Los días judiciales suelen ser cargados de novedades, y, en muchos casos, esa cualidad conlleva polémica. Es que en el mismo día que decidió confirmar el procesamiento de
Cristina Fernández de Kirchner pero favorecer a empresarios como el primo presidencial
Ángelo Calcaterra en la causa de los cuadernos,
la Cámara Federal porteña desprocesó al poderoso empresario macrista Alfredo Coto y a su hijo Germán en un expediente en el que están imputados por tener escondido de forma ilegal un arsenal de armas de guerra pertenecientes al área de Patricia Bullrich en una sede de su supermercado.
Los jueces de la Sala I de apelaciones
Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi dictaron la falta de mérito para Coto y su hijo a través de un criterio que o bien es polémico o en su defecto es aplicable a infinidad de expedientes, como por ejemplo aquel por el que los mismos magistrados hoy confirmaron a CFK como jefa de una asociación ilícita "enquistada en el corazón del Gobierno".
Es que,
para Bruglia, Llorens y Bertuzzi, los Coto quedaron fuera de toda responsabilidad porque dado el tamaño de la empresa que manejan, podían no estar al tanto de los temas vinculados con la seguridad comercial de la firma. Sin embargo, la expresidenta conducía el Estado pero sí estaría al tanto de los presuntos delitos que se investiga si ocurrían al interior del mismo.
"El ´riesgo seguridad' de la empresa presidida por los imputados no es sino parte de un organigrama mercantil cuyas actividades, para ser debidamente cumplidas, requieren de cierta cuidado y custodia mediante la delegación de funciones en aquellos competentes en la materia”, justificaron los jueces para dictar la falta de mérito de Coto.
En el fallo, sostuvieron que "resultaría inexigible e inimaginable que en una estructura de ese tipo de casi 20.000 personas y un sinnúmero de sedes en funcionamiento en todo el país, fueran su presidente y vicepresidente los encargados de llevar adelante los procesos vinculados a esa clase de actividad”.
Hace unos meses, el juez federal Sebastián Ramos procesó y embargó, sin prisión preventiva, a los Coto. En mayo de 2017, los fiscales Jorge Di Lello y Franco Picardi habían denunciado el hallazgo de un arsenal en un supermercado de la firma en la calle Paysandú 1800.
Coto tenía escondidas
227 granadas, 41 proyectiles de gases, 27 armas de fuego y 2 de lanzamiento, 3.886 municiones, 14 chalecos antibala, 22 cascos tácticos sin número visible, un silenciador y 9 escudos antitumultos. La mayoría del armamento hallado
pertenecía a la Policía Federal y a la Prefectura, fuerzas bajo comando de Patricia Bullrich. Había además armamento con los números de serie adulterados, otro con la numeración limada y otros tantos con permisos vencidos.
Los Coto fueron acusados de tenencia ilegítima de explosivos y otras armas que estaban en dicho supermercado "sin la debida autorización legal o sin que medien razones que justifiquen dicha tenencia". Sin embargo, para los jueces de la Cámara Federal que embistieron contra Cristina pero ayudaron a los empresarios de los cuadernos, la causa del supermercadista no cuenta aún con elementos suficientes para dictar el procesamiento o el sobreseimiento de los imputados, lo que justifica la decisión de dictarles la falta de mérito.
¿QUIÉN ES COTO?
Tal como contó
Política Argentina en junio de este año,
Alfredo Coto es el décimo noveno hombre más rico del país, con USD 1100. No obstante, el dato destacado para la cuestionable decisión judicial de la sala I de la Cámara Federal es que
el dueño de la mayor cadena de retail argentina no sólo es amigo personal del presidente Mauricio Macri, sino que también fue el empresario que más capital blanqueó gracias a la amnistía tributaria instaurada por el líder PRO.
A través del blanqueo empaquetado con la "Reparación Histórica" para los jubilados, según el periodista Horacio Verbitsky,
Coto limpió 7.000 millones de pesos.
Por otra parte, el CEO públicamente expresó su apoyo al oficialismo, aunque siempre pidiendo más medidas de ajuste y menos gradualismo. En esa línea, reclamó "ponerle un poco menos de gradualismo para que vengan inversiones de afuera" y que la industria del juicio "le hace mucho daño a la Argentina".
“Hay más diálogo y racionalidad en el gobierno de Mauricio Macri”, remató, allá por 2016, tras compartir un acto con el jefe de Estado.
