Aunque la administración de Juntos por el Cambio ya tiene serios problemas judiciales por supuestas maniobras de corrupción, diariamente y a pesar de la pandemia del coronavirus se le suman malas noticias en esta materia. En este caso,
la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) elevó a la Oficina Anticorrupción (OA) un informe acerca de presuntas irregularidades en subastas de inmuebles pertenecientes al Estado Nacional durante la anterior gestión del ex presidente Mauricio Macri.
El informe oficial, que también fue remitido a la Jefatura de Gabinete de Ministros, relevó un total de 21 subastas sobre 54 operaciones efectuadas durante el período marzo de 2017-abril de 2018, en las cuales
“se detectó la adjudicación de inmuebles por precios menores a su valor de tasación”.
Las subastas auditadas, sostiene la SIGEN en un comunicado, se seleccionaron “de acuerdo a criterios como el monto total y la diferencia entre el valor de tasación y el valor de adjudicación, y se determinó que
en 16 de esas 21 operaciones se comprobó una diferencia negativa entre el valor de tasación y el monto en el cual los inmuebles fueron finalmente adjudicados”.
"El total de la tasación ascendió a 396 millones de dólares mientras que el monto efectivo en el que fueron vendidos alcanzó los 322 millones de dólares, lo que determinaría una pérdida para el patrimonio nacional cercana a los 75 millones de dólares", precisa el informe del organismo público.
En este mismo sentido, añadieron que
"entre las firmas que compraron bajo el precio de subasta figuran, entre otras, Consultatio Argentina SAU y TGLT”.
El dueño de Consultatio es Eduardo Costantini, un empresario que supo acercarse al macrismo pero se alejó sobre el final del mandato PRO, mientras que la "desarrolladora inmobiliaria residencial con operaciones en Argentina y Uruguay" TGLT está vinculada a Nicolás Caputo, el "amigo del alma" de Macri.
Como argumentación del remate de esos activos, “desde la AABE se había señalado la aplicación del artículo 578 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que permite la subasta por dos tercios del valor del inmueble”, agrega.
Destacó que “sin embargo, los técnicos de la SIGEN consignaron que esa normativa está prevista para el cumplimiento de sentencias de remate en juicios ejecutivos, situación que no se ajusta a los procedimientos de las subastas en cuestión”.
La OA, que encabeza Félix Crous, deberá ahora “definir el rumbo a seguir con estas actuaciones”, precisó la SIGEN.
