Quedaron lejos los tiempos de los tarifazos y de que el Presidente de la Nación -de aquel entonces- los justificara y pidiera "no andar en remera y en patas en casa" en invierno, como él mismo hacía y se encargaba de mostrar en redes sociales. Es que ahora, según parece,
la Justicia empieza a juzgar las presuntas acciones ilegales del gobierno de Mauricio Macri y su ministro de Energía, Juan José Aranguren, acerca de la dolarización de las tarifas de gas que perjudicó a los usuarios y benefición a las productoras.
El fiscal federal
Guillermo Marijuán decidió abrir una investigación sobre los hechos denunciados por el actual interventor del Enargas, Federico Bernal, contra el ex ministro de Energía Juan José Aranguren y otros funcionarios, en relación a la
fijación de precios en dólares al gas para el mercado interno durante los años 2018 y 2019.
Según la denuncia de Bernal, este acuerdo provocó "un perjuicio millonario a las arcas del Estado y al bolsillo de los usuarios, y un beneficio indebido para las empresas productoras". Cabe destacarse que Aranguren, antes de llegar al gobierno de Macri, fue CEO de Shell Argentina. Incluso luego habría conservado una buena porción de acciones de la firma.
La denuncia que efectuó el interventor del Enargas recayó sobre el ex ministro y su ex subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos Marcos Pourteau, el ex presidente del ente fiscalizador del servicio Mauricio Roitman, los cuatro miembros del Directorio que lo acompañaban en su gestión y la ex gerenta de Legales del organismo.
Marijuán imputó a Aranguren, Pourteau, Roitman y a los exdirectores del Enargas y dispuso una serie de medidas de prueba, entre ellas el envío de un oficio al organismo para que remita en formato digital las resoluciones cuestionadas y un "detalle de todas las resoluciones/actuaciones del ente" en el tema.
Al organismo también se le pidió
"un detalle de todas las resoluciones/actuaciones del ente vinculadas con la determinación de precios para la comercialización de gas en PTS" desde el año 2016. Además la fiscalía requiró al Ministerio de Desarrollo Productivo el envío de documentación.
La denuncia que motivó la imputación de Aranguren detalla que en noviembre de 2017 el ex ministro "convocó a los productores y distribuidores de gas para establecer las bases y condiciones en la comercialización de gas", semanas antes de que se venciera el período de emergencia. A partir de ese momento momento el precio debía pasar a ser definido en régimen de competencia.
¿Qué hizo Aranguren? Su propuesta fue fijar el precio en dólares y a tipo de cambio variable (para su conversión en pesos) para los contratos de 2018 y 2019. Luego, en los primeros meses de 2018, Macri y su ministro de Finanzas, Luis Caputo, perdieron el crédito internacional por la abultada deuda acumulada en los dos años anteriores. En mayo fueron al FMI para poder sostener financieramente al gobierno ya en crisis.
Las fuertes devaluaciones que siguieron a esos hechos y esa inestabilidad se trasladalaron a las tarifas del gas por redes, por imperio del acuerdo impulsado por Aranguren. No obstante, éste terminó siendo fusible de Macri para revitalizar su gestión y perdió su cargo.
Una orden judicial impidió que se siguieran aplicando los aumentos, pero la alternativa que ofreció el nuevo titular del área (degradada a Secretaría), Javier Iguacel, fue que los aumentos del gas acordados se consolidaran como una deuda de los usuarios a los que se les cobraría "en 24 cuotas mensuales a partir de enero de 2019".
Así lo instruyó el Enargas a las distribuidoras, pero no llegó a aplicarse. El gobierno de Macri decidió que el Estado le pagara a las productoras el ajustazo de Aranguren, dada la inconveniencia política de aplicar el aumento en pleno año electoral. Ganaron las empresas, los usuarios perdieron un poco menos de lo que Cambiemos quería, el Estado pagó pero Macri igual perdió lo comicios.
