En medio de la investigación judicial por los "cuadernos de la corrupción" del exchofer Oscar Centeno, algunas decisiones "políticas" de la mesa chica de Cambiemos parecen dedicarse a sembrar dudas o, por el contrario, a dejar certezas, aunque polémicas. Es que
el presidente Mauricio Macri viajará, compartirá acto y tendrá foto mañana con Paolo Rocca, el CEO de Techint, empresario y empresas que aparecen involucrados en la causa, y todo ocurrirá unos pocos días después de la insólita minuta con adelanto de decisión que el juez Claudio Bonadio hizo publicar en el Centro de Información Judicial (CIJ), en la que reveló que cortará la investigación retroactivamente en 2008, lo cual favorecería precisamente a dos familias: los Macri y los Rocca.
En la minuta cedida al CIJ, el magistrado menciona a
Cristina Fernández de Kirchner como jefa de una asociación ilícita y sostiene de manera explícita que la investigación se concentrará en los hechos ocurridos entre los años 2008 y 2015, cuando los acusados
"procuraron la percepción de sumas de dinero ilegítimas, por parte de diversos particulares, muchos de ellos, empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional".
La elección de ese período en principio dejaría afuera de la investigación parte del relato del chofer Centeno y parte de testimonios clave, como los de
Claudio Uberti, extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) que integró el gobierno hasta 2007, y de
Carlos Wagner, el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción que mencionó a varias empresas en el circuito de las coimas.
En su testimonio, Uberti detalló presuntos pagos de coimas que habría realizado Techint a través de
Luis Betnaza. El hecho habría ocurrido en 2007, por lo que la decisión de Bonadio evitaría que buena cantidad de dardos de la causa peguen en Techint, con la curiosidad de que tanto este directivo como el propio Rocca en una incomprensible declaración pública ante todo el establishment argentino e incluso Macri en un encuentro de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que hasta ahora no hizo que lo llamaran a indagatoria.
En cuanto a Wagner, se refirió a un sistema que empezó en 2003 de mesas de cartelización y reparto de obra pública en base al pago de coimas, del que ya en 2004 participaba IECSA. El dato es que en ese momento la firma no estaba a nombre de Ángelo Calcaterra, primo presidencial, sino de la familia Macri.
No sólo eso, sino que también es imputado arrepentido –luego de haber quedado detenido por orden del juez–,
Héctor Zabaleta, un hombre de extrema confianza de Rocca, que trabajó 48 años en las compañías del grupo y que fue director de administración.
Conocido el favor de Bonadio a Macri y Rocca, ambos coincidirán mañana en Neuquén, porque el jefe de Estado hará un viaje relámpago a Vaca Muerta, el mega yacimiento de shale gas y petróleo de Neuquén, donde visitará Loma de Lata, de YPF, y Fortín de Piedra, una de las áreas de explotación de Tecpetrol, la petrolera del grupo Techint.
Según Infobae,
desde el sector energético evalúan el gesto del Presidente como una suerte de apoyo oficial a Techint y, personalmente, a Rocca. Desde la empresa, por otra parte, aseguran que no hubo una invitación formal
"ni pedido, ni gestión para una foto", y que todo ya estaba organizado previamente. En efecto, allí se va a inaugurar mañana la llamada Mesa Vaca Muerta, un grupo sectorial que nucleará a funcionarios nacionales y provinciales, gremios, intendentes y representantes de las empresas. Sin embargo, no hubiera sido la primera suspensión de un acto presidencial.
"El Presidente va a Vaca Muerta. En Vaca Muerta participan muchas empresas", ensayaron como explicación desde Casa Rosada al mismo medio.
La hipótesis oficialista para explicar la decisión de Bonadio es que los delitos anteriores al 2008 están prescriptos porque, al ser asociación ilícita, el delito investigado el plazo de prescripción serían 10 años (el máximo de condena por ese delito). Sin embargo, según abogados consultados por La Política Online, la prescripción "se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público".
Por su parte,
Alejandro Rúa, abogado de Amado Boudou y exdefensor de CFK en otras causas, explicó que el corte temporal de Bonadio tiene que ver con el requerimiento de instrucción del fiscal Stornelli, aunque éste aclaró que no descarta "la posibilidad de que (la asociación ilícita) hubiera operado aún antes o después de aquellos años", es decir entre 2008 y 2015.
"El objeto de proceso lo fija el requerimiento de instrucción, que fue bastante claro en cuanto a los tiempos, más allá de que puede ser ampliado cuando lo impongan los nuevos elementos del caso", señaló en redes sociales.
