“Si el juez dice que no a la propuesta de (Omar) Perotti, sólo queda expropiar”: ésa fue la sentencia del presidente
Alberto Fernández en una entrevista radial en la que dejó en claro que ya cedió demasiado en una situación de conflicto que claramente tiene lejos de la argumentación jurídica al fallo del magistrado del concurso preventivo.
Allí, aseguró que sigue “buscando los caminos para que el Estado se haga cargo de la cerealera” y “resuelva los problemas para tener una empresa" que "permita ver cómo ese mercado funciona y se desarrolla”. En ese sentido, ratificó que, pese a la marcha atrás con la idea inicial, “el objetivo del gobierno sigue siendo controlar” la compañía.
La decisión del juez de Reconquista Fabián Lorenzini de reponer en sus funciones a los directores de Vicentin que la llevaron a la situación de quiebra y designar en funciones de veedores a los interventores del Estado nacional provocó la alternativa santafecina y la advertencia presidencial.
Perotti también fue claro, y nadie podría acusarlo -como ocurre infundadamente con Fernández- de kirchnerista ni de ser un títere de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. “Entendíamos que era la tarea más sustentable para recuperar la empresa. Lo decidimos después de conversarlo con el Presidente para pedir por toda la duración del concurso tener la empresa y empezar el rescate de Vicentin”, manifestó el gobernador santafesino.
También remarcó que “esta sería la vía en el marco de la ley de concursos y quiebra", que fue "trabajada" con Fernández, quien "alentó a que esta negociación caminara". Y concluyó, también en tono de advertencia, pero amigable:
"Hoy está en manos del juez de Reconquista y esperemos que se analice porque la sustancia es sólida (...) Estamos convencidos que Provincia y Nación pueden trabajar en forma conjunta. A la provincia no le da para contar con todos los recursos que se necesitan para ponerla en marcha. Requiere una atención donde trabajar juntos con el Gobierno nacional es clave”.
QUÉ DICE LA PROPUESTA
La presentación fue realizada por la Inspección General de Persona Jurídica (IGPJ) de Santa Fe e ingresó en el juzgado en el que tramita el concurso preventivo de Vicentin. Lo que solicitan en primer lugar es la intervención fáctica de la empresa, porque "los actuales integrantes del directorio no resultan idóneos para conducir la compleja situación".
Lo curioso para Lorenzini es que, de aceptar la propuesta de Perotti con alguna estratagema argumentativa, escondería una realidad expuesta en un hilo de Twitter por
Graciana Peñafort: antes, el juez repuso en sus funciones a un directorio que -tal vez hasta con maniobras punibles por la justicia penal económica- llevó al borde de la quiebra a la empresa en connivencia con el gobierno de Mauricio Macri y las autoridades del Banco Nación durante esa gestión.
El texto, según el acceso al mismo que tuvo Télam, sostiene que la administración de una sociedad requiere "lealtad y diligencia" pero que no basta "sólo con una conducta honesta" –que pone en duda en el caso de Vicentin- sino que demanda "talento para conducir el giro empresario".
"El recaudo de probidad es condición necesaria, pero no suficiente. Además hay que administrar con idoneidad para buscar el resultado económico", sostiene la presentación realizada en el juzgado civil y comercial de Reconquista, a cargo de Lorenzini.
La presentación no hace referencia a una potencial expropiación de los activos del grupo ni a ninguna forma de continuidad de la administración de la empresa, más que la sustanciación del concurso preventivo de acreedores.
La titular de la IGPJ, María Victoria Stratta, pidió al juez que desplace al directorio de Vicentin SAIC de la administración de la empresa para reemplazarlo por un órgano colegiado compuesto de tres interventores. Para ello, nomina a los dos designados por el decreto 522/2020, Gabriel Delgado como presidente, Luciano Zarich como vice, a quienes suma como vocal al santafesino Alejandro Alberto Bento.
La presentación, que tendrá que resolver el juez, se funda en "el poder de policía societaria" que la ley le asigna a la IGPJ, "definido como el sistema mediante el cual el Estado desenvuelve actividades de limitación frente a expresiones societarias con la finalidad de preservar la existencia de bienes considerados comunes".
Además, menciona que "el interés público" en el que se fundamenta el pedido de intervención "está presente de modo evidente y con múltiples manifestaciones: aspectos societarios propiamente dichos pero también productivos, laborales, sociales, demográficos y ambientales".
El documento puntualiza que, de acuerdo a la información que la propia Vicentin presentó en el expediente del concurso, la empresa tiene activos por unos $100.000 millones, similares a las deudas que le son reclamadas en el proceso. Y plantea que el único modo de satisfacer las acreencias es a través de la continuidad de la operación de la agroexportadora.
"Un análisis genérico y limitado propio de este momento (…) indica que su futuro y la satisfacción de los créditos de sus acreedores están claramente ligados al flujo de fondos que la continuidad de las actividades empresarias produzca y no al producido de sus bienes", agrega.
La presentación del gobierno de Santa Fe sustenta también el pedido de intervención en que los directivos de la empresa "no están a la altura de las circunstancias para este cometido" ya que, subraya, "son quienes la condujeron durante el tiempo en que llegó al estado de cesación de pagos que motivó la apertura del concurso y que afecta el interés público".
También reseña que existen tres demandas contra el grupo por presunta mala administración o delitos económicos, tanto en el país como en el exterior. "El breve tiempo transcurrido hace que estén en etapa de investigación. Pero la gravedad de la situación no permite esperar el resultado para actuar", señala la presentación de la IGPJ santafesina.
QUÉ MÁS PIENSAN ALBERTO Y PEROTTI
El gobernador de Santa Fe considera, según hizo trascender en varios medios, que la oferta de su gestión a la Justicia prosperará. Si eso ocurre,
los gobiernos nacional y provincial sostendrían sin dudas las fuentes de trabajo, que con el directorio privado no hay garantías, y se asegurarían el no incremento del gigantesco rojo de las finanzas de Vicentin. Pero hay algo más: no desaparecerían las posibles pruebas administrativas, documentos e incluso huellas del camino de los fondos del Nación que todavía no se sabe dónde están.
En la calle, con la sociedad entre Juntos por el Cambio, las organizaciones agroexportadoras, el apoyo de los medios más cercanos a la oposición y un sector del empresariado, la correlación de fuerzas respecto de Vicentin empeoró para el Gobierno. Allí también es donde, confía Perotti, puede hacer una diferencia y ganarse el apoyo de la ciudadanía de su provincia con esta variante de rescate.
Si la propuesta prospera, cabe esperar el posible largo camino del concurso de acreedores. Luego de eso, según Página 12 el diseño de la empresa que imaginan es con el Estado nacional (YPF Agro) con la mayoría accionaria y Santa Fe formando parte.
También serían accionistas otros acreedores que Vicentín dejó en lista de espera o, directamente, les clavó el visto: allí hay productores, corredores de cereales y cooperativas de la provincia. Algunos tienen más espalda para esperar y soportar que nadie les pague, esos capitalizarían las acreencias transformándolas en acciones. Algunos pueden invertir en el futuro. Pero otros necesitan cobrar sus créditos para sobrevivir. Nadie más que el Estado podría poner ese dinero. Ya hay para eso un fideicomiso en el Ministerio de Desarrollo Social.
