Mientras se resquebraja la legitimidad de la causa de las fotocopias de los cuadernos manchada por el escándalo de la investigación por la red de espionaje ilegal y extorsiones que tiene involucrado al fiscal
Carlos Stornelli, espías, dirigentes de Cambiemos y periodistas,
Claudio Bonadio sigue su show contra Cristina Fernández de Kirchner en Comodoro Py: a
hora le dictó un doble procesamiento con pedido de prisión preventiva por haber recibido supuestos retornos vinculados a los subsidios al gasoil y a los pasajeros que obtuvieron las empresas de transporte que explotaron colectivos y trenes durante su gobierno.
Cristina sumó así dos nuevos procesamientos con pedido de prisión preventiva todos decididos por Bonadio.
Son dos decisiones vinculadas y derivadas de la causa de las fotocopias de los cuadernos y ambas acarrean embargos cercanos a los $1.000 millones. La acusación es por los delitos de
"asociación ilícita (ampliación), cohecho y administración fraudulenta".
Este nuevo fallo se suma al que firmó el magistrado el lunes y que también implicó un procesamiento con prisión preventiva. Son en total cinco los casos por los que la senadora nacional tiene un pedido de detención judicial, todos de Bonadio.
El pedido anterior de Bonadio había sido por la compra de gas licuado en barcos. Las novedades se conocen cuando la ex presidenta se encuentra en Cuba, adonde viajó para acompañar a su hija, con problemas de salud. Según confirmó el abogado defensor de ambas, Cristina volvería este viernes a la Argentina.
El procesamiento alcanza también a empresarios que confesaron en el caso cuadernos haber pagado coimas por los subsidios a los trenes a los ex secretarios de Transporte.
Aldo Roggio y Gabriel Romero están entre ellos. Roggio admitió haber pagado coimas por los subsidios que recibió por la explotación del subte y Romero, por los trenes.
También fueron procesados Sergio Taselli y Claudio Cirigliano, quienes tenían a su cargo otras líneas de ferrocarriles urbanos. Cirigliano está detenido, condenado por su responsabilidad en la Tragedia de Once.
A la ex jefa de Estado y los ex funcionarios se les fijó un embargo de $800 millones. A los empresarios de ferrocarriles se los embargó por $300 millones. El empresario Roberto Urquía, socio de Romero en la explotación de ferrocarriles de pasajeros en Córdoba, recibió una falta de mérito. Además fueron procesados los directivos de las líneas de colectivos urbanos implicados en la maniobra investigada.
