Finalmente,
parece ser que a Mauricio Macri no le cumplirán el capricho y tendrá que entregar su teléfono para que le periten los llamados con los integrantes de la famosa "mesa judicial M", en el marco de la causa por la persecución al Grupo Indalo con el objetivo de presionar a C5N y la prensa en ese entonces opositora a Cambiemos.
La jueza federal
María Servini ratificó hoy el entrecruzamiento de llamados entre teléfonos del ex presidente y otros investigados en una causa por supuestas maniobras ilegales contra Indalo, al rechazar planteos de nulidad contra esa medida de prueba presentados por las defensas de, entre otros, Macri.
"La medida de prueba ordenada cumple con todos los requisitos necesarios para su dictado; el conocimiento de todo el universo de llamados resulta necesario a efectos de poder determinar si eventualmente hubo variaciones en los flujos de comunicaciones en las cercanía a los hitos individualizados", concluyó la magistrada en la resolución a la que accedió Télam.
La medida de prueba sobre los teléfonos y las comunicaciones fue objetada por las defensas de Macri y de
Fabián Rodríguez Simón, Mario Quintana y José Torello.
Servini, con argumentos contundentes, ordenó la prueba el 6 de julio pasado y dispuso un entrecruzamiento de llamados entre Macri, Rodríguez Simón, Quintana, Torello y los ex titulares de la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli, entre otros, para establecer si se comunicaron en las fechas en que los denunciantes
Fabián De Sousa y Cristóbal López afirmaron haber recibido presiones o advertencias de dictado de medidas contra el Grupo Indalo.
Pablo Lanusse, el abogado de Macri, había pedido acceso a documentación reservada de la causa y calificado lo dispuesto por Servini el 6 de julio pasado como “arbitrario” y “exorbitante”. Lo más insólito de todo es el argumento con el que pretendía que la jueza frenara el peritaje: según el ex mandatario, lo dispuesto carecía "de fundamentación, y vulnera los derechos, principios y garantías de defensa en juicio, debido proceso, mínima intervención estatal, no injerencia indebida, intimidad, proporcionalidad, razonabilidad, dignidad humana”.
No conforme, intentaba agarrarse de su ex cargo para evitar que se lo investigue, al sostener que peritarle sus llamados
“compromete la seguridad nacional y cuestiones de Estado, por las características desproporcionadas, exorbitantes y abusivas que presenta”.
La medida ordenada, sostuvo Servini, no está entre aquellas que pueden ser recurridas por las partes y tiene como objetivo determinar además "los abonados telefónicos que fuesen usados por los imputados y no estuvieran a su nombre; ello considerando la gravedad de los hechos que se investigan, que involucrarían a una parte importante de altos funcionarios del gabinete del anterior gobierno nacional".
Servini descartó además el argumento usado por las defensas vinculado a una supuesta violación a la "seguridad nacional". "Tampoco se encuentra fundado el argumento que la medida de prueba violaría la seguridad nacional, ya que no se expusieron las razones que motivarían tal afirmación, más allá de la mera enunciación de las atribuciones constitucionales que tiene el presidente de la Nación", agregó en la resolución.
El primero en pedir la nulidad de la medida de prueba fue Rodríguez Simón, cuya defensa sostuvo que lo ordenado era "innecesario, inadecuado y absolutamente desproporcionado a sus fines, y violentaba el derecho a la intimidad y privacidad".
Servini ordenó determinar "los registros de comunicaciones con activación de celdas" en el período comprendido entre el 01 de enero de 2016 y 31 de agosto de 2019 y también confeccionar "un detalle de interlocutores comunes y frecuentes, y un entrecruzamiento de llamadas".
De esta manera, los investigadores de la DAJUDECO analizarán el cruce de llamadas de Mauricio Macri, José María Torello, Nicolás Caputo, Fabián Rodríguez Simón, Mario Quintana, Javier Iguacel, Alberto Abad, y Leandro Cuccioli, y los empresarios Martín Rappallini, Orlando Terranova e Ignacio Rosner. También quiere saber desde dónde se activaron esos teléfonos.
Más allá de la decisión de Servini, la Cámara Federal de los cuestionados Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia tiene bajo estudio las presentaciones de Macri, Rodríguez Simón y Torello para anular las medidas solicitadas por Servini y puntulamente el análisis de la comunicaciones, confirmaron a Infobae fuentes judiciales.
Según consta en la causa, el hombre PRO estuvo involucrado, junto a funcionarios y empresarios, en hechos de presión denunciados por Fabián De Sousa, ratificados en el juzgado por otras personas cercanas al Grupo Indalo. La información publicada por Ámbito Financiero señala que los testigos relataron como los hombres del gobierno macrista les hacían llegar las presiones y los deseos del propio Macri para con el futuro de las distintas empresas del grupo.
