A dos semanas de la polémica demanda civil por más de $20 mil millones del Ejecutivo de
Mauricio Macri a
Cristina Fernández de Kirchner ante el juez federal Julián Ercolini, quien interviene en la causa en la que se investiga el supuesto direccionamiento hacia de la obra pública en Santa Cruz hacia Lázaro Báez,
la expresidenta lanzó una contundente respuesta al macrismo en la justicia en la que calificó de "rídicula" a la embestida de Vialidad Nacional. Pidió que s
e convoque como testigos, no como imputados, a los jefes de Gabinete nacional y gobernadores santacruceños durante las gestiones kirchneristas y lanzó un
claro mensaje de unidad opositora ante el Gobierno de la "persecución política", el "hambre" y el "ajuste".
Hace dos semanas, el Gobierno de Macri, a través de Vialidad Nacional, presentó una demanda por daños y perjuicios contra Cristina, Julio De Vido, José López, Carlos Santiago Kirchner (primo de Néstor) y Báez, entre otros imputados, por $22.500 millones, a modo de resarcimiento "por el daño ocasionado por los hechos de corrupción".
La polémica demanda -que versa sobre hechos que ya fueron investigados y desestimados, pero que tras nuevas denuncias durante el goberno PRO fueron reabiertos y aún son parte de una causa en curso- apunta a las obras otorgadas a Báez que nunca concluyó. Ercolini aceptó al organismo que dirige Javier Iguacel como "actor civil" en el expediente por el supuesto direccionamiento de la obra pública a favor del Grupo Austral, del empresario santacruceño.
"Los girones de la historia hacen que, una vez más, bajo el velo de la impunidad (circunstancial) mediática, el Sr. Javier Iguacel, como voz cantante de un gobierno de incansables atropellos a las leyes, quiera dar muerte civil a quienes luchan por un país más justo y de iguales", aseguró CFK al comienzo del escrito al que accedió Política Argentina, y agregó que quien fuera candidato a intendente del PRO
"realiza una demanda civil tan ridícula que pone en peligro el sistema de gobierno republicano por el que los padres de la patria lucharon y que de nuestra Constitución Nacional emana".
La senadora nacional explicó que el Gobierno busca "atribuir responsabilidad civil a quien fuera presidenta de los cuarenta millones de argentinos, junto a una serie de funcionarios nacionales y provinciales, por el sólo hecho de haber designado a alguno de esos funcionarios y por haber elaborado y aprobado el Presupuesto Nacional conforme la Constitución Nacional exige"
"La persecución selectiva del gobierno es animosa, no sólo encarcela, sin razón (lógica y jurídica) a exfuncionarios públicos, sino que evita demandar a quienes ocuparan el cargo de Jefe de Gabinete durante las gestiones de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y del ex presidente Néstor Kirchner. Sin embargo, no podemos, bajo ningún concepto, convalidar el atropello jurídico al que Cambiemos, en palabras de Iguacel, se aventura", se sostiene en el escrito presentado por el abogado de CFK, Carlos Beraldi.
Es que según la ley 22.520 (Ley de Ministerios), el jefe de Gabinete tiene entre sus funciones responsabilidad directa en la confección y ejecución del Presupuesto Nacional. Por eso,
la exjefa de Estado encuentra llamativa la ausencia de quienes ocuparon este cargo en el expediente de Ercolini y en la demanda del Gobierno, pero, para no ser parte del "atropello jurídico" ni la "persecución política" de Cambiemos, pide que no sean imputados sino que se los llame como testigos, así como también a los diversos gobernadores de Santa Cruz durante el período mencionado.
Cristina aclaró que "extender la insensata demanda a los ex Jefes de Gabinete de Ministros implicaría ser cómplices del ataque permanente a la oposición política que caracteriza a este gobierno".
"No podemos, por mandato popular, por comprensión ni por responsabilidad política, contribuir a dicha manipulación jurídica y judicial", ya que
"avalar este abuso respecto de otros dirigentes políticos contribuiría a la persecución judicial que lleva adelante el gobierno nacional, tanto en el plano penal como en el patrimonial, al efecto de eliminar permanentemente cualquier tipo de oposición política a su plan de ajuste".
La senadora solicitó entonces que declaren Sergio Massa, Jorge Capitanich, Juan Manuel Abal Medina, Alberto Fernández y Aníbal Fernández, y también los gobernadores santacruceños desde el 2003 a la actualidad, es decir Sergio Acevedo, Carlos Sancho, Daniel Peralta, y Alicia Kirchner.
En el marco de esa argumentación y en un claro gesto político en pleno tránsito de las reuniones entre diversos sectores del peronismo para buscar la unidad, Cristina lanzó un mensaje:
"Extender los atropellos a otros militantes atenta contra la unidad de las luchas sociales. Unidad necesaria para hacer frente a las políticas de hambre y ajuste que tantas penurias causan a nuestro pueblo".
Tras recordar que "entre las principales empresas nacionales y extranjeras, públicas y privadas que fueron destinatarias de fondos públicos durante el período 2003-2015, las empresas de Lázaro Báez ocupan el lugar Nº 38, con el 0.30% de la inversión centralizada" y que, además, debido a las condiciones climáticas, incremento de los insumos, transporte, aumentos salariales, etcétera, "casi la totalidad de la obra pública sufrió modificaciones al alza del precio original" durante la misma extension de tiempo, Cristina cerró su texto con una contundente frase.
"El único argumento que tiene el gobierno en su demanda es la persecución política. La ausencia palmaria de los presupuestos de la responsabilidad evidencia un conglomerado político, mediático y judicial que apunta a denostar, demonizar, difamar y estigmatizar cualquier expresión política que exprese los intereses de los sectores populares.
Pero el camino de las luchas sociales es una rosa con espinas que, más temprano que tarde, florece en todo su esplendor", disparó.
