Es sabido en la "rosca" política que hacer campaña electoral no es solamente organizar recursos y acciones destinados a exhibir discursos y acciones ante la opinión pública, como surge del significado formal del concepto. Un claro ejemplo es lo ocurrido ayer, cuando
el gobierno de Mauricio Macri puso sobre la mesa con la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) $32 mil millones a cambio de una "conflictividad administrada" antes de las elecciones, lo que, en lo pronto, se materializó en el anuncio de una movilización sin paro en medio de la situación de recesión, despidos e inflación imparable.
Según publicó el periodista Mariano Martín en
Ámbito Financiaro, el Gobierno llegó a un acuerdo con la CGT para el pago de
casi $14.000 millones para las obras sociales sindicales y otros $18 mil millones para la próxima década en compensación por una deuda arrastrada desde hace años, a cambio de una
"conflictividad administrada y de baja intensidad hasta las elecciones".
El entendimiento se terminó de cerrar ayer por la mañana, tras
semanas en que se esperaba que la central obrera anunciara un paro general ante el escenario de aumento de la desocupación, despidos, inflación, recesión e imparable pérdida del poder adquisitivo de la clase media y los sectores más vulnerables de la sociedad.
Luego,
por la tarde, los dirigentes sindicales anunciaron una movilización conjunta con sectores opositores para el 4 de abril, sin paro general ni medidas de protesta potentes.
El acuerdo quedará plasmado en un decreto y una resolución que apuntalarán las finanzas de las entidades de salud de los gremios, golpeadas por la crisis económica y por una distribución discrecional de los recursos por parte del Ejecutivo.
El desembolso total, según el diario, no será inmediato y tendrá tres fuentes centrales de financiamiento: por un lado, se destrabarán $4.500 millones que permanecían inmovilizados desde la firma de un DNU en 2016 y que tenía como fin programas de asistencia y emergencia para las obras sociales; por otro, incorporarán $4.235 millones de un acuerdo extrajudicial que el Gobierno alcanzó en 2017 con la prepaga OSDE; y otros 3.100 millones de pesos correspondientes a los intereses de un bono que había suscripto la administración de Mauricio Macri a favor de las entidades de salud.
Entre esos tres ítems y los intereses del propio sistema el monto total del acuerdo alcanzará al menos 13.712 millones de pesos. A ese valor se le sumarán las 120 cuotas mensuales (de las que ya fueron pagadas 13) de 150 millones de pesos que OSDE comprometió para complementar su acuerdo extrajudicial con la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que para 2027 habrán totalizado 18 mil millones de pesos más intereses.
Desde la CGT, en palabras al mismo medio de
José Luis Lingieri, argumentaron que el convenio devuelve a los gremios parte de la deuda que el Gobierno mantiene con sus prestadoras de salud:
“Es un acuerdo importante en función de lo que se venía negociando, tanto desde el punto de vista político como para las obras sociales".
Las gestiones estuvieron a cargo del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, junto a su jefe de Gabinete, Ignacio Pérez Riba. Además de Lingeri participó por la CGT uno de los cosecretarios generales, Héctor Daer, y exsuperintendente de Servicios de Salud Luis Scervino, técnico principal de las obras sociales antes y después de ese cargo. También fueron involucrados técnicos de la Jefatura de Gabinete nacional y tuvo un papel secundario el actual superintendente de Salud, Sebastián Neuspiller, médico y exfutbolista, quien como deportista se hizo amigo de Mauricio Macri.
