En pleno juicio oral, es decir bajo juramento y con riesgo de ir preso ante una declaración falsa,
el ex director de Recaudación de la AFIP durante el Gobierno de Mauricio Macri reconoció que bajo la gestión de Alberto Abad el organismo creó una "herramienta" especialmente diseñada para vigilar y perseguir al Oil Combustible y el Grupo Indalo por una deuda que, según advirtió, ya estaba "regularizada".
Ambas cuestiones son centrales para comprender una causa que sirvió políticamente al macrismo:
se intentó presionar y callar la voz de esa firma, que a su interior tiene a diversos medios, como C5N, cuya línea editorial era contraria a los intereses del Gobierno de Cambiemos. Pero además contribuyó a solidificar la idea de que la administración kirchnerista financiaba al Grupo Indalo y que éste no pagaba los impuestos correspondientes y, así, estaba fuera del cumplimiento de la ley.
Según informó hoy Ámbito Financiero en una nota de Gabriel Morini,
Sergio Oscar Flosi, que intregraba la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales de la AFIP,
aseguró en una declaración fraccionada que la gestión de Abad creó un sistema informático especialmente desarrollado por el organismo para monitorear en tiempo real los movimientos de la petrolera Oil Combustibles y de sus empresas relacionadas.
Lo que hizo el ex funcionario es reconocer el hallazgo que se investiga en otra causa judicial que tiene en el centro de las acusaciones al ex administrador macrista por haber escogido un puñado de contribuyentes para incluirlos en esta “herramienta informática”.
Según trascendió, aunque no lo dijo el testigo, además del grupo económico de
Cristóbal López, el único otro gran contribuyente que Abad metió en la aplicación era el de Lázaro Báez.
Si bien Flosi trató de aclarar que su área no utilizó el sistema diseñado dentro de AFIP porque tenía acceso a las bases de datos por otra vía, sí mencionó que la plataforma permitía que otros sectores del ente recaudador pudieran acceder a la misma información sobre Oil, cuyo diseño corrió por cuenta de las “áreas centrales” que estaban bajo el mando de Abad.
Ante la mención de un presunto “grupo de tareas” que realizaba los análisis sobre Oil, el testigo esquivó definciones al sólo responder que él trabajaba con su equipo. No obstante, deslindó todo en órdenes de
Juan Carlos Santos, su superior en Grandes Contribuyentes, y uno de los señalados como encargados de impulsar el estrangulamiento de la empresa pereguida por Macri desde el fisco.
En el marco del juicio, Flosi continuará declarando la semana próxima, pero también se sabe que Santos, su superior y según sus palabras responsable de la vigilancia contra Oil, tendrá que sentarse como testigo.
Hubo otros dos puntos centrales esgrimidos por el macrismo para atacar al grupo lejano a sus intereses: en primer lugar, que debía más dinero que otros y que había recibido planes de pago que otras empresas no; y en segundo lugar, que esta supuesta situación irregular fue "descubierta" gracias a decisiones de la administración macrista.
Convocado por la querella y la fiscalía para declarar en el juicio, Flosi tuvo un primer análisis sobre la situación de planes de pago de Oil Combustibles y de su deuda apenas fue recibido por Grandes Contribuyentes. Ante preguntas,
confirmó el informe en el que cuantificó una deuda de $6645 millones, pero también agregó que todos los planes de pago que habían quedado caducos fueron incluidos en nuevos planes contenidos en Resoluciones Generales, procedimiento que se hizo de manera automática y que los sistemas de AFIP permitían, sin intervención humana.
“Corre para todos los contribuyentes”, sostuvo el testigo, con casi 40 años de carrera, descartando de manera tajante cualquier tipo de ayuda a las empresas de López. Y agregó: “Tenía planes totalmente vigentes y se actualizó esa información (a la justicia). No era deuda exigible”.
Respecto del segundo punto, confirmó que la AFIP del kirchnerismo, durante la era
Ricardo Echegaray, ya había tenido intenciones de mover a Oil de la agencia Palermo a Grandes Contribuyentes a principios de 2015. Esto es clave porque la gestión macrsita siempre argumentó que se había “ocultado” a la petrolera para permitirle controles más laxos.
Sin embargo, cada testigo al que se le preguntó rechazó que existieran diferencias entre los controles de ambas áreas. Lo que ahora se agregó y generó sorpresa, como consignó Ámbito, es que se hubiera evaluado hacer algo similar con un año de anterioridad, lo que contradice que ese paso hubiese sido clave para advertir su situación respecto al ITC. “Es exactamente igual”, explicó Flosi las acciones que desde ambas áreas se hacían para intentar el recupero de las deudas.
El testigo también aclaró cómo se tramitaban los planes de pago especiales del Artículo 32 y los pedidos que surgían para los planes de pago hasta de organismos públicos y de entidades sin fines de lucro, incluyendo otras petroleras. La fiscalía intentó cuestionarlo, pero respondió contundente: “Se trataba de un contribuyente que había decidido acogerse a planes de pago y estaba dilatando el ingreso mensual de su obligación, pero todos los planes estaban vigentes. No era exigible la deuda porque estaba financiada”.
“En ese momento no había que tomar ninguna decisión. La había regularizado reiteradamente en planes de pago”, agregó, frase que no tuvo mucho impacto al ser pronunciada, pero que remarcar que dijo que “no había que tomar ninguna decisión” sugiere a las claras que ocurrió lo contrario.
