Aumenta su volumen el escándalo por la exposición de las presiones de la "mesa judicial" del gobierno de Mauricio Macri: es que, por un lado, la Justicia determinó que la denuncia de legisladores del Frente de Todos para que se investigue la presunta interferencia de dirigentes y ex funcionarios de Cambiemos en el funcionamiento del Poder Judicial quede en manos del juez Sebastián Ramos; mientras que, por otro, el escandaloso audio de Gabriela Michetti presionando a Mario Cimadevilla provocó la adhesión de la organización Llamamiento Argentino Judío a las críticas contra lo ocurrido y al expediente en cuestión.
La Cámara Federal porteña dispuso que sea Ramos el encargado de llevar la investigación sobre la actividad de la "mesa judicial" multidenunciada del gobierno de Macri sobre jueces y fiscales, bajo el argumento de que a ese juzgado -entre los dos que habían recibido las denuncias- había llegado antes una presentación de características similares.
La decisión fue adoptada unilateralmente por el presidente de la Cámara,
Martín Irurzun, quien debió resolver sobre una cuestión de competencia trabada entre Ramos y el juez federal Daniel Rafecas.
Ramos tuvo primero la denuncia por los dichos de la jueza
Ana María Figueroa, que relató en el programa Toca y Daca que en 2015 recibió la visita de un ex funcionario que le reclamó celeridad en el tratamiento del expediente sobre el memorándum con Irán. Quedó sugerido y luego sonando con poca claridad si se trataba de
Juan Bautista Mahiques, ex consejero de la Magistratura y actual fiscal general del gobierno porteño.
“Corresponde señalar que los hechos denunciados en uno y otro caso reconocen un mismo contexto, circunstancia ésta que permite avizorar la existencia de prueba común y la conveniencia de su trámite conjunto. Asimismo ambos actuados se encuentran en idéntico estadio investigativo y las presentaciones que les dieron origen se efectuaron en fechas cercanas entre sí, lo que indica que la sede que primero conoció en los hechos será la que quedará a cargo de la pesquisa”, sostuvo el juez Irurzun en el fallo al que accedió Télam.
“En tal sentido con la finalidad de proveer a una mejor y más eficaz administración de justicia (artículo 2, inciso 4to. del C.P.P.N.), corresponde que sea el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 el que prosiga el trámite de este expediente”, concluyó.
Días atrás un grupo de diputados y senadores del Frente de Todos amplió hoy la denuncia presentada ante la justicia federal para que se investigue el papel que jugó "mesa judicial" e incluyó testimonios públicos de jueces que hicieron referencia a presiones del Poder Ejecutivo mientras estuvo a cargo del ex presidente Mauricio Macri.
Apuntaron al ex presidente; su jefe de asesores, José Torello; el ex ministro de Justicia, Germán Garavano; el ex secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusella; el abogado Fabián Rodríguez Simón; el ex consejero de la magistratura en representación del Poder Ejecutivo, Mahiques; el último Procurador General del Tesoro del anterior gobierno, Bernardo Saravia Frias, el ex jefe de la AFI, Gustavo Arribas; y el ex presidente de Boca, Daniel Angelici.
La denuncia incluyó los dichos de otros jueces y funcionarios judiciales, como la jueza de San Martín,
Martina Forns, y las palabras del
Luis Raffaghelli, juez de la Sala VI de la Cámara del Trabajo. También mencionaron las declaraciones públicas del ex senador de Cambiemos,
Federico Pinedo, quien reconoció en una entrevista que "existen muchos casos donde la administración le dice a los jueces no haga tal cosa y después el juez hace lo que quiere".
EL AUDIO DE MICHETTI Y UN PRIMER APOYO DE LA COMUNIDAD JUDÍA
La organización Llamamiento Argentino Judío manifestó hoy su “adhesión” a la denuncia presentada por un conjunto de legisladores contra la denominada “mesa judicial” de Cambiemos, acusada de interferir en el funcionamiento de la justicia durante el gobierno de Macri.
La entidad judía difundió un comunicado en el que se sumó a las acusaciones contra esas operaciones judiciales del macrismo, que estaba “orientada a presionar a distintos magistrados con el objetivo de condicionar sus fallos, a la medida de las necesidades políticas del macrismo”.
Desde el Llamamiento Judío indicaron a Télam que, además del comunicado, su comisión jurídica evalúa la alternativa de hacer una presentación ante el juzgado en el que se encuentra radicada la denuncia de los legisladores, el de Ramos, y resaltaron que “el uso de la causa AMIA fue emblemático para entender los manejos denunciados”.
En el comunicado fueron señalados tres aspectos vinculados con la situación denunciada: “La persecución a la ex presidenta, su canciller y otros funcionarios, apelando al proyecto de memorándum de entendimiento con Irán –aprobado por el Congreso Nacional–, con el objetivo de convertirlo en un delito; la paralización de la investigación del atentado a la AMIA; y el descarado intento por lograr absoluciones o condenas leves en la causa” por el encubrimiento del atentado.
“En estos días se difundió un audio en el que la ex vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, le exige a Mario Cimadevilla –entonces titular de la Unidad AMIA encargada del seguimiento de la causa del atentado de 1994– la salvaguarda a dos imputados por el encubrimiento: los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia”, señalaron en el comunicado.
“Esa coacción se sucedía mientras Mullen y Barbaccia estaban siendo juzgados por encubrimiento, y la esposa de Barbaccia revestía como Directora de Coordinación de la Unidad de Información Financiera (UIF), oficina gubernamental dependiente del ministro de justicia de la Nación, Germán Garavano”, remarcaron.
Con la firma de Marcelo Horestein (presidente) y Dardo Esterovich (secretario general), el Llamamiento Argentino Judío reclamó “a las autoridades competentes que las acusaciones realizadas por Cimadevilla sean inmediatamente abordadas por una investigación judicial exhaustiva, capaz de delimitar las responsabilidades penales de la ex vicepresidenta de la Nación, la denominada Mesa Judicial del PRO junto a todos los involucrados en la grave privación de justicia”.
