Aunque ya esté fuera de la Casa Rosada, le siguen llegando las decisiones favorables a sus intereses por parte de la Cámara Federal que armó a su medida:
los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia revocaron una orden de la jueza María Servini para peritar e investigar las comunicaciones y llamadas entre el ex presidente Mauricio Macri y los integrantes de su "mesa judicial" en el marco de la causa en que se indaga las presuntas presiones del gobierno de Cambiemos sobre el Grupo Indalo, dueño del canal C5N.
Lo que hizo la Cámara Federal es revocar la medida de prueba que había impulsado Servini para acceder al registro de las llamadas de Macri durante su gestión, en una causa donde se investiga una denuncia de
Fabián de Sousa, que acusó al gobierno de Cambiemos de haberlo extorsionado para que entregara las empresas que comparte con
Cristóbal López. Así, se busca saber si el ex presidente y varios de sus ex funcionarios formaron una asociación ilícita para apoderarse del
Grupo Indalo por su línea editorial.
El fallo es de
la Sala II de la Cámara Federal, integrada por los cuestionados Irurzun y Bruglia, este último colocado en ese cargo de forma irregular por el propio Macri, que
hizo lugar a tres recursos de queja de las defensas de -casual o causalmente- Macri, Fabián Rodríguez Simon y José Torello.
En concreto, los jueces frenaron que se investiguen las llamadas de los imputados entre sí, que, según la orden de Servini, serían las "realizadas -y celdas activadas- entre el 01 de enero de 2016 y 31 de agosto de 2019 por Macri y por otros funcionarios de alto rango del Poder Ejecutivo". El argumento utilizado le indica a la jueza modificar el decreto para la medida de prueba limitando temporalmente ese período de las comunicaciones, con lo que en el mejor de los casos los investigados consiguen tiempo de oro.
La idea era que la DAJUDECO –la oficina de la Corte Suprema- analizarara el cruce de llamadas de Macri, Torello, Nicolás Caputo, Rodríguez Simón, Mario Quintana, Javier Iguacel, Alberto Abad y Leandro Cuccioli, y los empresarios Martín Rappallini, Orlando Terranova e Ignacio Rosner. También se buscaba saber desde dónde se activaron esos teléfonos.
Tal como reveló Infobae, Irurzun y Bruglia autocitaron su jurisprudencia propia, la de la Corte Suprema y la de la Corte Interamericana exige que
"las pruebas ordenadas en el juicio penal se atengan a pautas de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad". Por supuesto, sin precisar por qué la medida de prueba violentaría esa "necesidad, razonabilidad y proporcionalidad".
Además,
los camaristas fueron enfáticos y puntillosos a la hora de defender la postura de las defensas de Macri, "Pepín" Rodríguez y Torello en dos puntos, aunque poco precisos: en primer lugar, le ordenaron a la jueza que dicte un nuevo decreto para llevar adelante la diligencia y la instaron a que esas comunicaciones se analicen cuando la jueza delimite “los momentos que, a su modo de ver, resuelten relevantes” para la causa que investigue; en segundo orden, le hicieron llegar una fuerte advertencia para que cuando se obtengan esos resultados, se destruyan y/o no se filtren las comunicaciones que se tengan que ver con esta investigación, todo lo que nunca pasó con las investigación sobre la oposición a la gestión macrista.
La defensa de Rodriguez Simón, Macri, Quintana y Torello plantearon su impugnaciones ante la propia Servini, que la semana pasada las rechazó. Pero también ante la Cámara Federal, superior de la jueza. Llevaron tres quejas por apelación denegada contra el decreto que ordenaba identificar las llamadas del ex presidente y sus funcionarios, y también reclamó la nulidad de la decisión.
Macri y sus allegados argumentaron que “la medida dispuesta era innecesaria, inadecuada y desproporcionada, lo que violentaba el derecho a la intimidad y privacidad”. También que “no se encontraba debidamente fundamentada, lo que a su vez afectaba el derecho de defensa y debido proceso”. Reconocieron temor a que se confeccionaría “una suerte de ‘mapa’ de las comunicaciones y ubicación de altos funcionarios del anterior Gobierno Nacional” afectando “información sensible” relacionada a “cuestiones políticas propias de la gestión del Poder Ejecutivo”.
Para defenderse,
Macri y sus ex funcionarios se compararon y diferenciaron con narcos: “No se estaba en presencia de una banda de narcotraficantes, que debía reconstruirse lo que hicieron durante tres años, sino ante personas que iban desde el ex Presidente de la Nación hasta asesores del más alto prestigio”.
Tras analizar la causa, Irurzun y Bruglia decidieron “hacer lugar a la queja interpuesta por las defensas, declarar mal delegada y conceder la apelación” y resolvieron “revocar lo ordenado mediante el decreto encomendara que se proceda de acuerdo a lo encomendado”.
El fallo también dice que lo resuelto “no pone en duda el juicio de atinencia sobre la medida de prueba que pueda hacer la instructora” pero frena la medida.
Insólitamente, Bruglia e Irurzun sostienen que investigar los llamados durante tres años y medio “implica afectar sin sustento normativo derechos individuales y esferas de la actuación ajenas a la incumbencia jurisdiccional de sus auxiliares o las partes”. Si es menos tiempo, parece que no se afectan "los derechos individuales".
“Corresponderá que emita un nuevo pronunciamiento donde se limitan los alcances de la medida de prueba a los espacios de tiempo que se ciñan estrictamente a los momentos a su modo de ver relevantes según la hipótesis fijada en el caso”, sostuvo la Cámara Federal.
Además, preocupados por el contenido de las comunicacines de Macri, amenazaron a Servini ante filtraciones futuras de esas llamadas que pudieran llegar a la prensa: “Ni bien se produzcan los primeros resultados desde las dirigencias elaboración de los dictados de las llamadas de los abonados individualizados, esa información será recibida únicamente por el juzgado para que la directora del proceso está en condiciones de determinar cuáles datos son ajenos al legajo imponiendo su eliminación y cuáles sí pueden ser destinados a la actividad de los auxiliares de justicia y al conocimiento de todas las partes legitimadas”.
La causa comenzó con una denuncia de De Sousa, cuando aún estaba preso. Allí acusó a Macri y funcionarios de su gobierno por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional, violación de sus deberes funcionales, abuso de autoridad y peculado. En esa causa declaró como testigo Cristóbal López que el día de las elecciones generales de 2015 fue a una reunión con Macri en donde el hoy presidente le preguntó “qué vínculo tenía con Cristina Kirchner” y, según declaró, “me hizo saber que había que meterla presa”. También relató en detalle cómo fueron, según su versión, los mensajes para cambiar la línea editorial de C5N, las advertencias de que iría preso y las negociaciones para intentar vender el canal.
Al impulsar la investigación, el fiscal Guillermo Marijuán describió, en base a la denuncia de De Sousa, que se investigan “diferentes sucesos que habrían tenido lugar a partir del año 2015 y que habrían implicado el ejercicio de presiones a partir de actos públicos, mediante notas periodísticas, y en la esfera privada, a través de reuniones en las que habrían participado quienes entonces eran funcionarios del Poder Ejecutivo (incluso el ex Presidente de la Nación)”.
