La Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP), que trabaja para que pacientes con VIH/SIDA y Hepatitis C tengan acceso a sus medicamentos, denunció que el Gobierno favorece a una empresa estadounidense que pretende obtener la patente de un remedio contra la Hepatitis C,
“amenazando el acceso a la salud de 800.000 personas” que padecen esa enfermedad.
El medicamento en cuestión es el sofosbuvir y, según GEP, representa la cura de la Hepatitis C para cientos de miles de personas en Argentina”. La compañía Gilead tramita su patentamiento en Argentina –y en otros países- desde hace años. GEP denuncia que, en el último dictamen de los examinadores del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) -organismo público encargado del examen y otorgamiento de patentes- no se tuvieron en cuenta las irregularidades en torno al caso Gilead ya denunciadas por la Fundación el año pasado.
El presidente del INPI designado por la gestión Cambiemos es Dámaso Pardo, abogado y miembro hasta mediados de este año del estudio Pagbam - Pérez Alati, Grondona, Benites, Arnsten & Martínez de Hoz (h). Pardo, a su vez, designó en su equipo a José Alfredo Martínez de Hoz, hijo del ex ministro de Economía de la dictadura. Ambos fueron denunciados por el Observatorio Sudamericano de Patentes por incompatibilidad de funciones, por ser socios y representantes legales del estudio Pagbam, que asesora a empresas transnacionales en materia de propiedad intelectual. Además, el abogado Jorge Pérez Alati y el estudio figuran entre los máximos aportantes al PRO, según el balance que se conoció este año.
“Analizamos la solicitud (de Gilead) y vimos que no cumple los requisitos, porque ya hay publicaciones previas sobre este medicamento y no podés pedir patente sobre algo que está publicado hace más de un año. El examinador no tuvo en cuenta esa publicación científica que nosotros le presentamos, ahí hay una ventaja que se le está dando a la empresa”, explicó Lorena Di Giano, directora ejecutiva de GEP, en diálogo con Política Argentina.
“Si otorgan esa patente, excluyen la posibilidad de que el sofosbuvir se fabrique en el país”, advirtió Di Giano. Y agregó: “Nos reunimos con Dámaso Pardo y encontramos que es abogado de compañías por patentes. No tuvo ningún reparo n decirnos que estaba ahí para otorgar derechos (a las empresas que tramitan patentes). Dijo que en la gestión no se otorgaban patentes y eso está mal. Está claro que tiene intereses más allá del INPI”.
La presentación de la Fundación GEP, que reiteró el planteo del año pasado y agregó nuevos elementos contra el otorgamiento de la patente a Gilead, también señala que cuando el Estado compró partidas de sofosbuvir, a principios de este año, adquirió 52.416 unidades a $51.105.600 a Gador (concesionaria de Gilead, a un precio por unidad de $975) y 89.600 unidades a $20.966.400 a Richmond (laboratorio nacional que fabricó, produjo y vendió la versión genérica a un precio por unidad de $234).
“Los precios de adquisición a uno y otro oferente demuestran que alternativas como la producción nacional, la oferta de genéricos y la ausencia de monopolios ilegítimos son necesarias para que el Estado cumpla con el rol de garantizar la salud de todas las personas que viven con VHC en nuestro país, y no sólo de quienes se encuentran en mayor urgencia”, alertó el comunicado.
En marzo de este año, 25 organizaciones de América Latina y el Caribe solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una audiencia para tratar el tema de la falta de acceso a los medicamentos en la región. En el documento hacían referencia al caso del sofosbuvir y la Hepatitis C: “Si se otorga la patente a Gilead, la compañía que la solicita en nuestro país, en Argentina ese tratamiento de tres meses podría costar alrededor de 7.500 dólares, sin embargo el Estado adquirió recientemente una partida de la versión genérica de sofosbuvir para personas en situación de urgencia a un laboratorio nacional a 15 dólares la unidad", compararon.
