Parece ser que a pesar de los esfuerzos al interior del Gobierno de Cambiemos por esconder la cruda interna entre la ministra de Seguridad,
Patricia Bullrich, y el titular de Justicia,
Germán Garavano, son infructuosos. Es que
un prestigioso asesor radical de este último salió a destrozar la "doctrina Bullrich" a favor del gatillo fácil, con lo que, más que contra la exfuncionaria de la Alianza, comprometió la postura de su jefe frente al propio presidente Mauricio Macri.
Se trata de
Ricardo Gil Lavedra, coordinador general de Justicia 2020, que abrió una grieta en el oficialismo al cuestionar "el cambio de doctrina" en seguridad que impulsa el Poder Ejecutivo a raíz del fuerte respaldo al accionar del policía Luis Chocobar -el agente que asesinó a un delincuente por la espalda en el barrio de La Boca- y la comparó con la Ley de Obediencia Debida.
“(Esta iniciativa) Tiene algún parentesco con la Ley de Obediencia Debida, que tanto se discutió en democracia”, sentenció Lavedra durante una entrevista con Radio Continental.
En la misma línea pero en una columna en La Nación, el ilustre asesor de Garavano destrozó los argumentos de Macri, Bullrich y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, al considerar que
"presumir de modo absoluto que la policía siempre está en lo correcto es abiertamente inconstitucional".
“La policía debe actuar dentro de sus instituciones, no se debe salir de sus funciones. Establecer que en todos los casos actúan legítimamente no se condice con la Constitución”, aseveró el dirigente radical en referencia al “cambio de doctrina” de seguridad y recordó; "Los argentinos hemos experimentado y padecido las llamadas política de mano dura o de demagogia punitiva, sabemos a lo que conducen".
El exjuez del Juicio a las Juntas aseguró que "la fuerza utilizada no puede ser discrecional ni ilimitada" y que "el Estado, a quien representa el policía, debe usar la fuerza de modo racional y proporcional al mal que se procura evitar".
Por otro lado, en coincidencia con la crítica de Graciela Fernández Meijide, el radical cuestionó la presión que el Gobierno ejerce sobre el juez Enrique Velázquez, quien procesó al policía Chocobar.
"No corresponde a ningún otro poder del Estado valorar las constancias del expediente y la eventual responsabilidad del imputado. El genuino respeto a la independencia de los jueces es evitar influir en las decisiones de los jueces, dejar que libremente decidan lo que entiendan que por derecho corresponda de acuerdo con los hechos de la causa", escribió en La Nación.
Finalmente, apuntó duro contra el intento de Bullrich de reinstalar la idea de la mano dura, a lo que definió como
"marketing político". "Los argentinos hemos experimentado y padecido las llamadas política de mano dura o de demagogia punitiva, sabemos a lo que conducen: lejos de disminuir los niveles delictuales, generan más violencia y riesgos para los habitantes.
No se debe recurrir a la ilusión del marketing político; es necesario enfrentar la inseguridad con políticas públicas integrales, estables y serias", concluyó.
