A pesar de que la funcionaria del Ejecutivo a cargo del máximo organismo que defiende los derechos de las mujeres lo definió como el "feminista menos pensado",
algunas decisiones de Mauricio Macri impulsadas a través de sus lugartenientes lo exponen como todo lo contrario. Es el caso de lo que ocurrió hoy a nivel judicial, ya que el Gobierno operó en el Consejo de la Magistratura para proteger a un juez acusado de violencia de género.
Es que tras extensas negociaciones, con discursos fuertes, un largo plenario y un intenso esfuerzo del oficialismo por proteger al magistrado acusado,
la Magistratura aprobó sancionar con una multa por única vez del 35% de su sueldo al camarista Juan Carlos Gemignani, tras ser investigado por haber ordenado detener sin justificación e incomunicar en julio de 2016 a María Amelia Expucci, secretaria de la Cámara de Casación, luego de que se negara a hacer un inventario de cajas con equipamiento que estaban arrumbadas en una sala del Tribunal (tarea que no le correspondía).
El juez fue acusado de "falta de consideración y debido respeto a magistrados, funcionarios y empleados judiciales", "actos ofensivos al decoro de la función judicial, el respeto a las instituciones democráticas y los derechos humanos", y "violencia de género".
La sanción económica del descuento en sus haberes ni siquiera será efectiva hasta que la medida quede firme. Es muy factible que el camarista apele ante la Corte. Sólo en el caso de que esto último no ocurra, la medida queda firme a los 10 días.
Fuentes de la oposición que estuvieron presentes en el CM contaron a Política Argentina que las negociaciones más duras y que expusieron el grado de protección que ensayó el macrismo para con Gemignani quedaron claras en el debate previo en la Comisión de Disciplina y Acusación y en las tres propuestas de sanción que allí se discutieron.
Allí,
los consejeros Alberto Lugones (en representación de los jueces del PJN)
y Diego Molea (en representación del ámbito académico)
propusieron un dictamen que lo sancionara con una multa del 50% del sueldo del magistrado y que realizara una capacitación en temática de género y violencia contra la mujer realizada dictada por el Instituto Nacional de las Mujeres, y la diputada nacional
Graciela Camaño también pidió la quita del 50% del salario aunque sin la capacitación.
Por el contrario,
el dictamen de sanción más leve fue el de Inés Brizuela y Doria, la senadora radical que representa al oficialismo, quien propuso que la sanción para Gemignani solamente fuera un apercibimiento.
Foto: Adrián Escandar
Lugones y Molea retiraron su dictamen, el más fuerte, y adhirieron al de Camaño para conseguir el número necesario en el plenario. ¿Por qué? Porque el dictamen de la consejera instructora Brizuela y Doria consiguió la mayoría de 5 votos en la reunión de la Comisión. ¿Quiénes? Todos los consejeros oficialistas.
La sanción del 35% del sueldo del magistrado que finalmente salió por unanimidad fue una opción negociada entre el dictamen pro Gemignani que proponía sólo un apercibimiento y el que promovía una multa del 50% por única vez. El acuerdo se produjo luego de una gestión frenética del consejero representante del Poder Ejecutivo, Juan Bautista Mahiques.
Según Infobae,
el oficialismo optó por esta opción ante el escenario de que el dictamen con la sanción que quería el macrismo perdiera por un voto frente a la alternativa más severa de la multa, promovida por Camaño, el juez Lugones y Molea, el rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ).
Foto: Adrián Escandar
La paridad entre las posiciones, y ante la posibilidad de un desempate del presidente Ricardo Recondo -que se habría inclinado por la multa del 50%-, dio lugar al pedido de un cuarto intermedio por parte del juez Juan Manuel Culota para acercar posiciones. "En un tema tan relevante, más allá de que perdiéramos, no era lo ideal votar divididos", dijo un consejero del oficialismo en tono resignado. "Igual, le salvamos la vida porque su actuación podría haber merecido la apertura de un juicio político. Y solo se lleva una sanción", agregó, en una asunción de que se trató de un intento oficial de defender al juez acusado de violencia de género.
Desde la oposición atribuyeron la intención de "proteger" a Gemignani por su origen radical. El magistrado llegó a juez de la Cámara Federal de Casación Penal con el apoyo del dirigente de la UCR Ernesto Sanz.
A la hora de los discursos, el consejero Molea dio valor al acuerdo en sancionar a Gemignani, pero recordó que hubo miradas distintas en el tipo de sanción y fue contundente:
"La conducta de Gemignani me avergüenza como hombre. No creo que haya sido un exabrupto, sino una práctica".
Tras destacar que el Consejo "está trabajando la cuestión de género", señaló que el organismo "debe dar mensaje muy claro sobre lo que sucedió respecto de la conducta de Gemignani, muy reprochable, hoy y hacia delante". Por eso, añadió que "debe dar un mensaje hacia la sociedad y al Poder Judicial" de que no van "a dejar desamparadas a las mujeres que son víctimas de violencia de género".
"No alcanza un apercibimiento sino que creemos que debemos ir por la pena mayor. El mensaje debe ser que 'no sea lo mismo', tenemos la posibilidad de dar un mensaje ejemplificador", y recordó que el camarista "ni siquiera muestra arrepentimiento" por su accionar.
A su turno, Lugones admitió que no le era grato proponer sanciones a un colega, pero fundamentó la máxima sanción porque
"en este caso, el magistrado se equivocó feo en muchos aspectos". E incluso planteó dudas de si no habría que haber analizado la posibilidad de abrirle un proceso de juicio político.
Foto: Adrián Escandar
A la hora de defender su un dictamen alternativo, Camaño marcó sus diferencias con la propuesta light de Brizuela por "sus carencias", y destacó la importancia de "una adecuada fundamentación" en los argumentos de la sanción previendo una posible apelación de la medida disciplinaria del camarista ante la Corte Suprema.
"El dictamen de Brizuela no incluye las declaraciones de los empleados judiciales que detallan el obrar indebido de Gemignani. Tampoco incluye la falta de responsabilidad de Expucci, que fue sobreseída en sede judicial. No se le reprocha al magistrado que nunca le pidió disculpas, ni reconoció su error. No se le reprocha que el propio juez en ningún momento reconoce o pone en duda la existencia de violencia de género", enumeró.
Y agregó: "Esto es la perspectiva de género: poder darse cuenta la forma en que tiene que tratar a sus colegas mujeres. Y esto es necesario porque a las mujeres nos falta estar empoderadas. Somos muy pocas las que llegamos a cargos de poder".
A la hora de intentar argumentar las razones de que su dictamen fuera menos severo que el de Molea y Lugones, Camaño afirmó que no coincidía con "enviar al camarista a un curso de capacitación en temas de género", por creer que "toda la Justicia tiene que ir a un curso".
Es que así lo establece la denominada Ley Micaela, lo que en la realidad tiene por el momento una aplicación casi nula que explica el dictamen más fuerte de los consejeros representantes de los jueces y los académicos, que buscaban la obligatoriedad de la capacitación de Gemignani en el marco de lo que hizo.
La consejera instructora de la denuncia contra Gemignani, Brizuela y Doria, le respondió a Camaño con la aclaración de que en su dictamen
"de ninguna manera justificó la detención de Expucci, ni se dejó de tener en cuenta su sobreseimiento en sede penal". Sin precisar en qué punto incluyó la cuestión, agregó que "tampoco se dejó de lado el tema de las derechos humanos".
