Pasaron solamente 13 días desde que asumió
Alberto Fernández y parece ser que continúa el inicio de un proceso de racionalidad, cumplimiento de la ley y fin de la persecución política a dirigentes en la Argentina:
el Tribunal Oral Federal 8 decidió hoy revocar la prisión preventiva que pesaba sobre Cristina Fernández de Kirchner en la causa del Memorándum con Irán, el expediente que nació con la cuestionada denuncia de Alberto Nisman en enero de 2015, con lo que a la vicepresidenta solamente le queda activa una orden de cárcel sin condena ni juicio.
De este modo,
el TOF 8 determinó la caída de la preventiva que pesaba sobre CFK en la causa por el supuesto "pacto de encubrimiento con Irán", la denuncia que le había armado Nisman en enero del último año de mandato de la imputada como presidenta y en donde se denunció un supuesto encubrimiento para los sospechosos de haber volado la AMIA, un atentado que en 1994 mató a 85 personas.
Según entró en razón el tribunal,
no hay nada que indique un posible entorpecimiento de la investigación o una fuga por parte de la vicepresidenta. Pero además, los magistrados agregaron que
se da "la circunstancia extraordinaria de que la aquí imputada ha sido recientemente investida como Vicepresidenta de la Nación”.
La orden de detención que ahora cayó había sido dictada el 6 de diciembre de 2017, como en todos los casos en que apuntó contra CFK, por el juez federal
Claudio Bonadio. Nunca se había hecho efectiva porque la hoy vicepresidenta tenía fueros como senadora nacional. Por el contrario, fueron detenidos otros de los perseguidos por el "Pistolero": el fallecido ex canciller
Héctor Timerman, el hoy Procurador del Tesoro
Carlos Zannini o el ex líder de Quebracho
Fernando Esteche. Actualmente ninguno está en prisión porque sus prisiones preventivas cesaron. Sin embargo, la ex mandataria nunca había pedido formalmente su excarcelación, pero sí había apelado la preventiva, que estaba firme tras un fallo de la Corte Suprema.
Luego de que pasaron los dos años de esa orden de prisión preventiva, el plazo estipulado para que dure una detención sin condena, el TOF 8, con la firma de
José Michilini, Gabriela López Iñiguez y Daniel Obligado, dispuso revocar esa medida.
“No existen motivos fundados en la actualidad para sostener la presunción de fuga o entorpecimiento aludida, a la vez que resulta ineludible tener en vista la circunstancia extraordinaria de que la aquí imputada ha sido recientemente investida como Vicepresidenta de la Nación”, dijeron López Iñiguez y Michilini.
Tal como difundió Infobae, el juez Obligado destacó en su voto que él interviene en el TOF que tramita las causas Hotesur y Los Sauces, y que de su intervención en esos expedientes concluye que CFK siempre estuvo a derecho. "La importante cantidad de oportunidades en que por medio de las autorizaciones conferidas ha sido puesto a prueba su compromiso procesal, todas resueltas satisfactoriamente, constituyen un elemento objetivo para concluir que la Sra. Fernández de Kirchner ha dado muestra suficiente de estar a derecho y con la obligación asumida de comparecer cada vez que el tribunal la cite, permitiendo descartar cualquier riesgo de elusión del accionar judicial en autos”, explicó.
También destacaron que el trámite para llegar a juicio oral se encuentra en marcha y que no hay dilaciones buscadas y, muy importante, que
está abierto el ofrecimiento de pruebas. Y no cualquier prueba:
Zannini solicitó que declare lo antes posible Ronald Noble, el ex titular de Interpol que cruzó a Nisman apenas el entonces titular de la UFI AMI hizo la denuncia por el Memorándum con Irán contra la ex presidenta.
También pidió la declaración anticipada de Joel Sollier, consejero jurídico en 2013 que manifestó cuando se firmó el mencionado acuerdo, que éste no implicaba “ningún tipo de cambio en el estatus de las certificaciones rojas aplicadas en relación a los crímenes investigados en la causa AMIA".
Se de trata de la prueba que siempre reclamó la defensa de Timerman, desde que estalló el caso hasta que murió, y que Bonadio insólitamente nunca vio, escuchó ni le pareció relevante. Es que Noble es una carta esencial para las defensas: como siempre dijo y sería difícil cuestionar ningún funcionario de la gestión de CFK intentó levantar las alertas rojas que pesan sobre los iraníes sospechados de haber participado del ataque a la mutual judía.
La causa nació con la denuncia que hizo Nisman cuatro días antes de aparecer con un tiro en la cabeza en el baño de su departamento. Fue en enero de 2015. En aquel momento, la denuncia de Nisman fue desestimada por el juez Daniel Rafecas, con el aval de la Cámara Federal. En 2016, se hizo una denuncia contra Cristina Kirchner y los legisladores que votaron el Memorándum. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación avaló la reapertura de la denuncia de Nisman. Tras un breve paso por las manos del juez Ariel Lijo, la denuncia se concentró en el juzgado de Bonadio y allí se inició la seguidilla de decisiones insólita y las carátulas procesales de "encubrimiento y traición a la Patria".
Más allá de esta decisión, la causa avanza por ahora hacia la realización de un juicio oral que aún no tiene fecha. Está pendiente la respuesta al pedido de Zannini para interrogar al ex secretario de Interpol sobre la caída de las alertas rojas para los iraníes, sospechosos de haber volado la mutual judía y haber provocado la muerte de 85 personas el 18 de julio de 1994.
QUÉ CAUSAS Y PEDIDOS DE PREVENTIVA LE QUEDAN A CRISTINA
Con la decisión que hoy tomó el TOF 8,
Cristina sólo tiene activa una orden de cárcel sin condena, la grave costumbre que se inició contra opositores durante la gestión de Mauricio Macri, también dictada por el juez Bonadio: la de la causa de las fotocopias de los cuadernos.
En ese caso, el pedido de la defensa de la vicepresidenta para hacer cesar esa orden de preventiva está trabado por un conflicto interno en la Cámara Federal de Casación Penal. Es que tres jueces de ese tribunal le reclamaron a otros tres que le envíen la causa por los cuadernos y todas sus derivadas.
Esto ocurre cuando un fallo ya activó las libertades de Julio De Vido y Roberto Baratta y cuando ya estaba a punto de resolverse si se cae o queda en pie la prisión preventiva de Cristina. El tribunal también debe resolver si hace lugar a la recusación del fiscal Carlos Stornelli en todos esos expedientes, luego del procesamiento en la causa D’Alessio por la banda del espionaje ilegal y las extorsiones. De hacer lugar a ese apartamiento, podrían caer todas las elevaciones a juicio de esa megacausa, dado que ese funcionario judicial las impulsó.
Para junio de 2019, la vicepresidenta tenía 13 procesamiento y 7 pedidos de prisión preventiva. Todas estas solicitudes de cárcel sin condena ni juicio fueron hechas por Bonadio. De los trece casos en los que fue procesada la ex presidenta, cinco ya fueron elevados a juicio oral (dólar futuro, memorando, Los Sauces, Hotesur y obra pública) y ya comenzó el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública.
Luego, para mediados de noviembre, solo le quedaban los pedidos de prisión por Cuadernos y el pacto con Irán denunciado por Nisman, que hoy el TOF 8 revocó. Como senadora nacional elegida en 2017, CFK gozaba de fueros parlamentarios hasta el final de su mandato, en 2023. Solo hubiera podido ser eventualmente arrestada con un pronunciamiento de la Cámara Alta. Ahora, como vicepresidenta de la Nación, cuenta con las mismas inmunidades constitucionales pero para perder los fueros se requiere el aval de las dos cámaras del Congreso a través de un proceso de juicio político.
