Amnistía Internacional (AI) emitió un comunicado donde manifestó su preocupación por los últimos anuncios del Gobierno Nacional en materia de seguridad, como la compra de armas de electrochoque y la intención de bajar la edad de imputabilidad de los menores.
Asimismo, la organización aseguró que “el mantenimiento del orden y la seguridad no se contrapone con los derechos humanos, por el contrario, su respeto y protección es una de las dimensiones que mejor describe un Estado de Derecho”.
En cuanto a las armas de tipo Taser, indicó que “se subestiman los riesgos relacionados con la salud y la vida de las personas expuestas a su uso”, y advirtió que presentan un elevado riesgo de que “se utilicen de manera inapropiada y excesiva (incluyendo malos tratos y torturas) debido a que no dejan rastros visibles de lesiones o sufrimiento en la persona”.
Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, señaló la responsabilidad del Gobierno en garantizar que las fuerzas de seguridad hayan sido capacitadas y se encuentren preparadas para que no existan usos indebidos de las armas de electrochoques.
Con respecto a baja en la edad de imputabilidad, AI expresó su preocupación por esta iniciativa y recordó que “desde hace años Argentina ha sido interpelada por los organismos internacionales de derechos humanos a aprobar un sistema de justicia penal juvenil que brinde garantías a los jóvenes en conflicto con la ley penal”.
En ese sentido, Belski afirmó que “la reforma no puede hacerse de cualquier modo”. “El propio Comité de los Derechos del Niño de la ONU, en sus Observaciones a Argentina de junio de 2018, hizo hincapié en que la ley penal juvenil no debe incluir disposiciones que puedan endurecer las penas o reducir la edad de responsabilidad penal", añadió.
Por otra parte, en el mismo comunicado se refirió a “los anuncios del Gobierno que, basados en estadísticas tergiversadas, insisten en abordar a la migración desde un paradigma de seguridad y punitivo”.
“A diferencia de lo anunciado a los medios, la totalidad de personas extranjeras detenidas en Argentina no es de un 20 por ciento sino que es de cerca del 6 por ciento, cifra que no se ha incrementado en los últimos años. El gobierno debe promover la regularización y la garantía de los derechos de las personas migrantes, en el marco de las políticas sociales y desde un enfoque de derechos humanos”, concluyó AI en su comunicado.
