Un nuevo escándalo se suma al polémico crédito que el Banco Nación le otorgó a la empresa agroexportadora Vicentín. Según informó el sitio LPO, la entidad pública le prestó a la empresa que entró en default más de $18.370 millones durante la gestión de Javier González Fraga. En diciembre del año pasado, la empresa entró en quiebra.
A esta polémica se le agrega un nuevo dato que arroja más sospechas sobre la operación: la agroexportadora Vicentín fue la mayor aportante privada de la campaña de Juntos por el Cambio, al menos hasta las PASO. Así se puede constatar en la declaración de campaña que figura en la página de la Cámara Nacional Electoral.
De acuerdo a los registros, Vicentín aportó a través de tres de sus empresas: Algodonera Avellaneda, FRIAR S.A y Oleaginosa San Lorenzo. Las tres pertenecen al holding agroexportador Vicentín.
Cada una de las compañías aportó para la campaña de Juntos por el Cambio la suma exacta de $4.500.000, dando un total de $13.500.000. Con esa suma, aparecen como uno de los principales aportantes privados a la campaña de Mauricio Macri, que fue quien más recibió. Lo hicieron algunos días antes de las PASO, entre el 6 y el 8 de agosto de acuerdo a los registros. Aún no fueron publicados los registros de aportes para la segunda etapa de la campaña.
Fue justamente la fuerza política liderada por el ex presidente Mauricio Macri la que impulsó, el año pasado, una ley express para permitir que las empresas privadas pudieran realizar aportes para la campaña electoral. Dicha práctica se encontraba prohibida por la reforma electoral que impulsó en 2009 el entonces gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
La magnitud de los montos que el Banco Nación le prestó a esta empresa sorprendió a propios y extraños. Representa el 78% de la deuda bancaria de la empresa y, además, comprometió el 20% de la responsabilidad patrimonial computable del banco. Este dato no es menor: de acuerdo a especialistas, comprometer al banco en semejante nivel viola los límites de riesgo de concentración que fija la normativa Basilea II.