Las múltiples denuncias y causas judiciales en que se investigan distintas aristas del escandaloso aparato de espionaje ilegal que
Mauricio Macri habría desplegado desde el Estado para la persecución política e ideológica arrojaron también que
la Agencia Federal de Inteligencia durante la gestión Cambiemos no sólo compró a EEUU 120 celulares que reconfiguró para que sean "impinchables" sino que además los repartió entre las mayores cabezas del macrismo, casi todo el Gabinete y además amigos e integrantes sin cargo de la famosa "mesa judicial" del ex presidente, y hasta les pagaba las facturas.
Tal como reveló Página 12, parece ser que el único denominador común de los beneficiarios de los teléfonos encriptados de la AFI es la cercanía con Macri y, específicamente, Juntos por el Cambio. Si se quisiera categorizar a quienes tenían los aparatos, hay ex funcionarios y dirigentes que encabezaban o encabezan poderes ejecutivos, lo que en ciertos casos podría tener explicación, pero el problema es que también
aparecen personas que no tenían ningún cargo en ninguno de los gobiernos que Cambiemos tenía bajo su tutela.
Tenían estos celulares
el propio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, dirigentes que encabezan los tres principales gobiernos del período 2015-2019. No les tocó a los gobernadores radicales. En cuanto a los jefes de la alianza Cambiemos, tenía un aparato el radical
Ernesto Sanz, uno de los creadores del espacio, pero no le tocó a
Elisa "Lilita" Carrió, la otra co-fundadora.
Tenían teléfonos blindados la mayoría de ex ministros y funcionarios. Hasta
Laura Alonso (OA) y Sergio Bergman (Ambiente). Del gabinete macrista y otros cargos jerárquicos señalados como beneficiarios que identificó la AFI se suman: Andrés Ibarra (Modernización), Guillermo Dietrich (Transporte), Alberto Abad y Leandro Cuccioli (AFIP), Jorge Faurie (Cancillería), Jorge Triaca (Trabajo), Nicolás Dujovne (Hacienda), Luis Caputo (Finanzas), Gustavo Lopetegui (ex vicejefe de gabinete), Mario Quintana (ex secretario de Coordinación), Fernando de Andreis (es secreatrio presidencial), Jorge Grecco (el ex secretario de Comunicación cuyo patrimonio en el macrismo aumentó más de 3000%), Mariano Federici (Unidad de Información Financiera), el ex diputado Emilio Monzó y el ex senador Federico Pinedo.
Pero curiosa e injustificadamente los celulares “Criptex” que la AFI pagaba
también le llegaron a varios de los integrantes de la "mesa judicial M", fueran o no funcionarios en aquel momento, y a otros personajs polémicos y cercanos a Macri: se mezclan personas con cargos en el Gobierno como
Pablo Clusellas, que fue secretario Legal y Técnico;
José Torello, ex jefe de asesores en la Presidencia; el ex ministro de Justicia,
Germán Garavano; y otras sin ningún cargo formal, como
Daniel "Tano" Angelici, conocido por sus habilidades como operador en tribunales.
También tuvo el suyo
Patricia Bullrich, la ex ministra de Seguridad. Pero lo más polémico de todo es que hay un grupo de personas sobre quienes es y va a ser difícil justificar por qué el Estado les daba y pagaba estos teléfonos: uno es el consultor
Jaime Durán Barba. Otro es
Nicolás “Nicky” Caputo, el "amigo del alma" del ex presidente, que fue un adjudicatario estrella de obras en la ciudad de Buenos Aires, ex socio del propio Macri y titular del Grupo Caputo (con firmas en el negocio de la construcción y energía, entre otras cosas), y ex cónsul en Singapur.
También tuyo su celular blindado el aún procurador bonaerense
Julio Conte Grand, que antes fue secretario legal y técnico de la ex gobernadora Vidal. Hablando de esta última, en la Provincia le tocó un teléfono encriptado a su ex ministro de Seguridad,
Cristian Ritondo. También hubo un ejemplar para un intendente: el de Vicente López,
Jorge Macri.
Final y sorpresivamente, hay que mencionar que le llegó su Nexus al abogado de Macri y actualmente de Arribas,
Alejandro Pérez Chada; y a
Natalia Zang, la ex CEO de la marca de ropa Jazmín Chebar, que llegó al gobierno PRO a través del ex vicejefe de gabinete y ex CEO de Farmacity, Quintana (que tuvo su teléfono). Esta ex funcionaria organizó el G20, el evento por el que la AFI espió a 400 periodistas.
LAS HUELLAS DEL DELITO
La AFI inició la búsqueda de estos teléfonos celulares dotados de una tecnología especial de encriptación para volver inaccesible su contenido y las conversaciones, a raíz de que uno de sus agentes declaró en la causa sobre espionaje ilegal que Macri y Arribas se comunicaban de esa manera. Además, ya se conocía su existencia, incluso públicamente, desde el mismo momento en que gobernaba Cambiemos, como
recordó Política Argentina.
Martín Coste, ex jefe de contrainteligencia, reveló ese dato cuando le preguntaron en su indagatoria sobre la vinculación entre el Macri y Arribas. No sería algo poco esperable, pero particularmente a la fiscalía de Lomas de Zamora a cargo de Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, que investiga dos expedientes acerca del espionaje ilegal, sí le interesa analizar la frecuencia y el contexto de aquellas comunicaciones.
Es que que Coste aseguró que el ex presidente podía ser una de las fuentes de las órdenes para hacer inteligencia ilegal con fines políticos, lo cual a esta altura se cae de maduro. Por eso le pidieron información a la central de inteligencia, que ya envió un primer informe.
La búsqueda de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, logró concluir que no eran unos pocos para un grupo selecto de funcionarios que pudieran tener comunicaciones críticas, tal vez explicable. Encontraron dos comprobantes de compra de la Dirección Operacional de Inteligencia sobre Ciberseguridad a la empresa Edmar Technologies Inc., en un shopping en California: en una primera tanda compraron 100 teléfonos a 470 dólares cada uno (por un total de 47.769 dólares), el 17 de junio de 2016; mientras que en una segunda adquisición figuran 20 celulares a 445 dólares cada uno (9906 dólares).
El modelo que eligieron es el “Nexus 6P H1512” y la marca es “Huawei”, tal como había indicado Coste en su declaración y como se sabe desde 2018, como
mostró Política Argentina. Dijo que a él también le habían dado uno, pero que no lo usó. Un dato curioso es que, hasta ahora, fueron encontrados 100 aparatos, por lo que estarían faltando al menos 20. Lo que tienen claro en la AFI es que semanas atrás dieron de baja a decenas de líneas que todavía seguía pagando el organismo y que nadie sabía quién utilizaba.
En la planilla Excel donde están detallados las/os adjudicatorias/os, hay una columna donde se consignaba la dependencia o lugar en la propia AFI donde supuestamente trabajaba cada quien y el “IMEI” del teléfono (el código que lo identifica). En algunos casos ese número está ausente. La interventora Caamaño analiza si hay posibles delitos en puerta que justifiquen una denuncia penal: por un lado es dudoso que hubiera celulares asignados y cuyo uso era pagado por el Estado para personas que no eran parte del Gobierno; y se intenta establecer quiénes se quedaron con el aparato y la línea. Hay constancias de devoluciones, pero sobre algunos no hay nada y esto es algo que habrá que dilucidar.
