El circulo de espionaje ilegal a opositores y propios de los gobiernos de
Mauricio Macri y María Eugenia Vidal que investiga la Justicia, curiosamente, parece acercarse a una situación según las cuales las máximas autoridades de esas gestiones perseguían a dirigentes políticos y sindicales a la vez que se "pinchaban" entre sí mismos.
En este caso,
Enrique Bernardo Ferrari, fiscal general de Lomas de Zamora, denunció penalmente al procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Marcelo Conte Grand, por una serie de delitos de extrema gravedad por separado, pero más en conjunto: actividades de espionaje ilegal, aprietes a jueces y fiscales y armado de causas para meter presos a dirigentes políticos y sindicales opositores a lo que fueron las administraciones de Cambiemos a nivel nacional y bonaerense.
Letra P reveló la denuncia que fue presentada en la mañana de este lunes 22 de junio en el juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo de
Federico Villena, el mismo tribunal y magistrado que investiga una de las causas por espionaje ilegal realizado por la AFI durante el gobierno de Cambiemos.
El documento judicial incluye una descripción detallada de las posibles pruebas que sostiene la denuncia, según la cual se presupone que hubo espionaje ilegal y presiones a jueces por parte de fiscales y espías, todo bajo comando y/o conocimiento de Conte Grand, que es nada más y nada menos que el titular del Ministerio Público bonaerense y
jefe de los fiscales que Vidal dejó atado al sillón y que hoy se sostiene al cargo a pesar de los malos ojos con que lo ve la gestión de Axel Kicillof.
¿Cuál sería la operatoria?
En el escrito de Ferrari se argumenta que “el Fiscal General Adjunto” de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, el fiscal Pablo Rossi y sus secretarios, a través de la Unidad de Coordinación de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Fiscalía General de Lomas de Zamora, habrían “iniciado investigaciones con objeto de inclinarlas a sus intereses políticos”, para “perseguir a políticos, sindicalistas, magistrados y funcionarios, (doctrina de Lawfare), entre otros, en donde han participado funcionarios de la Agencia Federal de Investigaciones de manera cuanto menos irregular”, en consonancia con lo denunciado por diferentes magistrados del sur del conurbano bonaerense como Luis Carzoglio y Gabriel Vitale.
La presentación penal también expone los nombres de los espías que habrían trabajado con Scalera y Rossi. Aparecen el exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI Juan Sebastián De Stéfano, quien fue uno de los agentes a los que el juez Carzoglio acusó de un apriete para detener al dirigente sindical Pablo Moyano; el exdirector de Finanzas de la AFI, Fernando Di Pasquale; Fernando “El Chino” Cornes, del área de Inteligencia del Ministerio de Seguridad y fuertemente vinculado con Gerardo Millman, funcionario de primera línea de esa cartera y dirigente del GEN en Avellaneda.
La denuncia tiene su origen, como explicó el mismo medio, a principios de 2020 cuando comenzaron a recibirse acusaciones
contra los fiscales Scalera, Rossi y los secretarios de ambos, por mal desempeño y sus relaciones con agentes de inteligencia que se daban en el seno de la Unidad de Coordinación de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Fiscalía General de Lomas de Zamora. Allí también concurrían agentes del Ministerio de Seguridad de la Nación que respondían a Patricia Bullrich.
Política Argentina expuso las tareas de Scalera y su profundo vínculo con Conte Grand, el eje de la actual denuncia de Ferrari, que tuvo gran desarrollo y exposición mediática por su deseo, casi expuesto públicamente, de meter preso a Pablo Moyano.
Ante este panorama, el Fiscal General disolvió esa unidad judicial y distribuyó las causas en trámite “entre los fiscales naturales que les hubiera correspondido llevar adelante tales pesquisas y transparentar el trabajo cotidiano del centenar de trabajadores judiciales que con esfuerzo y perseverancia llevan adelante la Administración de justicia”, según se desprende de la denuncia.
Todas estas maniobras entre los fiscales y sus secretarios en consonancia con agentes de inteligencia ligados a la AFI, “ligados al (ex) Presidente de Boca Juniors”, Daniel Angelici -según la denuncia-, fueron puestas en conocimiento de Conte Grand y de la Suprema Corte provincial. Pero nada pasó, Vidal perdió la Provincia y la situación fue oficialmente denunciada en la causa que tramita en el fuero Federal de Lomas de Zamora.
Sobre el cierre de la presentación judicial, Ferrari aclaró a las autoridades judiciales del fuero Federal de Lomas de Zamora que en el fuero Penal de La Plata tramita otro expediente en el que se investiga “la violación a la Ley de Inteligencia Nacional, la cual podría servir a los efectos de clarificar el ‘modus operadi’ de la investigación”. Allí, los que están en la mira son Vidal y su ex ministro de Seguridad y actual diputado nacional, Cristian Ritondo.
