En un fallo que ya disparó la polémica y que se lee como un revés al panorama trazado por el Gobierno,
el juez de la convocatoria de acreedores de Vicentin, Fabián Lorenzini, decidió reponer en funciones al directorio de la empresa, nombrados por los accionistas, con lo que les devolvió el manejo fáctico de la firma y degradó a los interventores del Poder Ejecutivo al rol de veedores controladores.
El magistrado, a cargo del tribunal Civil y Comercial de Reconquista, aceptó la solicitud de los dueños de la empresa, quienes además plantearon la inconstitucionalidad del DNU que firmó el presidente
Alberto Fernández, por considerar que carece de fundamentación.
En su fallo, dispuso
“con carácter de medida autosatisfactiva y previa prestación de contracautela, que los administradores naturales de la sociedad concursada, designados conforme a la ultima Asamblea Ordinaria de Accionistas, continúen ejerciendo las funciones para las cuales fueron designados, conforme al estatuto de la misma”.
Además, estableció que
“los Sres. Interventores designados en el DNU 522/2020 del PEN, podrán continuar desarrollando su tarea, con el grado de veedores controladores”.
Lorenzini hace referencia al contexto económico en medio de la pandemia, y alega en ese sentido que “cobra especial relevancia en el actual contexto de crisis financiera y económica, la magnitud empresaria de la sociedad concursada”.
“Estamos en presencia de una empresa de enormes dimensiones y con un rol preponderante en el mercado nacional e internacional de granos. Por lo tanto,
su patrimonio debe ser administrado con el grado de experticia que asegure su adecuada gestión dado que, justamente de ello dependerá su continuidad operativa, la reinserción en el mercado de granos internacional y la exitosa negociación con los acreedores concursales y post concursales”, argumentó el juez, en un señalamiento que, según especialistas, es vinculable con la presunta mayor "eficacia" de los privados respecto del sector público.
El magistrado respondió así a un pedido de los integrantes del directorio de la empresa, compuesto por Daniel Néstor Buyatti, Alberto Julián Macua, Roberto Alejandro Gazze, Sergio Manuel Nardelli, Maximo Javier Padoan, Cristian Andrés Padoan, Martín Sebastián Colombo, Sergio Roberto Vicentín, Pedro Germán Vicentín, Roberto Oscar Vicentín y Yanina Colomba Boschi.
El inicio de la controversia se produjo hace dos semanas, cuando Fernández anució la intervención de la cerealera y el envío de un proyecto de expropiación. El contexto de la decisión indica que la compañía recibió créditos del Banco Nación durante el último mes de gestión de
Mauricio Macri y recibió hasta $18.500 millones en los días previos a las PASO. Ese monto representa un 20% de la capacidad prestable de la entidad financiera, con lo que la determinación se presenta como ilegal y pone en riesgo su sustentabilidad futura.
El banco no tomó en cuenta el riesgo crediticio de la compañía, que llamó a convocatoria de acreedores seis meses después. Como correlato, las empresas del holding fueron las principales aportantes privadas a la campaña de Juntos por el Cambio con la que Macri buscó la reelección, que no logró.
Entre los acreedores de la firma figuran productores, bancos públicos y extranjeros y hasta misteriosamente aparecen, con casi 6 mil millones de pesos en total, los propios accionistas como supuestos perjudicados por el desmanejo financiero de Vicentin.
