Parece ser que presentar escritos, no responder preguntas y recusar al juez del escándalo de fraude al Estado que significó el caso peajes es el modus operandi de los ex funcionarios de Juntos por el Cambio imputados. En el caso de hoy,
Guillermo Dietrich, quien fuera ministro de Transporte en el gobierno de Mauricio Macri, no quiso dar explicaciones ante cuestionamientos de la Justicia, rechazó todas las acusaciones que pesan en su contra en un escrito presentado durante su declaración indagatoria en la causa que lo investiga por la renegociación de concesiones viales y recusó al juez del expediente, Rodolfo Canicoba Corral.
Hace poco más de una semana, hizo lo mismo el ex ministro de Energía, ex titular de Vialidad Nacional y actual intendente del municipio de Capitán Sarmiento, Javier iguacel, que enfrenta similares acusaciones que Dietrich.
El ex titular de la cartera de transporte se presentó ante el magistrado en un trámite que se realizó de manera remota a través de la plataforma Zoom, en función de las limitaciones impuestas por la pandemia de coronavirus. Según Télam, el ex funcionario entregó un
escrito de 130 páginas que fue incorporado por sistema y se negó a contestar preguntas.
En el escrito, rechazó haber cometido delitos en la renegociación de contratos de peaje y dio detalles técnicos sobre cómo fue esa operatoria, a la vez que
recusó a Canicoba Corral, que se jubila a fin de mes, por "parcialidad manifiesta" y por el supuesto "manejo arbitrario" del expediente.
Dietrich está sindicado como uno de los responsables de haber beneficiado a Autopistas del Sol (AUSOL) y al grupo Consecionario Oeste S.A. con la prolongación de las concesiones en Acceso Norte y Acceso Oeste, sin licitación, hasta el 2030, en un acto que incluyó el reconocimiento de supuestas deudas por atrasos tarifarios por 499 millones de dólares y 247 millones de dólares respectivamente.
LEÉ ACÁ LOS DETALLES DEL EXPEDIENTE
En su defensa,
el hombre de Macri negó todo y hasta dijo que ayudó a la Argentina: sostuvo que le ahorró al país "un juicio millonario que iban a pagar todos los argentinos; mejoró notablemente las condiciones para el Estado reconociendo un tercio de los montos reclamados; bajó los intereses estirando el tiempo de repago por peaje para que las obras las paguen sólo quienes las usan evitando subas exorbitantes y logró nuevas inversiones en obras fundamentales".
Sin embargo,
es de difícil acuerdo la postura de Dietrich teniendo en cuenta que un funcionario de Macri fue echado, entre otras cosas, justamente por argumentar en el mismo momento de la discusión todo lo contrario: la declaración del ex ministro choca en el expediente con la del ex procurador del Tesoro, Carlos Balbín, quien enumeró los motivos por los cuales la demanda de Abertis (empresa asociada de Ausol) ante el CIADI no lograría prosperar.
Balbín, de hecho, debió abandonar su cargo luego de manifestarse en contra de ceder ante reclamos como el de las concesionarias de peajes y fue reemplazado por Bernardo Saravia Frías, quien días atrás fue procesado en este expediente, acusado de convalidar actos que afectaron los intereses del Estados.
En la causa, además de Dietrich e Iguacel, también está procesado y está citado para el lunes a indagatoria el ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne.
