No son semanas felices en materia de problemas judiciales para Juntos por el Cambio en general, y para el ex presidente
Mauricio Macri en particular: avanza la causa por la "mesa judicial" de aprietes a jueces y fiscales, se conoció un nuevo caso de espionaje a personajes de la política, justicia, deporte y la cultura de todo tipo, y ya se impulsaron las primeras medidas de prueba en el expediente en que se investiga el presunto espionaje ilegal de la AFI durante gestión Cambiemos a dirigentes del macrismo y del actual oficialismo.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó hoy que se realice un peritaje sobre el disco rígido hallado en la Agencia Federal de Inteligencia, en el cual se encontraron los supuestos rastros de correos electrónicos "chupados" de dirigentes políticos y periodistas durante el gobierno de Macri.
El magistrado impulsó una serie de medidas de prueba solicitadas por el fiscal del caso,
Jorge Di Lello, que la semana pasada solicitó la investigación de la denuncia presentada por la interventora de la AFI,
Cristina Caamaño, e imputó al ex presidente Macri y a los ex jefes de ese organismo,
Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
Martínez de Giorgi ordenó también que la AFI remita copias de los legajos de los agentes mencionados en la denuncia judicial, como pidió Di Lello, y que se detalle la nómina del personal contratado en la agencia entre diciembre del 2015 y diciembre del 2019.
Para realizar el peritaje, el juez dio intervención a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeCo) del Poder Judicial de la Nación, que depende de la Corte Suprema desde que Macri lo decidió, y le requirió que informe qué tipo de información tiene el disco, si existen correos electrónicos, su titularidad, quiénes tuvieron acceso a esa información y si se pueden identificar discos extraíbles que se hubieran conectado a él.
De información a la que accedió El Destape surgen
dos datos curiosos del expediente, que grafican las posturas y vinculaciones de algunos de los imputados y también de las víctimas del espionaje: mientras que Arribas, el ex titular de la AFI, se presentó en el expediente defendido por Alejandro Pérez Chada, el histórico abogado de Macri; el periodista macrista Luis Majul lo hizo con la abogada Silvina Martínez, habitual panelista de su programa y denunciadora serial de ex funcionarios kirchneristas de la mano de Margarita Stolbizer.
Lo particular e insólito del caso de
Majul es lo que ya anticipó ni bien se conoció su denuncia:
teme que se conozca el contenido de sus intercambios vía correo electrónico, con la excusa de que sea una "operación" kirchnerista.
Según el mencionado portal, Majul solicitó a través de un escrito
"el resguardo en debida forma de los supuestos mails que fueran acompañados como prueba por la denunciante y evitar su divulgaición o entrega a toda personas ajenas" a sus abogados. Y remata, a pesar de vanagloriarse en tiempos de macrismo cuando recibía "anónimos" con información para denunciar kirchneristas:
"Ello a fin de no agraver el perjuicio de que fuera víctima”.
“UNICAMENTE autorizo a acceder a mis letrados a lo correos privados que se hayan acompañado como prueba toda vez que no solo existen cuestiones privadas, sino que también patrimoniales (como claves de cuentas bancarias) cuya divulgación o adulteración podrían ocasionarme perjuicio aún mayor”, completa el escrito de Majul.
