, inicialmente la movida no tuvo eco en Py porque la contradenuncia de los Macri fue archivada por el juez Casanello por “inexistencia de delito”.
Como era esperable, ahí no terminó la cosa y
los Macri apelaron con el ex presidente sonando en orquesta en los medios en ataque a la investigación que más lo preocupa y que podría afectar incluso a sus hijos.
Según reveló El Destape, los camaristas
Martín Irurzun -autor de la "doctrina" que lleva su nombre y que versaba en meter presos a dirigentes políticos del peronismo acusados de presunta corrupción- y
Mariano Llorens revocaron la decisión de Casanello y le ordenaron investigar a Boquin, al titular de la IGJ, al procurador del Tesoro y a la interventora Farber.
En los extremos izquierdo y derecho, Bruglia y Bertuzzi, los jueces puestos a dedo por Macri. En el medio, Llorens e Irurzun
En su denuncia, los Macri argumentan que hay una persecución judicial en su contra por el caso Correo vinculada a la deuda impaga desde 2001 y, según sostienen sin ponerse colorados, que el caso genera un
“escándalo mediático que denosta la figura política del ex presidente, asociando su imagen con la de una empresa de su familia de la que es ajeno”. Curiosa afirmación luego de que, cuando fracasó la autocondonación, el propio líder PRO hizo un discurso ante los medios en que pidió ir a "foja cero" reconociendo que supuestamente se le fueron de las manos ciertos controles y cuidados.
“Se han utilizado los resortes del poder y de la justicia para dañar patrimonialmente y afectar la reputación de Correo Argentino SA y sus accionistas, impidiendo a Correo Argentino S.A. recuperar sus bienes y condenarla a un estado falencial, que le impone una desprotección e indefensión desusada, injusta y antijurídica. Lo que se busca sin escrúpulo alguno es que se decrete a cualquier costo la quiebra de Correo Argentino SA”, escribieron los abogados de los Macri en la apelación que tuvo éxito en Irurzun.
En su resolución, los camaristas porteños ordenan a Casanello investigar y analizar la pertinencia de las medidas de prueba que pidieron los abogados de los Macri. Le indican citar a los testigos que propusieron, entre los que están integrantes de la "mesa judicial M", como el del ex ministro de Justicia
Germán Garavano y el diputado y ex apoderado de Correo
Pablo Tonelli, así como el ex candidato a vice
Miguel Ángel Pichetto.
Cuando tiempo atrás el propio Macri pidió que no se le crucen llamados en el marco de otras causas en las que se lo investiga porque -a su juicio- aquello "violaría su intimidad", ahora entre las medidas que deberá evaluar Casanello por orden de la Cámara figura disponer
“un registro de llamadas realizadas y recibidas entre los teléfonos particulares, de trabajo u otro tipo de Gabriela Boquín, Carlos Zannini, Ricardo Nissen, Alejandra Gils Carbó (quien estaría tras los actos de la Fiscal Boquín), desde un poco antes del 28 de junio de 2016 hasta la actualidad".
"Especialmente en los períodos próximos a los dictámenes y resoluciones persecutorios hacia Correo Argentino S.A.”, señalaron los abogados de los Macri, que también hicieron similares pedidos respecto de los mails de esas personas y el registro de sus computadoras personales.
