Definitivamente, comienzan a conocerse distintos hechos y decisiones durante el gobierno de
Mauricio Macri que derivan en más problemas judiciales para la administración de Juntos por el Cambio que finalizó su mandato en diciembre del año pasado:
la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentó una denuncia penal en la justicia federal para que se investigue la presunta contratación ilegal de cuatro empresas de publicidad por parte del ex jefe de Gabinete Marcos Peña, en una operatoria en sociedad con la Presidencia pero en ese momento a cargo de la ex vicepresidenta Gabriela Michetti.
Según la PIA, a cargo del fiscal
Sergio Rodriguez, realizó hoy la presentación penal para solicitar que se indague acerca de las contrataciones que llevó adelante Peña en el período 2016-2019, que fueron adjudicadas sin concurso a las firmas
Aura Advertising SA, La Comunidad SA, Circus BA SA y Power República SA.
La denuncia es por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, previsto en el artículo 265 del Código Penal, aunque no se descarta la posible concurrencia de otras figuras penales.
Las contrataciones cuestionadas habrían significado el gasto de, al menos, $291.000.000 que salieron del erario estatal.
Según trascendió en el portal Fiscales, el sorteo llevó el expediente al Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 8, a cargo de
Marcelo Martínez de Giorgi, y a la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 1, que encabeza
Jorge Felipe Di Lello.
La presentación encuentra sustento en una investigación preliminar desarrollada en el seno de la PIA, mediante la cual se pudo determinar que desde la Secretaría de Comunicación Pública (dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros) se habría gestado un esquema de contrataciones de empresas publicitarias relacionadas con el gobierno de turno, en flagrante violación a los principios de las contrataciones públicas.
En ese sentido, la PIA consideró que las empresas beneficiadas serían las mismas que participaron en el desarrollo de las campañas publicitarias de la coalición política Cambiemos en el marco de la contienda electoral que llevó a Macri a la Presidencia de la Nación en el año 2015.
También recibieron fondos públicos de otros distritos gobernados por el macrismo para desarrollar la publicidad oficial, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Vicente López.
Para lograr tal cometido, los funcionarios de la Jefatura de Gabinete de Ministros le sacaron la exclusividad a Télam SE para el desarrollo de la publicidad oficial a través de la modificación del decreto 984/2009. Ese hecho, aunque no figura en la presentación de la PIA, posibilitó al gobierno de Macri la chance de despedir trabajadores de la agencia pública.
Ello fue logrado a través del dictado del decreto número 978/2016, que fue suscripto por la entonces vicepresidenta Marta Gabriela Michetti (a cargo del Poder Ejecutivo Nacional), motivo por el cual también se encuentra comprendida en la denuncia.
Pero además, de acuerdo a la denuncia, a fin de lograr la adjudicación directa de contratos millonarios a las empresas publicitarias vinculadas al partido, utilizaron un artilugio legal previsto en materia de contrataciones públicas que no resultaría aplicable a los expedientes analizados por la PIA. Habrían adjudicado de modo directo, esto es, sin concurso de precios y sin permitir la competencia de otras empresas que pudieran mostrarse interesadas y -eventualmente- ofrecer el cumplimiento de las prestaciones por un monto más beneficioso para el Estado.
También se observaron pagos realizados por el Estado a las mismas empresas, sin la celebración previa de un contrato y en clara violación a la normativa de contrataciones públicas.
Además de señalar a los funcionarios públicos intervinientes en las contrataciones, la PIA sugirió la realización de distintas medidas probatorias tendientes a dilucidar la participación de personas físicas privadas y remarcó la aplicación de la ley 27.401 (de Responsabilidad Penal aplicable a las Personas Jurídicas Privadas) a las sociedades anónimas contratadas.
