A pesar del discurso de Cambiemos con foco en la transparencia de gestión y de su nutrida gestualidad en ese camino, como es el caso del cuestionado DNU de extinción de dominio, se siguen sumando escándalos de corrupción que restan legitimidad a ese relato:
la secretaria general del sindicato de Vialidad Nacional denunció penalmente que el gobierno de Mauricio Macri le aumentó un 120% un contrato a IECSA, la empresa familiar del rubro de la construcción que el Presidente le vendió a su primo y que luego pasó a manos del empresario favorito de la administración PRO.
Graciela Aleña, la dirigente sindical que encabeza el gremio de Vialidad Nacional, presentó la semana pasada una fuerte denuncia penal contra
Javier Iguacel, en la que acusa al exfuncionario de Macri de haber "ayudado" de manera ilegal a IECSA, la constructora que fundó la familia presidencial para luego vender a
Ángelo Calcaterra, quien a su vez la traspasó a
Marcelo Mindlin, CEO de Pampa Energía y Edenor, entre otros, y el empresario más beneficiado de la era Cambiemos.
Iguacel fue expulsado recientemente de la Secretaria de Energía, pero antes había sido Vialidad Nacional, organismo que depende del Ministerio de Transporte que conduce
Guillermo Dietrich. Curiosamente, estaría confirmado que el funcionario denunciado volvería a tener trabajo en el Estado en la cartera de "Guillo".
Según publicó Perfil -sólo en su versión papel, ya que llamativamente la nota no fue incluida en la versión digital del medio-,
en la denuncia sostienen que el gobierno de Macri ajustó hacia arriba tres de los 9 contratos para la construcción de la Autovía Pilar-Pergamino, pero llamativamente el tramo correspondiente a IECSA consiguió un 120% de aumento mientras que las otras dos empresas lograron subas casi tres veces menores.
La obra, cuya finalización fue la primera promesa de Macri en un acto como mandatario, fue licitada a IECSA en 2013, bajo gestión kirchnerista y cuando la firma pertenecía a Calcaterra, el contrato se firmó en 2015 y la conclusión debía ser en 2017. El líder PRO le puso énfasis discursivo cuando asumió en 2016, pero la paralización de la obra pública de ese año la dejó congelada.
En abril de 2018, con la Resolución 781/17, el Gobierno modificó formalmente los contratos y ajustó los precios de las obras, con Iguacel al frente de Vialidad y Mindlin en IECSA, que pasó a llamarse Sacde SA. Aleña denunció irregularidades en estos acuerdos. Según la presentación penal, sólo 3 de los 9 tramos de la obra lograron modificaciones: el tramo I B, ejecutado por Chediack SA, consiguió un 45%; el tramo III, en manos de Vialmani SA, se hizo de un ajuste también de 45%; mientras que Mindlin, con la exIECSA, obtuvo un incremento del 120% para el tramo II B.
Según la dirigente gremial, los cambios que Macri, Dietrich e Iguacel hicieron en el proyecto
"requerían un nuevo proceso de licitación, algo que no ocurrió, e implica un quiebre de los principios de legalidad, igualdad y libre concurrencia en perjuicio de los intereses de la administración pública".
El expediente quedó en manos del juez federal
Julián Ercolini y del fiscal
Jorge Di Lello y, además de Iguacel, incluye como denunciados al ex director de Obras,
Juan Manuel Campaña; al ingeniero de Vialidad
Guillermo Heinke; y a
Mindlin, el CEO favorito de Macri que actualmente encabeza su ex empresa.
"Por una extensión de camino menor, ahora se debe ejecutar una obra técnicamente distinta a la licitada, permitiéndole de esta manera la integración de nuevos ítems de obra a precios muy superiores a los originalmente pactados, convirtiendo un 120% más caro el contrato", se explica en la denuncia.
Finalmente, Aleña reafirmó ante el mismo medio que la semana próxima ratificará la denuncia. Iguacel, por su parte, se prepara para su regreso a un cargo político de menor exposición, y en esa línea no quiso responder consultas respecto de la grave acusación por la que se lo señala.
