El Senado dio sanción a la ley que crea el Régimen de Participación Público-Privada, enviado en segunda revisión por la cámara Baja luego del fracaso del macrismo allí, por el cual el Gobierno busca conseguir las inversiones que aún no llegan y reactivar la obra pública en el país.
La iniciativa fue aprobada por
43 votos afirmativos contra 15 negativos, y abstenciones del peronista Mario País y de la representante del Movimiento Popular Neuquino Lucila Crexell.
El peronista Carlos Espínola y el radical Alfredo Martínez, presidentes de las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Asuntos Administrativos y Municipales respectivamente, defendieron la iniciativa y los cambios realizados en la Diputados, cuando el macrismo fracasó en su intento de aprobar el proyecto.
Martínez remarcó que fue “una ley muy trabajada” por ambas Cámaras legislativas y “enriquecida” en la Cámara Joven, para recordar que
“el Senado realizó treinta modificaciones y más de treinta la Cámara de Diputados”.
Por su parte,
la también radical Silvia Elías de Pérez se diferenció y sólo destacó “el trabajo del Senado” porque “los cambios de Diputados no fueron más que un simple maquillaje”, ya que el texto enviado por los senadores contenía cláusulas en defensa del trabajo argentino, las PYMES, y el medio ambiente, así como controles, aunque dijo que los diputados le sumaron la creación de una comisión bicameral para controlar los convenios entre privados y el Estado.
Respecto de esa polémica,
el jefe de la mayoritaria bancada del PJ-FpV, Miguel Pichetto, volvió a destacar la versión de la Cámara Alta sancionada en septiembre pasado y recordó que ya contaba con protección del trabajo y de la seguridad social, y una cláusula de subcontratación de empresas PYMES y provinciales y con el control de la AGN.
En cambio,
la kirchnerista María Labado y la adolfista Liliana Negre coincidieron en rechazar que los cambios incluidos en Diputados fuera sólo un maquillaje, y reconocieron que en la nueva versión se incorporaron puntos concretos en “defensa de la industria nacional”.
Sin embargo,
mientras Labado anunció que mantendrá su voto negativo porque se dejó lado cuestiones vinculadas con el respeto a los convenios colectivos de trabajo locales,
Negre adelantó el voto positivo en general de su sector, aunque con alguna disidencia en particular en el articulado de la norma.
El senador por el FpV Marcelo Fuentes, quien ya había votado en contrario en el debate anterior,
volvió a ratificar su voto negativo y criticó con dureza la iniciativa macrista. Su par por Proyecto Sur
Fernando Solanas también cargó contra la ley al señalar que la nueva versión
“es cierto que ha venido con algún maquillaje, pero no cambió el sentido de la ley”, y remarcó que la norma propuesta
“ratifica el Estado rebobo, que se endeuda y no obtiene ningún beneficio”.
La sanción de la Cámara Baja, aprobada en el Senado, incorpora al proyecto la creación de una comisión bicameral de carácter consultivo de los acuerdos que se irán realizando, establece que al menos el 33% de los bienes y servicios utilizados en las respectivas obras sean de origen nacional de forma obligatoria, así como una mayor participación de las PYMES locales, y la utilización para la inversión de los fideicomisos existentes y que los contratos con el nuevo régimen alcancen hasta el 7% del PBI.
