El
Grupo de Lima emitió hoy un
duro comunicado por la situación en
Venezuela en el que exigió al Gobierno de
Nicolás Maduro investigar, juzgar y castigar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, pero además respaldó al autodesignado presidente de ese país,
Juan Guaidó, y pidió
"actores internacionales para movilizar una respuesta común" en clara alusión a algún tipo de intervención extranjera.
Si bien Argentina hace unos días acompañó el informe de Michelle Bachelet para la ONU en el que se condenan las presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas en Venezuela, en esta oportunidad el Gobierno de Alberto Fernández se diferenció de una postura contraria a ese país y rechazó el documento del Grupo Lima porque avala como autoridad legítima a Guaidó, quien no fue elegido por el voto popular, y "llama a una intervención extranjera", según se interpretó.
La decisión del Poder Ejecutivo argentino es coherente con lo que viene pronunciando públicamente: que rechaza cualquier tipo de violación a los DDHH, no importa de quién sea, pero que particularmente no reconoce como jefe de Estado a alguien que no fue votado por nadie y rechaza cualquier tipo de participación extranjera en la resolución de un conflicto soberano.
La declaración de este foro alineado a las políticas de
Estados Unidos y duramente crítico de Venezuela, al que en su momento suscribió el gobierno de
Mauricio Macri, no sólo fue desechada por la Argentina sino que la Cancillería decidió no enviar a representante a la reunión virtual de ministros que realizó hoy el Grupo Lima a pesar de que nuestro país aún forma parte del mismo.
El comunicado fue difundido tras una reunión virtual de ese espacio regional y tuvo las firmas de los gobiernos de
Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, como miembros de la organización internacional, y de
Ecuador y El Salvador, como países observadores.
En el texto, que consta de siete puntos, se destaca
"el apoyo al Presidente Encargado Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional, como autoridades legítimas y democráticamente electas" a las que se le pide que llamen a
"elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y creíbles". Es un punto evidentemente inviable, porque gobierno Maduro y el personaje al que acompaña Lima no fue votado ni conduce las instituciones públicas.
También condenaron "las sistemáticas violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, que comprende presuntos crímenes de lesa humanidad" citando el informe de la misión de la Organización de las Naciones Unidas(ONU). En esa línea, piden que investigar, juzgar y castigar a los responsables de esos delitos.
Por último, y
en uno de los puntos más controvertidos, manifestaron que "persistirán en procurar converger con otros actores internacionales para movilizar una respuesta común de la comunidad internacional que contribuya a la defensa de los derechos humanos en Venezuela y a la urgente restauración de la democracia y el estado de derecho, que ponga fin a la usurpación, incluyendo las condiciones para una salida pacífica de la crisis, liderada por los propios venezolanos".
Justamente,
este fue uno de los puntos que más cuestionó la Cancillería argentina a través de un comunicado que sacó minutos después de la declaración del Grupo de Lima, a la que Argentina no suscribió. "No se condice con la posición de nuestro país. Así se lo transmitió esta Cancillería a los países miembros, al tiempo que manifestamos nuestra preocupación sobre las posibles implicancias del pronunciamiento y apelamos a la reflexión", inició el Ministerio que conduce
Felipe Solá.
En ese sentido, cuestionaron el apoyo a Guaidó:
"En primer término la referida declaración expresa su apoyo a un supuesto mandatario al que la Argentina no reconoce y quien nunca tuvo el ejercicio efectivo del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela".
Además,
el Gobierno argentino se mostró preocupado por "el llamado del Grupo de Lima a una convergencia con ´actores internacionales´" para una respuesta común hacia la “restauración de la democracia y el Estado de Derecho”. Tal como parece, el área que dirige Solá señaló que es un "llamado a una intervención extrarregional" y que no "puede admitirse una vía de acción que pueda generar un precedente de consecuencias impredecibles para América Latina y el Caribe".
De todas maneras, Argentina aclaró que comparte con la comunidad internacional la profunda preocupación por la situación de violaciones a los derechos humanos y exhorta al gobierno venezolano a investigar, juzgar y castigar a los responsables y apoya el informe de Bachelet.
"Argentina confía en la gran vocación democrática del pueblo venezolano. Creemos que sólo por la vía electoral puede establecerse de manera pacífica y racional una ruta consensuada e inclusiva para resolver las diferencias políticas en Venezuela, respetando su Constitución", agrega el comunicado argentino.
Por otro lado, también cuestiona "las sanciones unilaterales y los bloqueos físicos y financieros que repercuten sobre los sectores más necesitados". Y concluye: "Argentina mantendrá siempre su compromiso con la defensa de los derechos humanos y sostendrá los principios de no injerencia, paz y resolución política y democrática de la crisis venezolana".
