Las alianzas provinciales van avanzando, se van constituyendo los frentes y, cada día, las elecciones presidenciales de octubre se acercan. En ese orden, con la economía en severa crisis y con encuestas que no lo acompañan,
Mauricio Macri parece haber decidido tomar el atajo de una escandalosa operación a través de la justicia electoral para quedarse con el PJ y elegirle candidato y conductor al peronismo de cara a los comicios e incluso hacia adelante.
Según reveló un artículo de Ámbito Financiero, el Presidente y su mesa chica configuraron una táctica que tendría dos objetivos: sacarse de encima a los opositores competitivos para ganar las elecciones de octubre y, en paralelo, asegurarse un Congreso más afín a los ajustes que en la Casa Rosada imaginan para un segundo mandato de Macri.
En ese camino,
el Gobierno utilizó como primer "puente" a un viejo amigo presidencial, el misionero Ramón Puerta, actual embajador en España y uno de los promotores de la peronización del PRO. Este dirigente propuso y busca impulsar la candidatura de
Eduardo Duhalde para dividir al peronismo y dar previsibilidad hacia futuro.
La misma operación
también cuenta con la participación de tres históricos del peronismo menemista, como Miguel Ángel Toma, Hugo Franco y Alfredo Atanassof, que oficiaron de emisarios para llevarle el mensaje al propio Duhalde.
El expresidente y gobernador bonaerense fue el primero en colocar el nombre de Roberto Lavagna como el candidato del consenso,
pero en el Gobierno no están de acuerdo y prefieren ir a lo seguro. Toma y Franco le transmitieron el mensaje a Duhalde sobre qué quiere Macri, y allí le explicaron que Lavagna “no tiene cintura política” y que Cambiemos lo apoyará porque lo considera el “hombre indicado”.
Sin embargo, eso sería una cuestión política.
Lo más escandaloso es que la operación del macrismo también incluye un hecho que, de probarse, constituiría un grave delito: Macri y su equipo creen que es necesario "manotear" el sello del Partido Justicialista y, con esa misión, el jefe de asesores de la Presidencia, José Torello, se contactó con la jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría, para reavivar la embestida contra el PJ del año pasado.
No es la primera vez que la "Chuchi" recibió a Torello, como cuando por abril de 2017, la jueza sorprendió al jefe de asesores de Casa Rosada y compañero de Macri en el Colegio Cardenal Newman, con su hijo Juan Carlos para pedirle que le otorgara más poder. Es que "Juan Carlitos", como lo llama la magistrada, había sido como administrador general del Consejo de la Magistratura.
En el marco de que el Congreso Nacional del PJ tiene previsto reunirse el 7 de marzo en la Ciudad de Buenos Aires para definir la política de alianzas de cara a las elecciones,
Torello se apuró para repasar con Servini las irregularidades que observó en el PJ nacional y explorar alguna alternativa judicial para “reconquistar” el sello y entregárselo a Duhalde.
El año pasado, Servini intervino el PJ nacional y puso allí, sin ningún sustento, para la normalización al polémico sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo. En esa oportunidad, Duhalde salió rápido a despegarse, pero inexorablemente quedó apuntado por algunos sectores del peronismo. Unos meses después, la Cámara Nacional Electoral dio marcha atrás con lo actuado por la jueza y repuso la presidencia del sello partidario al diputado nacional por San Juan José Luis Gioja.
La sentencia de los camaristas Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera explicaba que la intervención judicial de un partido político es una medida “excepcional”, que sólo se justifica cuando se configura la violación de la ley o la carta orgánica, lo que en el caso no se pudo verificar. Ahora, el macrismo busca ir por la revancha e imponerle conducción al peronismo.
