A poco más de un mes de la reunión en Casa Rosada entre
Mauricio Macri y los
rectores de universidades públicas convocada por el Gobierno con el propósito de encauzar el conflicto social por el ajuste a la educación superior,
la administración Cambiemos volvió a recibir malas noticias respecto de la cuestión.
Es que a pesar de la ansiada foto que en aquella oportunidad forzó el Presidente, el Congreso ya tiene el proyecto de Presupuesto 2019 y
se conoció qué postura tomaron las cabezas de las casas de altos estudios en cuanto a los números que el Ejecutivo planea destinarles para el año próximo.
Según reveló Página 12,
el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) -organismo que nuclea a las instituciones públicas de educación superior- acordó de forma unánime que el proyecto de presupuesto elaborado por el Poder Ejecutivo “resulta insuficiente” en su asignación directa a las casas de estudios.
Según explicaron, la iniciativa macrista asigna $ 144.650 millones al sistema universitario, monto que inicialmente llevó tranquilidad a los rectores porque incluso superaba los $ 144.115 millones “mínimos e indispensables” para cubrir gastos. Sin embargo,
parece ser que el número, al igual que la foto con Macri y la promesa de considerar a "la educación superior" como "clave para el desarrollo nacional", encerraba algunas trampas.
Al abrir el detalle de la propuesta oficial,
los rectores alertaron por una “composición novedosa” del presupuesto, que incluye ítems que hasta ahora nunca habían sido incorporados y que podían estar “inflando” el monto total. Uno de ellos es
“recomposición salarial” ($ 9500 millones), del que aún se desconoce su propósito.
Otras partidas como esa, al no asignarse directamente a las universidades sino a programas a cargo de la Nación,
quedan supeditadas a la voluntad del Ejecutivo de girarlas o no, detallaron.
La propuesta reformulada por el CIN ratifica el pedido de $ 144.115 millones totales, pero reasigna los fondos incluidos en uno de los ítems que había despertado dudas en el proyecto oficial:
el Programa 99, denominado “Transferencias varias” y que cuenta con nada más y nada menos que $ 4 mil millones.
“El ítem es sólo una forma de inflar el presupuesto, esos fondos después son subejecutados por el Gobierno”, denunció el director general del CIN y exrector de la Universidad Nacional de Quilmes,
Mario Lozano. E incluso precisó que en este caso esa modalidad no es una novedad:
“Ya pasó este año, también fue incluido y hoy cuenta con una ejecución mínima".
El vicepresidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Hurlingham,
Jaime Perczyk, por su parte, destacó que
los funcionarios acordaron pedir que esos fondos se utilicen para reforzar el presupuesto de todas las universidades, del Sistema de Información Universitaria (SIU) y para garantizar que ninguna universidad de reciente creación quede por debajo de un incremento del 50 por ciento de su crédito actual.
Además,
la propuesta reformulada de los rectores vuelve a insistir en la necesidad de que se asigne presupuesto para obras de infraestructura en el sistema universitario en por al menos $ 4 mil millones, ya que el proyecto de Macri, curiosamente, no contempla fondos para un ítem tan importante como ése.
Desde que en marzo pasado se suspendió el financiamiento para nuevas obras y comenzaron a demorarse gran porcentaje de los proyectos en marcha, los trabajos de infraestructura se convirtieron en uno de los principales reclamos del CIN durante este año, así como de estudiantes y docentes.
Los rectores también piden una redistribución del crédito de 500 millones de “Gastos para ciencia y técnica”, para que sea incorporado al crédito de cada universidad, e hicieron una mención especial para las becas universitarias: piden que no haya menos cupos que en 2018, y que el estipendio se eleve en un 42 por ciento respecto de los valores iniciales de este año.
Con los tiempos ajustados de cara al debate del presupuesto en el Congreso, los rectores acordaron implementar un plan de acción “que movilice al sistema universitario nacional”, “partiendo desde la premisa de que se asegure el normal funcionamiento académico y administrativo de las instituciones universitarias públicas”. Según el director general del CIN, los detalles del plan aún no se han terminado de definir, pero en una primera etapa incluye encuentros con los legisladores de todos los bloques para transmitirles las diferencias con la propuesta oficial, y también se prevén reuniones con los gremios docentes y no docentes, y con asociaciones estudiantiles y de graduados.
