La misma discusión se reinstala de tanto en tanto, cuando trasciende el caso de algún menor que comete un crimen. Esta vez, fue el asesinato de Brian en Flores por parte de un adolescente de 15 años. Así,
el Gobierno ya anticipó la convocatoria a una comisión especial que se encargará de analizar y confeccionar un anteproyecto para reformar el régimen penal juvenil, con la intención de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Distintos organismos ya se pronunciaron en repudio de la iniciativa.
La edad de imputabilidad está regida por el decreto-ley 22.278, sancionado en 1980 durante la última dictadura cívico-militar y aún vigente.
En un primer momento, por decisión del gobierno dictatorial de Jorge Rafael Videla, la edad de punibilidad de los menores era de 14 años. Pero en 1983, aún durante el gobierno de facto, se elevó a 16. La propuesta del macrismo apunta a volver a la edad que defendía Videla.
Fue el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, quien comenzó a referirse públicamente a la cuestión. “Durante el mes de enero se va a poner en marcha una comisión para reformar el régimen penal juvenil”, dijo en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad. Planteó que “uno de los temas es que los jóvenes de 14 a 16 años puedan ser imputables por hechos graves” y que “una idea es que de 14 a 16 la carga de la prueba sea de la fiscalía para demostrar que el joven comprendía la criminalidad del acto, y que de 16 a 18 la carga sea de una defensa para demostrar que no la comprendía”.
“Hay jóvenes que por unos días u horas son inimputables: cuando tiene 15 y a partir de los 16 ya sería imputable, ¿qué diferencia hay si tiene un mes más u uno menos?”, se preguntó. Aunque la propuesta de la baja de edad sólo correría ese problema, hacia niños de 13 a punto de cumplir 14.
“Consideramos cínico y de suma gravedad que el Gobierno arremeta contra los pibes y las pibas pobres, luego de que en este último año el incremento de la violencia institucional haya provocado por ejemplo cerca de una docena de casos de gatillo fácil por parte de las fuerzas represivas sólo en el mes de diciembre”, señalaron desde el Encuentro Niñez y Territorio. “También aprovechamos para repetir que
está absolutamente demostrado por las estadísticas que la participación de los menores de entre 14 y 16 años en delitos graves es ínfima”, advirtieron, pese a que Garavano afirmó que “la realidad demuestra que en el sistema penal tanto las víctimas como los imputados son mayormente jóvenes”.
También la Comisión Provincial por la Memoria expresó su repudio al nuevo intento de baja de la edad de imputabilidad: “Frente a las declaraciones públicas del Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación desde la CPM volvemos a expresar, una vez más, que la baja en la edad de imputabilidad no resuelve los problemas de inseguridad sino que los agrava”.
El Ministro resaltó que se está trabajando “fuertemente con Unicef y varios especialistas” para avanzar en la reforma legal. Sin embargo, referentes del Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud cuestionaron ese planteo. “Resulta cínico que sea el Ministro de Justicia y Derechos Humanos el que introduce este tema al arranque del 2017, porque hay cantidad de documentos, incluso de UNICEF, que recomiendan subir la edad de imputabilidad”, dijo Rosario Hasperue, referente del Foro.
A lo largo de los años la discusión siempre reflotó a partir de casos puntuales, más allá de las estadísticas. Ocurrió en 2004 tras el secuestro y asesinato de Axel Blumberg en Moreno y la campaña de su padre por la mano dura. Resurgió en 2008 tras un crimen en San isidro y avanzó en el Congreso al año siguiente, donde un proyecto de baja de la edad obtuvo media sanción en el Senado. En 2013 fue el entonces candidato Martín Insaurralde quien volvió sobre el tema, pese a los argumentos de especialistas y a los indicadores estadísticos que refutan el peso de los menores en el mapa de los delitos graves.
