Aunque parezca jurídicamente inapelable,
la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió ser tenida como parte querellante en la causa en la que se investiga la existencia de 950 cuentas de argentinos radicados en el exterior que no habrían sido declaradas en el país por una suma que ronda los USD 2.600 millones, pero la jueza federal María Eugenia Capuchetti rechazó la solicitud con polémicos argumentos.
El organismo antilavado había argumentado que existiendo formación de activos en el exterior, en cuentas que no fueron declaradas ante la autoridad fiscal nacional, se debe investigar las posibles maniobras dirigidas a dar apariencia legal a a bienes de origen ilícito.
La UIF, a cargo del profesor de Derecho Penal
Carlos Cruz, busca participar de la investigación, que tuvo su origen ante una presunta protección de evasores por parte de las autoridades que tuvieron a su cargo la dirección de la AFIP hasta el 10 de diciembre de 2019, ya que esta Agencia habría ocultado la información relativa a esas 950 cuentas de argentinos en el exterior por un valor de 2.600 millones de dólares.
Esa información fue entregada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entidad que comparte su sede en París con el GAFI, en el año 2017, en el marco del proceso de intercambio entre agencias que se ocupan de temas tributarios.
Política Argentina pudo confirmar que la jueza Capuchetti rechazó que la UIF pueda ser parte bajo la excusa de que no tiene corroborada la hipótesis de lavado de dinero y señalar que, de configurarse, esa figura debería ser analizada en el fuero penal económico.
Desde el organismo que encabeza Cruz, al tanto de la cuestionable decisión, apelarán la decisión para que la Cámara Federal les permita tener acceso al expediente bajo la hipótesis de lavado, informaron fuentes al tanto del expediente a este medio.
Después de que en abril la AFIP informara el hallazgo de las 950 cuentas de argentinos radicadas en paraísos fiscales en el exterior que nunca fueron declaradas, el fiscal Federido Delgado hizo una investigación preliminar y efectuó una denuncia. Esa presentación fue sorteada y el caso recayó en manos de dos funcionarios judiciales macristas: Capuchetti y el rebelde Carlos Stornelli.
QUIÉN ES CAPUCHETTI
La presentación de esta jueza federal no puede eludir arrancar porque, tras el fallecimiento de Claudio Bonadio, se trata de la jueza con más vínculos fácticos con Juntos por el Cambio.
Capuchetti es jueza federal desde mayo de 2019, cuando la Cámara Federal le tomó juramento para hacerse cargo del Juzgado Federal número 5, vacante desde la renuncia de Norberto Oyarbide.
La entonces flamante magistrada se había presentado a concurso y su pliego enviado al Senado en noviembre de 2018 por el ex presidente
Mauricio Macri. Finalmente
fue aprobado el 16 de abril del año pasado con apoyo de las bancadas de Cambiemos y del Peronismo Federal. El kirchnerismo y aliados votaron en contra.
Pero, ¿qué hacía Capuchetti antes de que, ya de manera chequeada, el macrismo la hiciera jueza?
Era secretaria letrada del juez federal Sergio Torres, quien semanas después del ascenso de la magistrada dejó el juzgado número 12 para asumir en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, a pedido y propuesta de María Eugenia Vidal.
Con muchos años de recorrido en la Justicia, según señalan en Tribunales, Capuchetti pasó antes por la conducción de la dirección de una oficina de enlace del Ministerio Público Fiscal porteño, cuando el procurador era Martín Ocampo, hombre de confianza de
Daniel Angelici.
Es coherente esto último con lo que necesitó la ser jueza: Capuchetti contó con el aval de la mesa judicial de Cambiemos, a la que actualemente debe investigar, conformada por el ministro de Justicia, Germán Garavano; el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías; el asesor de Macri, José Torello; el secretario legal y técnico Pablo Clusellas y Juan Bautista Mahiques.
Es que a pesar de no haber ganado el concurso –ocupó el segundo lugar en la terna–, Capuchetti fue bendecida para ocupar una de las doce sillas donde se cursan las causas más sensibles de la Argentina, es decir Comodoro Py.
La jura para el cargo tiene una buena relación con su rechazo actual a que la UIF querelle: estuvo a cargo del presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, y de la ceremonia participaron la mayoría de los jueces y fiscales de instrucción, incluso el fiscal en rebeldía Stornelli, quien instruye con ella este expediente.
En esa ceremonia, por si faltaran datos, no faltaron el ex ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, y el aún procurador bonaerense Julio Conte Grand.
¿A QUÉ VA LA GENTE A LA AFI?
Responder a este subtítulo es difícil. O imposible. Lo que no es ni difícil ni imposible es corroborar su existencia.
Es que Capuchetti, que hoy no quiere que se investigue a posibles fugadores de dólares ilegales y que encabeza el expediente por presuntas presiones a jueces por parte de la “mesa judicial” de Cambiemos, tiene registradas reiteradas visitas a la ex SIDE.
¿Qué hizo allí? En principio se reunió con Silvia Majdalani y Gustavo Arribas, según reveló Tiempo Argentino hace un es. Otros funcionarios también la acompañaron en esas visitas, que quedaron asentadas en anotaciones manuscritas de los registros de la Central de Inteligencia.
Todas las visitas son previas a su designación y comienzan exactamente un año antes de que fuera elegida por el ex presidente Macri.
Capuchetti estuvo varias veces en la AFI. Fue designada jueza por el decreto número 375, cuya terna fue remitida por el Consejo de la Magistratura al Ejecutivo el 13 de setiembre de 2018. Nueve días antes, el 4 de setiembre, necesitó estar en la casa de los espías dos horas reunida con Majdalani.
A la ex "señora ocho" la visitó también el 19 de maro a las 16.35; 16 de abril de 2018 entre las 14.20 y las 16.20; el 25 de abril entre las 13.38 y las 15.30; el 6 de julio entre las 13.26 y las 14.17 y el 4 de setiembre entre las 12.50 y las 14.32.
Finalmente volvió a la AFI está registrada el 3 de octubre de 2018, pero esa vez el visitado fue Arribas, "el amigo más acostumbrado a las trampas", según Macri. Un mes más tarde, el 13 de noviembre de 2018, el líder PRO envió su pliego al Senado.
