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Javier Iguacel le gusta, en sus redes sociales, defenderse de la multiplicidad de causas que se le armaron por corrupción señalando que sus adversarios políticos buscan acusarlo de cosas que no hizo, bajo el eslogán de
"no somos lo mismo", pero se le apilan los expedientes y los argumentos en contra y
el relato termina volviendo increíble.
Es que ahora
el fiscal federal Federico Delgado solicitó que el ex titular de la Dirección de Vialidad Nacional (DNV) durante el gobierno de Mauricio Macri y actual intendente de Capitán Sarmiento sea citado a prestar declaración indagatoria, acusado de inventar causas truchas para buscar meter presos a ex funcionarios y dirigentes del peronismo.
En concreto, el expediente que impulsa el representante del Ministerio Público Fiscal acusa a Iguacel de haber armado una causa falsa contra ex funcionarios vinculada a la construcción de la “Autopista Presidente Perón”.
El requerimiento de Delgado fue presentado ante el juzgado federal 6, que subroga la jueza
María Eugenia Capuchetti, y alcanza también a otros ex funcionarios de Vialidad que, según la fiscalía, habrían incurrido en los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios público.
¿Por qué se acusa a Iguacel de armar causas que no configuran delitos y, además, de presentar pruebas truchas? Porque el fiscal, en concreto, argumentó que en primer lugar el ex titular de VN y ex ministro de Energía de Macri utilizaba a su cuñada -que también se desempeñada en Vialidad- para copipastear documentación para luego dársela a la OA de Laura Alonso y así mover una denuncia, pero que además la acusación carecía de coherencia porque la misma práctica señalada como delictual respecto de la gestión que lo antecedió fue realizada bajo su conducción del organismo.
Delgado explicó en su dictamen -presentado el 23 de octubre, pero conocido hoy, como publicó Télam- que
las denuncias presentadas en su momento por la militante PRO Laura Alonso, con información suministrada por Vialidad, contra los ex funcionarios kirchneristas se hicieron con documentación intencionalmente recortada por la cuñada de Iguacel, Agustina Morán, durante su paso por la DNV durante el gobierno de Cambiemos.
Por otro lado, el texto judicial del fiscal detalló que
durante la estadía de Macri en Casa Rosada Vialidad recurrió, en algunas oportunidades, a los mismos procedimientos de relocalización de vecinos para permitir el trazado de una autopista que antes Iguacel había denunciado como irregulares.
“Alcanza con confrontar la denuncia efectuada en la causa madre y los términos de la resolución 1197/17 para afirmar que las mismas autoridades de la DNV que detectaron e impulsaron la denuncia por irregularidades en el dictado de las resoluciones 1649/12, 3076/12 y 1030/15, luego utilizaron esas mismas herramientas legales y argumentos para sortear los inconvenientes de relocalización que presentaban los habitantes de las zonas a expropiar”, enfatizó Delgado de manera contundente.
Por esos motivos, sostuvo que la denuncia presentada por Iguacel en su momento “fue teñir la actuación de sus antecesores en el cargo con un manto de ilegalidad que no era tal”.
“La fiscalía considera que se encuentran reunidos los elementos de prueba necesarios para considerar que el Ingeniero Javier Iguacel como Administrador General de la DNV, Ricardo Stoddart en su carácter de Jefe de Servicio de Asuntos Jurídicos y Diego Martínez como responsable de la Unidad Ética y Transparencia y la Dra. Agustina Moran, todos ellos funcionarios de la DNV, habrían incurrido en el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios público”, concluyó Delgado en su dictamen.
Este expediente surge de uno anterior iniciado luego de que Iguacel denunciara ante la OA que los anteriores funcionarios de la DNV, entre ellos su ex titular Nelson Periotti y Claudio y Manuel Keumurdji, habían firmado resoluciones irregulares entre los años 2012 y 2015 vinculados con la construcción de la Autopista Presidente Perón entre los que había alguno relacionado a la relocalización de vecinos de Ezeiza que ocupaban parte del terreno por donde iba a pasar la traza del camino.
La resolución 1649/12 aprobó un procedimiento general para la tramitación y gestión de aquellos “casos de titulares de terrenos con títulos imperfectos, contemplando el pago de indemnizaciones a los poseedores acreditados mediante una ficha censal, información sumaria y la suscripción de un convenio de cesión onerosa de posesión de inmueble a favor de la DNV”, según se recordó en el dictamen.
La denuncia que luego formuló la OA de Alonso recayó en el juzgado que estaba todavía a cargo del juez Claudio Bonadio (ya fallecido) quien, tras una serie de medidas de prueba, procesó a siete de los catorce denunciados, como cada vez que le tocó intervenir en denuncias contra dirigentes kirchneristas (y le tocaban casi todas).
Sin embargo, los procesamientos dispuestos por el magistrado fueron revocados en septiembre de 2019 por la Sala I de la Cámara Federal porteña que dictó la falta de mérito para los acusados.
La Cámara señaló que los denunciados habían recurrido al dictado de “una normativa con el fin de llenar un vacío legal: el caso de los ocupantes sin título” y que ello “no contradice lo establecido en la ley de expropiación, sino que lo complementa, en tanto se regularon casos que no habían sido contemplados”.
Al pedir las indagatorias, el fiscal Delgado consideró, además, “que los comportamientos llevados a cabo por Ricardo Stoddart en su carácter de Jefe de Servicio de Asuntos Jurídicos y Diego Martínez como responsable de la Unidad Ética y Transparencia de la DNV encuentran recepción jurídica en el delito de falso testimonio”.
