El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, fue denunciado por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Se lo acusa por no haber apelado los sobreseimientos dictados en la causa por el traspaso de Papel Prensa durante la última dictadura cívico-militar, tal como le correspondía según la normativa vigente. La denuncia recayó en el Juzgado Federal de Daniel Rafecas.
Según el Decreto 1210, del 30 de agosto de 2010, la Secretaría de Derechos Humanos debe actuar como querellante en ese expediente, que investiga si se cometieron delitos de lesa humanidad en la venta de la compañía del Grupo Graiver a los diarios Clarín, La Nación y La Razón.
"Claudio Avruj, como secretario de Derechos Humanos de la Nación, resolvió que el Estado nacional, a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que él dirige y que es querellante en la causa 7111 conocida como Papel Prensa, no presente recurso de apelación ante la resolución de sobreseimiento de aquellos imputados a quienes la misma Secretaría de Derechos Humanos denunció, formuló denuncia y querelló en 2010. Esta decisión, tomada a voluntad y conciencia, y con dolo del secretario Avruj, se resolvió y ejecutó entre el 16 y el 26 de diciembre", indicó el abogado Pablo Llonto en su denuncia, según publicó el portal El Destape.
En esta causa, el juez federal Julián Ercolini dictó el sobreseimiento de la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble; el CEO de esa empresa Héctor Magnetto y el directivo de La Nación, Bartolomé Mitre, entre otros.
Llonto señaló que, a partir de aquel decreto, la Secretaría de Derechos Humanos promovió la querella e impulsó la causa. Algo que fue llevado adelante primero por el secretario Eduardo Luis Duhalde, luego por su sucesor Martín Fresneda y por el subsecretario Luis Alén. Sin embargo, según detalló el abogado, desde que asumió Avruj en diciembre del año pasado la actividad del organismo en la causa fue “nula”.
El juez Ercolini, en su sobreseimiento, consideró que no existió delito de lesa humanidad en el traspaso de Papel Prensa. La medida fue apelada ante la Cámara Federal porteña por la querella de la familia Graiver y el fiscal del caso, Franco Picardi.
"Avruj fue la única parte acusadora que no cuestionó la resolución de Ercolini", indicó Llonto, y precisó que "incumplió los deberes de funcionario público" establecidos en el decreto de agosto de 2010 porque no existe otro decreto modificando esa decisión.
"Al no apelar, el licenciado Avruj, incumplió con sus deberes y causó al Estado un daño, ya que al menos por la vía de la imposición de costas el Ejecutivo deberá afrontar, en caso de quedar firme la resolución, el pago de las costas procesales que, como es sabido, incluyen los honorarios de los abogados de los imputados", concluyó Llonto, al tiempo que solicitó una serie de medidas de prueba.
