Mientras se discute qué grado de tendencia a "ponerse a derecho" tienen los ex funcionarios de Juntos por el Cambio en las múltiples causas en que se los investiga, el propio ex presidente Mauricio Macri parece haber lanzado un inédito y desesperado pedido por evitar que la Justicia investigue sus llamados con los integrantes de la "Mesa Judicial" de su gobierno en el marco de un expediente en que se investiga si persiguió al Grupo Indalo, dueño del canal C5N.
Según reveló el periodista
Gabriel Morini en Ámbito, el ex mandatario se presentó en la causa en que se lo investiga como cabeza de una asociación ilícita destinada a acorralar al Grupo Indalo. Lo que hizo en ese expediente es
apelar una orden de la jueza María Servini de auditar los llamados entre los teléfonos del líder PRO y los de integrantes de la denominada “Mesa Judicial M” en fechas clave, entre 2016 y 2019.
El inédito planteo, como informó el mismo medio, fue formulado por
Pablo Lanusse, el abogado de Macri, que aspira a bloquear la decisión de la magistrada que dispuso, en el marco de medidas de prueba en la causa, que la Dajudeco realice un cruce de comunicaciones con el objetivo de probar si existieron posibles presiones para torcer decisiones administrativas y judiciales en el marco de la causa Oil Combustibles.
En términos concretos, Macri no quiere que investiguen absolutamente nada de sus teléfonos y cuestionó todo el peritaje: no quiere que se analice la ubicación geográfica de sus celulares, ni la identificación de usuarios y llamados frecuentes y no frecuentes y el análisis de contactos que pidió la justicia.
La idea estratégica de la defensa del ex mandatario es dejar en suspenso el peritaje y
que sea la Cámara Federal la que tome control de la investigación, cosa que no es posible ni constitucional para realizarse: Macri pretende que, por el hecho de ser un ex presidente, en lugar de ser investigado por la justicia de primera instancia de él se encargue una cámara de segunda instancia, cuyo rol es revisar y no indagar y recolectar pruebas.
Macri no quiere las medidas de prueba que corroboren si había un patrón de coordinación en los contactos entre los integrantes de la "mesa judicial" de su gestión. Según el ex presidente, investigarle sus teléfonos es una
“excursión de pesca”.
Con cuestionamientos a la causa y a la acusación que lo tienen como imputado, Macri pidió acceso a documentación reservada de la causa y calificó lo dispuesto por Servini el 6 de julio pasado como “arbitrario” y “exorbitante”.
Lo más insólito de todo es el argumento con el que pretende que Servini frene el peritaje: según Macri, “lo dispuesto carece de fundamentación, y vulnera los derechos, principios y garantías de defensa en juicio, debido proceso, mínima intervención estatal, no injerencia indebida, intimidad, proporcionalidad, razonabilidad, dignidad humana”.
No conforme,
intenta agarrarse de su ex cargo para evitar que se lo investigue, al sostener que peritarle sus llamados “compromete la seguridad nacional y cuestiones de Estado, por las características desproporcionadas, exorbitantes y abusivas que presenta”.
Para el exmandatario, Servini ordenó una “medida invasiva, exorbitante y desproporcionada en la más absoluta ceguera y con la esperanza de que al final del camino ´algo aparezca´”. Macri cuestionó además que Servini no haya tenido en cuenta que fue Presidente y que el cruce de llamados “aniquila su privacidad”, respecto de las 28 fechas indicadas en la decisión de la jueza.
Por si argumentar que no se le puede auditar los llamados en una causa con múltiples testimonios que lo acusan de apretar jueces porque fue presidente y porque podría vulnerarse su intimidad parece insólito, Macri además amenazó a Servini con que si no retrocede llevará el caso hasta la Corte Suprema.
LA CAUSA
La semana pasada, por el expediente 16850/2019 caratulado, “Macri, Mauricio y otros s/asociación ilícita querellante: De Sousa, Carlos Fabián y otro”, Servini dispuso que para “avanzar en la investigación” se realice el cruce de llamadas de Macri con su "Mesa Judicial" y otros: José María Torello, Nicolás Martín Caputo, Fabián Rodríguez Simón, Mario Eugenio Quintana, Javier Iguacel, Alberto Abad, y Leandro Germán Cuccioli, y los empresarios Martín Rappallini, Orlando Terranova e Ignacio Jorge Rosner.
Una semana después y tras el polémico viaje relámpago a Paraguay con la excusa de ser presidente de la Fundación FIFA, Macri avanzó con este cuestionado pedido, y mientras avanzan los expedientes por el presunto espionaje ilegal y en Comodoro Py se patean el expediente por la "Mesa Judicial M".
Según consta en la causa, el ex mandatario estuvo involucrado, junto a funcionarios y empresarios, en hechos de presión denunciados por Fabián De Sousa, ratificados en el juzgado por otras personas cercanas al Grupo Indalo. La información publicada por Ámbito Financiero señala que los testigos relataron cómo los hombres del gobierno macrista les hacían llegar las presiones y los deseos del propio Macri para con el futuro de las distintas empresas del grupo.
Al pedir el análisis de los teléfonos, Servini argumentó que la denuncia de De Sousa sostiene la “existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional – encabezado por el entonces Presidente de la Nación Mauricio Macri - o a instancias de aquellos que, mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, habrían producido perjuicios económicos tanto a particulares, como al patrimonio nacional, con el objetivo de llevar al derrumbe de las empresas integrantes de aquel grupo para su liquidación y venta a precio vil”.
