"Esto no es lo que acordamos". Eso le habría dicho -según declaró ante la Comisión del Acuerdos del Senado- Mauricio Macri al juez Eduardo Farah cuando este último votó en favor de revocar la prisión preventiva de los accionistas del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa, en el marco de la causa conocida como Oil Combustibles. Más allá del escandaloso apriete y delito que tal presión implicaría y por si esto fuera poco, el magistrado aseguró no haber acordado "nada ni con Macri ni con nadie".
Farah se presentó ante Acuerdos de la Cámara alta, en el marco de la audiencia en la que se analizó el traslado a dedo de jueces durante el gobierno de Cambiemos. En esta ocasión, detalló las presiones que sufrió por su intervención en la denominada causa Oil Combustibles y apuntó contra dirigentes entonces oficialistas y hoy opositores, situación que la cual le pegó duro al entonces abogado representante de la AFIP, el radical Ricardo Gil Lavedra, y a los medios.
Según difundió Ámbito.com, Farah se refirió a las razones de su traslado como magistrado desde la Cámara Federal de Comodoro Py a la justicia de San Martín, movimiento que hoy el Senado evalúa. Según relató, él mismo lo solicitó por motivos "personales", pero que en realidad estaban impulsados por la presión que sufrió en carne propia por su intervención en la causa Oil Combustibles
Recordó que firmó por confirmar la imputación contra los acusados, pero cambiando la calificación legal "por una más adecuada", vinculada a la "naturaleza tributaria".
"Voté también por revocar la prisión preventiva porque no era cierto que intentaran vender acciones de la empresa sin autorización del juez, que esa era el motivo que fundamentaba la prisión preventiva", argumentó Farah.
Asimismo, aseguró que desde entonces sufrió "durante dos meses en los medios, prácticamente las 24 horas del día" críticas a su fallo y descalificaciones sobre su integridad, además de agresiones y mensajes a través de las redes sociales. Y denunció que no recibió el respaldo de la Asociación de Magistrados, quien a su entender, decidió "guardar silencio".
También recordó que fue "denunciado por abuso de autoridad, prevaricato y cohecho", y que esa situación le generó una presión personal que lo llevó a pedir el traslado. Cabe recordar que posteriormente, la Justicia determinó que actuó conforme al derecho y que no se hallaron irregularidades ni en su accionar ni en su patrimonio.
Al ser consultado sobre presiones políticas, Farah apunto a dirigentes de Cambiemos, a ciertos medios comunicación, y al entonces abogado de la AFIP, el dirigente de la UCR Gil Lavedra.
