En los últimos días, Daniel Rafecas tuvo que agregar a las causas que tramitan en su juzgado una nueva preocupación: responder a la solicitada que reclamaba su remoción por haber desestimado la denuncia de Alberto Nisman contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sin poner nombres propios a lo que algunos describen como una embestida para sacárselo de encima, el juez federal prefiere no conjeturar acerca de la mano invisible de los servicios de inteligencia pero insiste que nunca vio tantas circunstancias extrañas alrededor de una causa.
“Nunca vi algo igual”, dice Rafecas, quien desde 2004 transita como juez federal el tercer piso de Comodoro Py. Para la hora en que el magistrado recibe a Política Argentina queda poca gente en la mole de Retiro. Las mangas arremangadas de la camisa del magistrado son también un signo de que la jornada laboral está por extinguirse. Su juzgado también se va despoblando y es el mismo Rafecas el que atiende el teléfono de la entrada. “Llamá a este número. Sí, habla el juez”, contesta a su interlocutor.
¿Cómo tomó la aparición de la solicitada en su contra?
Yo estaba justo afuera con mi señora por un problema de salud y empecé a recibir por mail y por teléfono mensajes de adhesiones, de abrazo, de cariño y yo no sabía bien qué era lo que estaba pasando hasta que alguien me manda la solicitada por imagen. Primero tuve la sensación de sentirme acompañado y de repudio a lo que había sucedido y después en todo caso sorprenderme con el título de la solicitada, porque parecía que estos señores le ordenan al Consejo de la Magistratura que me remueva. Casi un discurso castrense. Por otra parte, el lugar adonde está destinada la presión que es el Consejo de la Magistratura gracias a la composición repartida que tiene ese organismo no hay ningún riesgo ni peligro para ser acosado o perseguido por ese lado. De los trece miembros, hay tres jueces que me apoyan y hay cuatro representantes de la oposición y una representante del Colegio de Abogados – que también es un órgano democrático y que ha visto críticamente toda esta situación – con lo cual no tiene ninguna viabilidad lo que ordena esa solicitada y limita en todo caso el efecto de la misma a una cuestión mediática.
¿No le inquietaron las declaraciones de Ricardo Recondo, el titular de la Asociación de Magistrados?
Hace rato que yo no me siento representado en absoluto por Recondo, pese a que yo integro la Asociación de Magistrados desde 1993. No me siento para nada representado por esa persona y ha generado un repudio de la otra lista, de la celeste, que forma parte del Consejo. Las declaraciones las hace a título personal.
¿No influyen esas declaraciones a Luis María Cabral, que es uno de los tres jueces en el Consejo de la Magistratura?
No. En absoluto. Yo con Cabral tengo una relación de muchos años, de respeto y hemos trabajado juntos durante años en la comisión interpoderes para causas de lesa humanidad. Somos los dos jueces penales. Una cosa es Recondo y otra cosa es Cabral.
¿Hay alguna firma de la solicitada en su contra que le haya llamado la atención?
La verdad que no.
¿La del camarista de La Plata Leopoldo Schiffrin?
No. La verdad que no me llamó la atención ninguna. Cada uno se hará cargo de sus decisiones y de sus actitudes. Yo me voy a hacer cargo de las mías, especialmente de la decisión que tomé en febrero de 2015 en el caso Alberto Nisman, que es exclusivamente a lo que apuntan en la solicitada. Lo haría hoy de vuelta, así como lo hice un mes atrás. Estoy absolutamente convencido que esa denuncia no tenía ninguna viabilidad, no había un delito que investigar, no había una sola prueba. En la denuncia, no estaban presentes elementos absolutamente claves.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, la ley aplicable nada menos. La ley aplicable descarta la hipótesis de la denuncia. El artículo 81 del reglamento de Interpol dice que el único que puede modificar las notificaciones rojas es el juez que las ordenó. Si esto es así, no hay hipótesis de delito. Nisman decía que el gobierno argentino quería presionar a Interpol para que Interpol dé de baja las alertas. Interpol no lo podía hacer. Esa hipótesis también se derrumba con la política oficial de Interpol, que antes, durante y después dijo que la Argentina fue coherente al sostener las notificaciones rojas. Salieron a decirlo públicamente un día después de la denuncia de Nisman. Encima hay una carta oficial firmada por (Héctor) Timerman del 15 de febrero de 2013, donde fija la postura de la Argentina en el sentido de que el status de las notificaciones no debe modificarse y que el único que puede hacerlo es el juez. Lo que hace la UFI-AMIA y Nisman es soslayar lo que dice por escrito la cancillería. En 280 páginas no cita ni una sóla vez el artículo 81 del reglamento ni la única carta oficial sobre este asunto que la cancillería le envía a Interpol.
¿Tenía conocimiento previo con Nisman previo a la denuncia?
Sí, por supuesto. Lo conocía. Tenía relación de Tribunales de toda la vida. Compartíamos la lucha contra el antisemitismo. Alguna vez vino al despacho, conversamos. Yo le recomendé a una persona que él designó. Después había una persona que trabajaba con él que trabaja hasta hoy conmigo. Lo normal.
Usted dijo que la denuncia era impresentable. ¿Era del tipo de escritos que hacía el fiscal Nisman?
Eso no lo sé. El único contacto como magistrado que yo tuve con la UFI-AMIA fue analizar esa denuncia.
¿Cómo tomó las declaraciones de Sandra Arroyo Salgado a favor de la solicitada y acusándolo de recibir favores del anterior gobierno?
Me sorprendieron, que yo recuerde un juez o una jueza federal que pida públicamente la remoción de otro juez federal nunca había pasado. Son demasiadas cosas que pasan por primera vez alrededor de estas circunstancias: la solicitada, estas declaraciones, las declaraciones del presidente de la Asociación de Magistrados, un pedido de reapertura un año y medio después de que la causa está cerrada y desestimada en las tres instancias. Es todo muy llamativo lo que sucede alrededor de este asunto y lo de la jueza de San Isidro no deja de serlo.
¿Atribuye esta campaña en su contra a cierto accionar de sectores de los servicios vinculados a Darío Richarte, por ejemplo?
La verdad es que no lo sé. No tengo elementos para decirlo. Lo que han generado es una ola de apoyo impresionante. Desde el punto de mi vista de mi situación, no sé si no estoy más firme que antes.
La justicia federal en los últimos meses se la mostró vinculada a los servicios de inteligencia pero a usted se lo excluye…
Claro. Jamás tuve relación.
¿Golpean la puerta y se los rechaza?
Ni siquiera. Deben ser más sutiles. A través de terceros, llamadas telefónicas. Yo puedo hablar por mi juzgado y por la gente que está conmigo. Nosotros no hemos tenido ninguna relación – nunca – con ellos y tampoco me consta que la tengan con otros.
Sin hacer nombres propios, ¿no lo atribuye a operaciones de inteligencia?
Yo no quiero victimizarme ni hacerme un blanco de intereses que van en mi contra. Está claro que la denuncia apuntó contra mí, está claro que el grupo de gente que firma la solicitada está disconforme con mi actuación en la causa Nisman pero no puedo ir más allá de eso.
¿Por qué lo denunció Waldo Wolff – en primer lugar ante la fiscal Viviana Fein, quien investigaba la muerte de Nisman?
Yo lo reconocí públicamente. En febrero o marzo de 2015 este señor que había sido vicepresidente de la DAIA en el programa de Nelson Castro hizo unas apreciaciones críticas sobre mi persona con respecto a esa causa. A mí me sorprendieron. Yo tenía el teléfono de él porque lo conocía previamente, de la actividad comunitaria, etcétera. Lo llamé y hablamos. Fue una discusión áspera, en duros términos, de reproches mutuos. Yo en ningún momento ni siquiera lo insulté y él lo reconoce en la declaración ante Fein.
Él dijo que otra persona había levantado el teléfono…
Él dice que una voz femenina le dice un improperio, un insulto o una amenaza. Yo lo que puedo decir es que el único que hablé con él fui yo, que no le pasé el teléfono a nadie y punto. Él me denunció penalmente por esto – muy tardíamente. El juez del caso dispuso el sobreseimiento.
¿No tiene un objeto muy similar al de la denuncia de Nisman la causa que ahora tramita ante el juez Claudio Bonadio también promovida por la DAIA?
Nunca tuve a la vista la causa del Dr. Bonadio Tengo entendido que se inició a raíz de la famosa conversación de Timerman mantuvo con (Guillermo) Borger y que fue grabada subrepticiamente. Timerman, de alguna manera, en términos coloquiales, marca la posición de la Argentina. Yo no soy ni el juez ni el fiscal de la causa.
¿No es fórum shopping?
No lo sé. Es una causa en trámite. El fiscal requirió la instrucción y el juez está realizando prueba. Lo que sí es llamativo es que el delito de traición a la patria – si es que ése es el delito de la causa – requiere como presupuesto un conflicto bélico. En este caso, no se da, pero no descarto que haya otros tipos penales dando vueltas.
¿Se visibilizó una división en Comodoro Py después de la denuncia de Nisman?
No. La relación que yo tengo con los colegas es la misma de siempre. La causa Nisman fue una causa más. No es la única que tramita acá. Tenemos causas inmensas. Yo tengo la causa (José) López, (César) Milani, Primer Cuerpo. Todos los jueces y fiscales están en la misma.
¿Le parece que la Cámara puede reabrir la causa en este nuevo contexto?
No lo sé. Ya fijé la posición y siempre un juez que fija una posición desea que los superiores la acompañen. No sé qué alegaciones habrán hecho las partes en la cámara pero espero que la acompañen.
¿Se va a reunir con el Papa Francisco?
El 22 y el 23 de noviembre va a haber un congreso de derecho penal y me están invitando como asistente.
¿Nunca había ido?
No. La primera vez.
¿Tuvo contacto con alguien más de la Santa Sede?
Compartí un acto en la Legislatura el mes pasado con Gustavo Vera y con Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, el director de la Academia de Estudios Pontificios. Ése fue el primer contacto y después vino la invitación.
¿Tuvo comunicación con alguien de la Corte Suprema después de la solicitada?
No.
Milani y las causas de lesa humanidad
El jefe del Ejército durante parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, César Milani, tendrá que sentarse frente a Rafecas el próximo 19 de octubre por supuesto enriquecimiento ilícito. El juez firmó la semana pasada su llamado a indagatoria, lo que enfureció al ex-jefe militar que dijo que se trataba de una decisión apresurada.
“La causa tiene más de tres años”, contesta Rafecas. “Hay tres informes periciales, uno de la Prefectura, otro de la Procuradoría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y de peritos oficiales de la Corte Suprema. El lunes se presentó la pericia de parte de Milani. El paso obligatorio siguiente es convocarlo para, que en ejercicio del derecho de defensa, decir lo que entienda necesario para justificar la tenencia de los bienes que se le adjudican.”
¿Le llama la atención que la causa por enriquecimiento sí avance y no suceda lo mismo con las causas por delitos de lesa humanidad en las que está imputado?
Para contestar tengo que conocer los casos.
¿Cómo percibe el estado de las investigaciones por delitos de lesa humanidad ya que los organismos vienen denunciando que están en emergencia?
Estoy al tanto de todas las gestiones y la preocupación en general que hay a nivel nacional. Pero lo que es mi experiencia como titular de la causa Primer Cuerpo de Ejército, ayer y hoy seguimos trabajando igual. No ha habido ningún tipo de interferencia ni de vacilación ni de la fiscalía ni de la Cámara ni de la Casación. De hecho, se sigue fijando fecha para los juicios de la causa del Primer Cuerpo. Hace unos días comenzó el tercer juicio oral por el circuito Atlético-Banco Olimpo. Se está por fijar fecha en San Martín para el juicio oral de Cuatrerismo. El TOF 1 va a hacer el juicio oral de Orletti que está pendiente. De modo tal que la agenda que se fueron planteando los tribunales orales y la propia no ha tenido ninguna alteración. Seguimos como siempre y para adelante. Esto lo digo a título personal pero sigo con atención las vicisitudes en otros lugares del país.
¿Le preocupa que desde el Ejecutivo se hable de lo que sucedió en la dictadura como guerra sucia?
Sí. Hasta el día de hoy, en muchísimos círculos hasta de expertos de activistas de derechos humanos en el ámbito internacional se siguen refiriendo al caso argentino como el de la dirty war. Es un mote absolutamente inapropiado, absolutamente fuera de lugar, que no corresponde. Es un mote que fue instigado y sembrado por los discursos funcionales a la impunidad y al olvido, pero que ha sido lamentablemente muy efectivo y que sigue costando muchísimo erradicar, con lo cual no me sorprende que políticos de distinta índole apelen a esa denominación que no debería existir.
Los organismos de derechos humanos también plantearon ciertas preocupaciones en torno al otorgamiento de la prisión domiciliaria para los represores. ¿Cuál es su postura al respecto?
Hay una impresión de los organismos y de los querellantes que hay tribunales o cámaras que están acelerando la concesión de estos beneficios. Este juzgado no ha cambiado en nada el criterio. De hecho, se la hemos negado dos veces a (Miguel Osvaldo) Etchecolatz al respecto de esta discusión en torno a esta persona. También tiene que ver con el paso del tiempo y con que los imputados son cada vez mayores y cada vez tienen más problemas. No creo que detrás de esto haya una estrategia para desandar el camino.
