En el marco de las restricciones por la cuarentena obligatoria ante el coronavirus,
continúa la polémica por el posible rechazo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al pedido de Cristina Fernández de Kirchner de un aval para que el Congreso sesione de forma virtual y así definir el tratamiento del impuesto a los ricos sin manipulaciones por parte de la oposición más reticente, es decir el sector más radicalizado del macrismo.
Eduardo Casal, el procurador general interino que dejó Mauricio Macri atado en su cargo, dictaminó que la Corte no debería intervenir respecto de si el Congreso puede funcionar por teleconferencia, para el tratamiento del proyecto de ley de impuesto a las grandes fortunas o cualquier otra iniciativa de urgencia que avance en tiempos de aislamiento obligatorio.
Si bien el dictamen no es vinculante, como fue solicitado por el propio máximo tribunal de justicia ante la consulta que les hizo la vicepresidenta y el Senado permanece inactivo producto de la emergencia sanitaria por la Covid-19, muchos estiman que la Corte podría rechazar el pedido. Justo lo necesario para que Casal permanezca un tiempo más en su cargo, ya que la Cámara alta tiene el pliego enviado por Alberto Fernández para que el juez federal Daniel Rafecas ocupe la Procuraduría.
El jefe de los fiscales provisorio plantea que la Corte no tiene que intervenir, porque sólo puede resolver
“casos justiciables”, que
“la exigencia de un caso o causa excluye la posibilidad de dar trámite a acciones que procuren declaraciones generales, en tanto la aplicación de las normas o actos de los otros poderes no haya dado lugar a un litigio para cuyo fallo se requiera el examen del punto propuesto, doctrina que es aplicable a las acciones declarativas”.
Así, recomienda a la Corte rechazar el pedido de la titular del Senado ya que “la petición de carácter consultivo que pretende introducir la actora bajo el ropaje de una acción declarativa de certeza no resulta ser una cuestión justiciable”.
La presentación de Cristina estuvo a cargo de la directora de jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, que le solicitó a la Corte que “en el marco excepcionalísimo del actual estado de emergencia desencadenado por la Pandemia", "despeje el estado de incertidumbre respecto a la validez legal de sesionar mediante medios virtuales o remotos, en aplicación del artículo 30 del Reglamento del al H. Cámara de Senadores de la Nación".
La vicepresidenta arugmentó que el Presidente no puede dictar DNU en materia tributaria, cosa que por la crisis es urgente, y que por eso es necesario que el Congreso sesione para tratar el impuesto a las grandes fortunas. En ese sentidó, planteó que existen mecanismos para la sesión virtual excepcional y, además, resaltó que realizaba esa presentación porque no se puede “soslayar la historia reciente de la Argentina en cuanto a la existencia de maniobras de todo tipo -incluidas las judiciales- tendientes a impedir la aplicación de leyes que afecten intereses de grupos económicos”.
APOYO DEL PERONISMO Y EL SENADO
El Partido Justicialista (PJ) y el bloque de senadores del Frente de Todos salieron en apoyo de la vicepresidenta al pedirle a la Corte que haga lugar al pedido de declaración de certeza que formuló la titular de la Cámara alta.
Así, el oficialismo busca "validez legal" para eventuales sesiones remotas del Congreso en medio de la pandemia de coronavirus. Ayer el propio Sergio Massa, a contramano de una operación de La Nación, destacó la importancia del aval del máximo tribunal y que ese aval también se extienda a Diputados, Cámara que él preside.
El escrito lleva la firma del jefe del bloque de senadores del FdT, José Mayans, y de la vicepresidenta de la bancada, Anabel Fernández Sagasti. Además también figuran los avales legales de los abogados del PJ Eduardo Wesselhoefft y Jorge Landau.
En este, señalaron que "no resulta posible" sesionar "de manera presencial" por los riesgos que implica en medio de la pandemia. Uno de los principales argumentos del oficialismo es que "una hipotética sesión presencial implicaría el traslado de los legisladores a Buenos Aires, quebrantando las premisas básicas del distanciamiento social obligatorio".
En este marco, advirtieron: "Muchos senadores pertenecen a grupos de riesgo, por lo que, en el hipotético caso de que se realizara una sesión presencial, advierten podría estar plagada de ausencias, lo que alteraría las representaciones políticas".
"Debemos encausar el debate parlamentario sin que ello implique que las decisiones que los legisladores pudiéramos tomar nazcan amenazadas de ser anuladas en virtud de ulteriores presentaciones judiciales, que cuestionaran el método de reunión elegido", dice la carta.
