Juntos por el Cambio abandonó el poder hace sólo siete meses y los problemas judiciales que suma en Comodoro Py y otros tribunales federales del país por diferentes causas no paran de generar escándalos:
el juez Rodolfo Canicoba Corral tomó decisiones determinantes en el marco del expediente por corrupción en los peajes: citó a declaración indagatoria y le dictó la prohibición de salir del país a los ex ministros de Hacienda y de Transporte, Nicolás Dujovne y Guillermo Dietrich respectivamente; y al ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Javier Iguacel.
La decisión en cuanto al llamado a declaración indagatoria también recayó sobre el ex procurador del Tesoro,
Bernardo Saravia Frías; el ex jefe de Asuntos Jurídicos de Vialidad
Ricardo Stoddart y el presidente Ejecutivo AUSOL y Grupo Concesionario del Oeste,
Andrés Barberis.
Tal como informó a través de Twitter el periodista Juan Alonso, en el expediente que investiga Canicoba Corral se investigan
presuntas maniobras de corrupción y defraudación a las arcas del Estado que alcanzarían los USD 1.000 millones y que incluirían beneficios para empresas de la familia del ex presidente Mauricio Macri.
Si bien el magistrado no fijó fecha aún para realizar las indagatorias, lo que sí hizo es aclarar que se harán mediante una videoconferencia en el marco de la pandemia y de la cuarentena, según las disposiciones de la Corte Suprema para la implementación de este tipo de diligencias judiciales.
La Justicia investiga una serie de concesiones irregulares que desde el propio Ministerio de Transporte que conducía "Guillo" Dietrich se le realizó a la empresa Autopistas del Sol, cuya composición accionaria contenía al Grupo Macri y de cuyo negocio obtuvo fabulosas ganancias. Según Canicoba corral, esas decisiones del Estado perjudicaron al erario público.
Hace 25 días, Canicoba Corral había solicitado el allanamiento de la empresa Abertis, cuyo hombre fuerte al momento de las irregularidades investigadas era el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. El Grupo Macri era socio de esa firma en la concesión de los principales accesos a Buenos Aires: la Autopista Panamericana y el Acceso Oeste.
LAS MANIOBRAS QUE SE INVESTIGAN
- El gobierno de Macri le reconoció una deuda entre cuestionada e inexistente de casi USD 500 millones a las concesionarias de peajes -empresas entre las que la familia del ex presidente tenía parte de las acciones- por "inversión no realizada por el Estado". Esto significa que la administración pública le reconoció a las firmas que tenía que hacer construcciones que no hizo y garantizar ganancias que las concesionarias afirmaron no haber obtenido.
La gestión macrista argumentó para dar el visto bueno a sementaje pago de tan abultada cifra que de esa manera se evitaría un juicio en el CIADI, el tribunal del Banco Mundial, donde los concesionarios armaron una denuncia ficticia para justificar el cobro de los USD 500 millones.
Sin embargo, una abogada de Vialidad desnudó lo que se estaba haciendo: Julieta Ripoli ya declaró ante Canicoba Corral y fue el mayor obstáculo para que el español Pérez y Macri concretaran la maniobra. De ninguna manera el Estado argentino podía aceptar un acuerdo respecto de una denuncia en la que ni siquiera se hizo una primera audiencia en el CIADI ni se había tramitado en la justicia argentina. Además, en Vialidad había un informe desmintiendo lo que alegaban los concesionarios.
- La segunda parte de la maniobra es que Macri, con Iguacel al frente de de Vialidad y Dietrich en Transporte, permitió aumentos siderales de las tarifas de peajes. Una vez aprobados esos tarifazos que dañaron a los bolsillos de los argentinos, Socma S.A., Sociedades Macri S.A., vendió sus acciones, obviamente a precios sumamente elevados producto de las ganancias que garantizaba con las decisiones del gobierno que el propio Macri dirigía.
La acción trepó de tresa 83 pesos a velocidad sideral. Quien se quedó con el 7% de lo vendido por Macri fue una empresa llamada Natal S.A., sin antecedentes en el rubro y que pagó USD19,7 millones, cuando facturaba hasta ese momento unos dos millones de pesos anuales. Se sospecha que se trató de una venta trucha, es decir simulada.
- Vialidad, con Iguacel a la cabeza, extendió los contratos que vencían en 2018 y 2020 hasta 2030, pese a que Autopistas del Sol (Panamericana) y Grupo Concesionarias del Oeste (Acceso Oeste) incumplieron los contratos y debían cifras siderales de multas. Pareciera que Natal S.A. conocía que se iba a decidir esta extensión porque esa podría ser la única razón para aceptar pagar las acciones un 397% arriba de lo que valían el día de la asunción de Macri.
