Una vez más, parece que las decisiones del Poder Judicial producen cambios en las del Poder Ejecutivo y viceversa, las posturas del Ejecutivo tuercen miradas del Judicial. El presidente
Mauricio Macri fue, en las últimas semanas, el principal vocero del Gobierno para enterrar a empresarios y exfuncionarios involucrados en el caso de los
"cuadernos de la corrupción" de la obra pública que escribió el exchofer Oscar Centeno. Sin embargo, tras la
presunta estrategia del juez Claudio Bonadio para recortar la investigación retrospectivamente en 2008 y así eludir auscultar la gestión de la familia Macri en IECSA y a Techint -ambas señaladas en el caso de pago de coimas-,
el mandatario recorrió Vaca Muerta con Paolo Rocca, evitó hablar de la causa y sólo atinó a pedir construir "a partir de la transparencia".
"Seguimos enfrentando problemas propios y del mundo y esto se sigue desarrollando. Y no vamos a parar hasta que exportemos 30 mil millones de dólares en gas y petróleo", afirmó el jefe de Estado en el marco de su visita al yacimiento neuquino, donde estuvo en Loma de Lata, de YPF, y Fortín de Piedra, una de las áreas de explotación de Tecpetrol, la petrolera del grupo Techint.
A pesar de tener a su lado a Rocca, CEO de una de las empresas vinculadas al pago de coimas durante los gobiernos kirchneristas,
Macri le hizo un gesto al empresario, beneficiado por el corte temporal de Bonadio al igual que el mandatario, y solamente rodeó el caso de los cuadenos al reiterar que desea construir a la Argentina "a partir de la transparencia, verdad y trabajo en equipo".
El Presidente recorrió e inauguró la Planta Central de Procesamiento de Gas de la empresa Tecpetrol, que alcanzará una capacidad de producción diaria de 17 millones de metros cúbicos de gas no convencional inyectado al sistema, desde un único yacimiento en Vaca Muerta.
En la minuta cedida al CIJ,
Bonadio menciona a CFK como jefa de una asociación ilícita y sostiene de manera explícita que la investigación se concentrará en los hechos ocurridos entre los años 2008 y 2015, cuando los acusados "procuraron la percepción de sumas de dinero ilegítimas, por parte de diversos particulares, muchos de ellos, empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional".
La elección de ese período en principio dejaría afuera de la investigación parte del relato del chofer Centeno y parte de testimonios clave, como los de Claudio Uberti, extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) que integró el gobierno hasta 2007, y de Carlos Wagner, el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción que mencionó a varias empresas en el circuito de las coimas.
En su testimonio, Uberti detalló presuntos pagos de coimas que habría realizado Techint a través de Luis Betnaza. El hecho habría ocurrido en 2007, por lo que la decisión de Bonadio evitaría que buena cantidad de dardos de la causa peguen en Techint, con la curiosidad de que tanto este directivo como el propio Rocca asumieron los hechos en una incomprensible declaración pública ante todo el establishment argentino e incluso Macri en un encuentro de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que hasta ahora no hizo que lo llamaran a indagatoria.
En cuanto a Wagner, se refirió a un sistema que empezó en 2003 de mesas de cartelización y reparto de obra pública en base al pago de coimas, del que ya en 2004 participaba IECSA. El dato es que en ese momento la firma no estaba a nombre de Ángelo Calcaterra, primo presidencial, sino de la familia Macri.
No sólo eso, sino que también es imputado arrepentido –luego de haber quedado detenido por orden del juez–, Héctor Zabaleta, un hombre de extrema confianza de Rocca, que trabajó 48 años en las compañías del grupo y que fue director de administración.
