Definitivamente, los dirigentes de Juntos por el Cambio más comprometidos en causas judiciales echan mano a todos los vericuetos legales -o ilegales- posibles para evitar ponerse a derecho. Ayer, el propio
Mauricio Macri realizó una presentación a través de la que pretende evitar que se investiguen sus llamados con los integrantes de su "mesa judicial" en el expediente acerca de su persecución al Grupo Indalo. Hoy,
el ex ministro de Energía y ex titular de Vialidad Nacional de su gestión, Javier Iguacel, se negó a prestar declaración indagatoria en la causa que investiga supuestos delitos cometidos en la prórroga de concesión de contratos de peajes que habrían implicado beneficios para la ex familia presidencial y una defraudación al Estado por hasta USD 1.000 millones.
Iguacel se conectó por videoconferencia al igual que su abogado defensor, Hugo Wortman Jofre, para cumplir con el trámite dispuesto por el juez federal
Rodolfo Canicoba Corral y ante los funcionarios del juzgado, pero sólo manifestó su negativa a prestar declaración indagatoria, informaron fuentes judiciales.
En la causa se investigan los delitos de defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. Mañana, deberá declarar el ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías. También están citados a dar explicaciones, pero aún no tienen fecha, los ex ministros de Transporte Guillermo Dietricht y de Economía Nicolas Dujovne.
También fue imputado Ricardo Stoddart, a cargo de Asuntos Jurídicos de Vialidad; y el presidente del directorio de Autopistas del Sol SA, Andrés Alfonso Barberis Martín. El magistrado estableció, además, para todos ellos la prohibición de salida del país debido “al estado del proceso y la gravedad de las conductas que se investigan”.
En la causa se investigan presuntas irregularidades en la renegociación de contratos de concesionarias de peajes en las autopistas Panamericana y Acceso Oeste que habrían beneficiado a empresas que estuvieron vinculadas al expresidente Macri.
Canicoba Corral, magistrado que conduce la causa, se jubilará el 29 de julio próximo cuando cumpla los 75 años. Habrá que ver qué ocurre y cuánto demora el avance del expediente con el juez que se haga cargo. La investigación nació con una denuncia de los diputados del Frente de Todos Rodolfo Tailhade, Adrián Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau.
LAS MANIOBRAS QUE SE INVESTIGAN
- El gobierno de Macri le reconoció una deuda entre cuestionada e inexistente de casi USD 500 millones a las concesionarias de peajes -empresas entre las que la familia del ex presidente tenía parte de las acciones- por "inversión no realizada por el Estado". Esto significa que la administración pública le reconoció a las firmas que tenía que hacer construcciones que no hizo y garantizar ganancias que las concesionarias afirmaron no haber obtenido.
La gestión macrista argumentó para dar el visto bueno a sementaje pago de tan abultada cifra que de esa manera se evitaría un juicio en el CIADI, el tribunal del Banco Mundial, donde los concesionarios armaron una denuncia ficticia para justificar el cobro de los USD 500 millones.
Sin embargo, una abogada de Vialidad desnudó lo que se estaba haciendo: Julieta Ripoli ya declaró ante Canicoba Corral y fue el mayor obstáculo para que el español Pérez y Macri concretaran la maniobra. De ninguna manera el Estado argentino podía aceptar un acuerdo respecto de una denuncia en la que ni siquiera se hizo una primera audiencia en el CIADI ni se había tramitado en la justicia argentina. Además, en Vialidad había un informe desmintiendo lo que alegaban los concesionarios.
- La segunda parte de la maniobra es que Macri, con Iguacel al frente de de Vialidad y Dietrich en Transporte, permitió aumentos siderales de las tarifas de peajes. Una vez aprobados esos tarifazos que dañaron a los bolsillos de los argentinos, Socma S.A., Sociedades Macri S.A., vendió sus acciones, obviamente a precios sumamente elevados producto de las ganancias que garantizaba con las decisiones del gobierno que el propio Macri dirigía.
La acción trepó de tresa 83 pesos a velocidad sideral. Quien se quedó con el 7% de lo vendido por Macri fue una empresa llamada Natal S.A., sin antecedentes en el rubro y que pagó USD19,7 millones, cuando facturaba hasta ese momento unos dos millones de pesos anuales. Se sospecha que se trató de una venta trucha, es decir simulada.
- Vialidad, con Iguacel a la cabeza, extendió los contratos que vencían en 2018 y 2020 hasta 2030, pese a que Autopistas del Sol (Panamericana) y Grupo Concesionarias del Oeste (Acceso Oeste) incumplieron los contratos y debían cifras siderales de multas. Pareciera que Natal S.A. conocía que se iba a decidir esta extensión porque esa podría ser la única razón para aceptar pagar las acciones un 397% arriba de lo que valían el día de la asunción de Macri.
