Sin duda alguna, si se acusa de integrar una banda de espionaje político ilegal a su secretario privado y a los jefes designados por él y que ejercieron funciones en la Agencia Federal de Inteligencia durante todo su mandato,
se empieza a cerrar el círculo del espionaje ilegal sobre el propio Mauricio Macri.
El juez federal de Lomas de Zamora
Juan Pablo Augé citó hoy a declaración indagatoria a
Darío Nieto, el secretario privado del ex presidente, y de los ex directors de la AFI
Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en la causa por espionaje ilegal a políticos, empresarios, dirigentes sociales, líderes religiosos y periodistas que tramita en Lomas de Zamora, informaron fuentes judiciales.
"Considero que existen motivos bastantes para sospechar que Gustavo Héctor Arribas, Silvia Majdalani, y Darío Nieto han participado en la comisión de los hechos calificados prima facie como infracción a los artículos 210, 248, 249 del código sustantivo y y 43 bis de la ley 25.520, razón por la que habré de convocarlos a prestar declaraciones indagatorias", dice la resolución.
Auge dio curso así al pedido que habían formulado los fiscales federales
Cecilia Incardona y Santiago Eyerhabide. Además de Nieto, Arribas y Majdalani, también fueron citados a indagatoria los ex agentes de la banda Super Mario Bros, por el nombre que tenían en un grupo de WhatsApp, y a integrantes de otros grupos de la misma plataforma. A todos se los acusa de integrar una organización que se dedicó al espionaje político durante el macrismo.
En la misma resolución,
el juez le pidió al Consejo de la Magistratura que le "asigne una plataforma que permita realizar las mismas en forma remota", y señaló que la fecha de las audiencias se fijará una vez que obtenga respuesta a ese requerimiento.
En el texto de la resolución, se agrega, que "de igual forma y resultando necesario, luego de la prueba colectada por los fiscales a cargo de la investigación, que presten declaraciones en ampliación los siguientes imputados: Facundo Melo, Leandro César Araque, José Horacio Sáez, Emiliano Federico Mata, Alan Ruiz, Susana Mabel Martinengo, Diego Luis Dalmau Pereyra", entre otros en la extensa lista.
"Consideramos que los nombrados conformaron una organización criminal construida desde el propio aparato del Estado Central, en especial desde el Poder Ejecutivo Nacional y una de sus dependencias directas, la Agencia Federal de Inteligencia", sostuvieron los fiscales en el dictamen.
Y agregaron, en las 129 páginas del texto: "Con distintos roles, quienes componían la organización, se valieron de su calidad de funcionarios públicos y utilizaron la infraestructura del Estado Nacional para llevar a cabo actividades de inteligencia y/o espionaje en infracción a la ley 25.520, en distintos periodos y abarcando diversas jurisdicciones territoriales".
Una parte importante del material probatorio que obra en el expediente surgió de los teléfonos celulares secuestrados a los espías investigados, donde se detectó que compartían parte de la información producida de forma ilegal en grupos de Whatsapp identificados como "Super Mario Bros", "Grupo Pilar", "Grupo Argentina", "Grupo Las Tres" y "Grupo Cueva", según pudo reconstruir esta agencia.
LA CAUSA
Se investiga, básicamente, un mecanismo de espionaje ilegal practicado durante la presidencia de Macri sobre dirigentes del entonces oficialismo pero principalmente de la oposición, así como sobre miembros de la iglesia católica, sindicalismo, empresarios y periodistas, entre otros rubros.
La hipótesis de la justicia en la causa es la de que, en los últimos años, funcionó una organización criminal con inserción en diversos organismos del Estado Nacional, Provincial y local. Sus integrantes cumplieron diferentes roles estratégicos, valiéndose de su calidad de empleados públicos y agentes o dependientes de las Fuerzas de Seguridad o AFI.
Dentro de la estructura de la AFI, la dirección de
"esta empresa ilegal provenía principalmente de Gustavo Arribas y de Silvia Majdalani", sostuvieron los fiscales que, además, indicaron que "se encuentra probado que los agentes tenían una línea de vinculación con otros funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, específicamente funcionarios dependientes de Presidencia de la Nación, con los que compartían parte del flujo de información producto de estos espionajes".
En ese lugar sindicaron a "Susana Martinengo, quien no solo se reunía con (los entonces espías) Leandro Araque y el (Jorge) "Turco" Sáez en la casa de Gobierno; sino que tenía contacto asiduo con ellos e intercambiaba información que luego utilizaban para sus aspiraciones políticas y a su vez transmitida a un superior, en este caso, al Secretario del Presidente de la Nación, Darío Nieto".
Los fiscales señalaron en su presentación que
"se ha probado, a pesar de que la nombrada (Martinengo) lo ha negado en su indagatoria, que los informes remitidos por Sáez y Araque los envió a Darío Nieto" con quien también habría compartido su interés de presentarse como candidata en una contienda electoral en el partido de San Martín para lo cual "habría procurado el apoyo de (el ex ministro de Educación, Alejandro) Finocchiaro y cuanto menos se reunió con (el barrabrava de Boca) Rafael Di Zeo en la oficina que todos llamaban ´La cueva´, sita en la calle Pilar".
En el dictamen fiscal se reseñaron, además, alguno de las notas que Nieto tenía en sus celular y que, según presumen los investigadores, borró cuando tomó conocimiento de que sería allanado, hecho que hizo que se encerrara en su auto ante la presencia policial antes de permitir el desarrollo de la diligencia.
En la extracción de datos del celular de Nieto se pudo recuperar un mensaje que envió el mismo día del allanamiento en el que le preguntaba a uno de sus contactos quién era el abogado de Martinengo, a la vez que pudieron recuperarse afectuosos mensajes que intercambió con la propia imputada el 10 de diciembre de 2019 a modo de despedida por el cambio de gobierno.
Entre las notas borradas del celular de Nieto se encontró una que decía del 19 de junio de este año, cuando ya había explotado la causa del espionaje ilegal, que decía:
"Mauricio, me llamó Cristian -seguramente porque la Turca lo llamó-.Hizo hincapié en que falta un relato, que estos tipos habían estado en la Metropolitana, nosotros los llevamos a la AFI y nadie se hace cargo ni hay explicación para eso".
"Los hechos de espionaje fueron múltiples y se exteriorizaron a través de instalación de puestos de observación en los domicilios de residencia de algunas de las víctimas y/o en sus lugares de trabajo; registro de esas observaciones mediante fotografías; recolección y recopilación de información a través de la utilización de diversas fuentes (portales de Internet de acceso público, notas periodísticas, compulsas en diversas bases de datos, fuentes privadas, acceso a cámaras instaladas en los distintos puntos de observación; etc.); realización de seguimientos mediante vehículos de la propia AFI; participación encubierta en actividades de carácter político, entre otras maniobras", reseñaron los fiscales.
LOS PINCHADOS
Entre los afectados están dirigentes políticos de primerísima plana, opositores y oficialistas, que van
desde la entonces senadora y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hasta los hombres de Juntos por el Cambio y cabezas del Poder Ejecutivo de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli.
También fueron espiados Emilio Monzó, Nicolás Massot, María Eugenia Vidal, Graciela Caamaño, entre otros, al igual que el periodista Hugo Alcomada Mon -de La Nación-, el Obispo Diocesano de Lomas de Zamora, la hermana y el cuñado de Macri, Florencia Macri y Salvatore Pica, y los sindicalistas Luis Barrionuevo y Hugo Moyano. Hasta ahora, todos los que se presentaron para conocer el material sobre ellos se convirtieron en querellantes en el caso.
