El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, avanzó hoy con dos nuevas e importantes medidas en el marco de la estrategia del Ejecutivo nacional y el provincial para avanzar en su plan para Vicentin: intervino el puerto de la ciudad de Reconquista, que controla la firma, y ofreció pruebas que apoyan su pedido de intervención para que sean tenidas en cuenta por el polémico juez a cargo del concurso de la empresa.
IRREGULARIDADES EN EL PUERTO
Perotti avanzó sobre el puerto de la ciudad de Reconquista, porque aparentemente como ocurrió con la cerealera en tiempos de Mauricio Macri, recibió un informe del representante de la provincia en el Ente Portuario del que se desprenden posibles irregularidades cometidas por la concesionaria de la terminal, perteneciente al grupo Vicentin.
El mandatario provincial firmó el lunes el decreto número 574/20, a través del cual dispuso la intervención del Ente Portuario Puerto Reconquista (EAPRe) por 180 días, según publicó hoy el diario Santa Fe.
También se designó como titular de la intervención al actual representante de la provincia en la entidad, Martín Deltin. En 1999, una parte del Puerto Reconquista fue concesionada por 30 años a Ríos del Norte SA, conformada por Vicentin SAIC y Buyatti SAICA, reseñó el periódico santafesino.
El decreto indicó que el 14 de febrero pasado “se eleva informe-denuncia del actual representante del Poder Ejecutivo en el Puerto de Reconquista y que por su gravedad origina los presentes actuados”.
El informe reveló que supuestamente “la ‘Terminal A’, espacio operativo de cargas y almacenamiento de granos y aceites, está inactiva y sin operaciones desde el año 2004”.
De acuerdo al trabajo realizado por Deltin, “ello es así porque ‘Terminal A’ no efectúa un embarque desde el año supra indicado, no registra movimiento portuario alguno", situación que configura "un claro incumplimiento de la concesionaria de la citada terminal de no garantizar una carga mínima de la principal obligación contractual".
Deltin denunció ante Prefectura Naval Argentina “el acopio y embarque no registrado ni autorizado del Buque Trasbordador ‘Cynthia’ matrícula 01478”, el 26 de mayo de este año, lo que indica que sí hubo actividad en la terminal.
El decreto de Perotti añadió también que “la ‘Terminal B’ utiliza la bajada con un muelle flotante para el servicio de balsa, consistente en el transporte de personas y vehículos, cubriendo el trayecto Reconquista-Goya” y que "el resto de las instalaciones están destinadas al uso privado de guarderías (de lanchas)" y a un estacionamiento.
"Por la magnitud, extensión y capacidad y funciones del puerto, claramente ha cesado y abandonado su destino comercial, dando sólo cabida a la actividad recreativa privada, en abierta y prístina violación del destino del puerto previsto por la ley", se sostiene en el decreto del gobernador santafecino.
También se adjudica un “grave incumplimiento en cuanto a la Fiscalización y Control", que deriva en "que el desenvolvimiento institucional del EAPRe resulte cuestionable por las conductas administrativas contradictorias con ciertos estándares valorativos".
"No existen registros de haber cumplido en tiempo y forma con la obligación de elevar al Poder Ejecutivo el balance general al 31 de diciembre de cada año", añade el decreto, que ordena la intervención del puerto por 180 días "ante la gravedad de los hechos detallados”.
Finalmente, el texto encomienda a la Sindicatura General de la Provincia “una auditoría integral del Ente", con "facultades de ampliar los alcances de la misma en la medida que su proceder así lo justifique”.
PRUEBAS PARA EL JUEZ AMIGO DE VICENTIN
La titular de la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe, María Victoria Stratta, le remitió hoy al juez a cargo del concurso de la firma, Fabián Lorenzini, un extenso documento a través del cual ofrece pruebas para sustentar el escrito que solicitó la intervención de la firma el 19 de junio pasado.
Sobre uno de los puntos fundamentales, las vinculaciones societarias, Stratta insistió en las participaciones de Vicentin SAIC en otras sociedades y sobre ese particular ofrece como pruebas el "Estado del activo presentado por la concursada en el expediente de concurso" y la página web del grupo Vicentin "donde se demuestra que hace suyas todas las empresas en las que dice contar con participaciones ínfimas".
También menciona estados contables no sólo de Vicentin SAIC sino de diversas sociedades de las que forma parte, "en algunos casos con control declarado, en otros no; en algunos casos es accionista directa; en otros lo son sociedades que ella controla".
Stratta sostiene que "la sociedad cuenta con ejemplares de esos estados contables" y que "habrá de intimarse a su representante legal su presentación, bajo apercibimientos de ley".
También menciona "estados contables, incluyendo balance general, memoria, informes de sindicatura societaria y de auditoría externa" de los ejercicios 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, que "se intimará su presentación a Vicentin SAIC".
Además, el escrito indica que "resultan relevantes las notas a los estados contables del ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2019", haciendo notar que "el plazo de confección y consideración se halla largamente cumplido y su vencimiento operó antes de que se produzcan las limitaciones emergentes de las medidas sanitarias dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional".
Para la IGPJ, "estos estados contables son fundamentales, porque abarcan el ejercicio inmediato anterior a incursión en estado de cesación de pagos" y señala que "lo último que se tiene es el ejercicio 60, cerrado el 31 de octubre de 2018, en el que ni siquiera se vislumbra la hecatombe".
En ese sentido, menciona las proyecciones de inversión presentes en el ejercicio 60, que involucra un importante crecimiento de la firma Renova SA y sostiene que "parece de otra empresa" ese documento, que "está firmado el 15 de febrero de 2019, o sea menos de diez meses antes de la cesación de pagos".
También ofrece como prueba los estados contables de los ejercicios 2014 de las empresas Buyanor S.A., Renova S.A., Emulgrain S.A., Juviar S.A., Sir Cotton S.A., Oleaginosa San Lorenzo S.A., Renopack S.A.1 y Algodonera Avellaneda S.A., "todas domiciliadas en calle 14 número 495, o sea en la sede de Vicentin SAIC".
Lo mismo solicita sobre los estados contables 2014 de las sociedades Río del Norte S.A., Reconquista Friar S.A., Diferol S.A., Biogas Avellaneda S.A., Terminal Puerto Rosario S.A., Rosario Playa Puerto S.A. y Rosario Alimentos Refrigerados S.A.
En la presentación también ofrece los estatutos sociales y estados contables por los mismos períodos de Vicentin Paraguay, Vicentin Brasil Comercio y Exportaciones, Vicentin Europa y Tastil S.A, al igual que los estados de Sottano S.A., y de las sociedades uruguayas VFG Inversiones y Actividades Especiales S.A., Vicentin Family Group, Industria Agroalimentaria Latam S.A., y Nacadié S.A., esta última porque "reviste interés respecto de Friar S.A"..
Luego ofrece las actuaciones caratuladas “CFP 268/2020 Sandleris Guido y otros s/defraudación”, actualmente en trámite ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 11 de la ciudad de Buenos Aires, causa que corresponde al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 10, Secretaría Número 20..
También ofrece como prueba un informe emitido por la Sindicatura General de la Nación el 25 de junio de 2020, referido a la actuación de los interventores designados por el Poder Ejecutivo Nacional, ya que "de su contenido surgen serias falencias en el desempeño de la administración societaria".
En el escrito de 19 páginas también se solicita "informativa de la Comisión Fiscalizadora de Vicentin S.A.", acerca de varios puntos, al igual que a la sindicatura concursal, especialmente para saber si una serie de personas ya han presentado sus solicitudes de verificación de crédito.
Otro de los ítems en los que Stratta enfatiza es en la nómina de directores y síndicos de varias empresas del grupo Vicentin, asentadas en las jurisdicciones Reconquista y Rosario, además de información de la Inspección General de Justicia de la Nación para que informe quiénes son los directores inscriptos de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima, ARSA, Sudeste Textiles S.A. y Renopack S.A.
Sobre el final, la inspectora Stratta le solicita al juez que "tenga presente todo lo manifestado y por ofrecida la prueba", que "disponga todo lo necesario para su producción, librando las comunicaciones pertinentes" y que "se habiliten días y horas para la producción de la prueba, teniendo en cuenta la celeridad con la que debe resolverse la situación".
